Ciudad de México, 22 de julio de 2016–Las autoridades federales mexicanas deben realizar una investigación exhaustiva y creíble del asesinato, ocurrido el 20 de julio, de Pedro Tamayo Rosas, periodista de Veracruz que fue asesinado a disparos mientras gozaba de la protección de las autoridades estatales, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Tamayo, de 43 años, cayó víctima de disparos efectuados por sujetos desconocidos, frente a su esposa, afuera de su hogar en el pueblo de Tierra Blanca, en el oriental estado mexicano de Veracruz. Falleció en el camino a un hospital cercano, según informes de prensa. Al momento del ataque, el corresponsal freelance del periódico regional El Piñero de la Cuenca y del sitio web de noticias Al Calor Político participaba en un programa de protección patrocinado por el estado de Veracruz y destinado a periodistas que han sido amenazados, y gozaba de protección policial luego de huir temporalmente de Veracruz a principios de año. Colegas y autoridades no pudieron precisarle al CPJ si las amenazas habían estado vinculadas a su labor.
“Es indignante que un periodista que gozaba de la protección de la policía estatal de Veracruz por haber recibido amenazas, haya sido asesinado frente a su familia”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, en Nueva York. “El estado de Veracruz es el lugar más letal para el ejercicio del periodismo en el hemisferio occidental, y las autoridades estatales han demostrado que carecen de la voluntad y la capacidad de resolver los asesinatos de periodistas”.
Según informes de prensa e informes de los organismos de seguridad pública iniciales, un vehículo negro se acercó a la residencia de Tamayo aproximadamente a las 11 p.m. En ese momento, el periodista se encontraba sentado afuera junto a un puesto de comida que su esposa dirigía desde la casa, un amigo de la familia declaró al CPJ. Dos ocupantes del auto se acercaron a Tamayo y hablaron con él brevemente, y luego le dispararon varias veces a corta distancia, antes de huir.
En entrevista con el CPJ, el Fiscal General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, declaró que la víctima había muerto de “al menos” 10 heridas de bala mientras se hallaba en una ambulancia camino al hospital, y que las autoridades habían encontrado “más de 10” casquillos de bala calibre 9 milímetros en la escena del crimen. Bravo declaró que las investigaciones iniciales indican que el auto de los sospechosos llevaba a cuatro personas.
“Nuestra principal línea de investigación se centra en que la víctima fue asesinada debido a su labor como periodista”, Bravo declaró al CPJ en conversación telefónica sostenida en la tarde de ayer. “Pero no estamos descartando otros posibles motivos”. Bravo manifestó que desconocía si Tamayo pudiera haber recibido alguna amenaza en días o semanas recientes, y apuntó a la investigación en marcha.
Como parte del programa de protección estatal, la policía pasaba a ver a Tamayo a diario. Bravo declaró al CPJ que había constancia de que una patrulla de la policía estatal había pasado a ver a Tamayo la mañana del día de su asesinato, pero no ofreció mayores detalles. Un amigo cercano y colega, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, declaró al CPJ que la patrulla policial no apareció el día del ataque.
El colega de Tamayo sostuvo que el periodista había trabajado de informante con los organismos de seguridad pública de Veracruz. “Él les suministraba a los organismos de seguridad pública información sobre el crimen organizado que él recababa mientras trabajaba de periodista”, el colega declaró al CPJ. “No es un fenómeno inusual en Veracruz, aunque no se habla abiertamente de eso”.
Bravo confirmó al CPJ que había “constancia de una relación profesional” entre Tamayo y los organismos de seguridad pública estatales, pero manifestó que no podía ofrecer mayores detalles sobre lo que la relación implicaba.
La relación de trabajo con las autoridades estatales terminó luego de que Tamayo huyó temporalmente de Veracruz el 25 de enero tras recibir amenazas de muerte, su colega declaró al CPJ. El colega no especificó con qué se relacionaban las amenazas. Declaró que Tamayo, sus dos hijos y su nuera habían encontrado refugio en la capital estatal de Xalapa durante 40 días y luego habían pasado otras dos semanas en Tijuana, estado de Baja California, antes de regresar a Tierra Blanca el 8 de marzo.
Según el subsecretario federal de Derechos Humanos, Roberto Campa, quien fue entrevistado ayer por el diario de Ciudad de México Reforma, en esa época a Tamayo se le había ofrecido la oportunidad de inscribirse en el mecanismo federal de protección de periodistas y se le había advertido que todavía era muy peligroso regresar a Tierra Blanca, pero que el periodista se había negado. El colega de Tamayo afirmó que desconocía que se le hubiera efectuado semejante oferta al periodista.
Tamayo informaba mayoritariamente sobre el delito, cuestiones sociales y protestas. Según Al Calor Político, el último artículo de Tamayo trataba sobre el asesinato de un comandante de la policía regional y de otras cinco personas en la región.
“Él cubría las noticias sobre la delincuencia y los operativos policiales”, Roberto Hernández, editor de El Piñero de la Cuenca, declaró al CPJ ayer. “Sé que había recibido numerosas amenazas en el pasado, pero nunca habló del tema en específico conmigo”.
Veracruz es uno de los estados más violentos de México. Varias organizaciones del crimen organizado han estado implicadas en una sangrienta guerra por lucrativas rutas del narcotráfico y la trata humana. Periodistas que trabajan en Veracruz declararon ayer al CPJ que Tierra Blanca es una de las ciudades más peligrosas del estado debido a su ubicación cercana a un ferrocarril, lo cual la convierte en un nudo estratégico para las bandas criminales.
“Instamos al presidente Enrique Peña Nieto a ejercer todo el poder de su Gobierno para poner fin al círculo vicioso de violencia e impunidad que está diezmando a los medios locales”, añadió Lauría, del CPJ.
Al menos seis periodistas han sido asesinados en Veracruz en relación directa con su labor desde que el gobernador Javier Duarte Ochoa asumió el poder en 2010, según datos del CPJ. El CPJ investiga otros nueve casos, entre ellos el de Tamayo, para determinar si los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su labor.