Bogotá, 16 de junio de 2016 – Altos funcionarios bolivianos, enfurecidos por la cobertura informativa de un escándalo de tráfico de influencias gubernamental que contribuyó a echar por tierra las aspiraciones de reelección del presidente Evo Morales, están fustigando a los medios independientes del país y exigiendo que los periodistas vayan a prisión.
En un discurso pronunciado el miércoles, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que varios medios noticiosos le habían mentido al país y habían difamado a Morales en el período previo a un referendo de febrero en el cual los votantes rechazaron por escaso margen una enmienda constitucional que le hubiera permitido a Morales postularse para un cuarto mandato consecutivo.
“Estas acusaciones infundadas y amenazas contra los medios bolivianos tienen el evidente propósito de restringir la labor periodística sobre temas sensibles”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, desde Nueva York. “Instamos a las autoridades bolivianas a abstenerse de amenazar a periodistas por su trabajo y a permitir que los medios funcionen sin interferencias”.
El vicepresidente también criticó a los periodistas por artículos que investigaban si el hijo de Morales y Gabriela Zapata, su expareja y quien ha sido acusada de tráfico de influencias, todavía sigue con vida.
“Los responsables tendrán que ir a la cárcel”, declaró García Linera. “Se aplicará la ley a todos estos mentirosos”.
García Linera señaló por nombre a los periódicos independientes Página Siete, Los Tiempos y El Deber, a la red de radioemisoras Erbol y a la Agencia de Noticias Fides, dirigida por la Iglesia Católica. Linera afirmó que esos medios eran parte de una “mafia mediático-política” que había llevado a cabo “ataques despiadados” contra Morales.
Su discurso sigue a las declaraciones efectuadas el mes pasado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien denominó a esos mismos medios noticiosos “cartel de mentirosos” cuyo verdadero objetivo era bloquear las reformas económicas y políticas del gobierno izquierdista.
Tras las declaraciones de Quintana, Carlos Valverde, un periodista televisivo que ha cubierto de cerca el escándalo, huyó a Argentina y luego a Brasil, según versiones periodísticas. Otro periodista boliviano, Wilson García Mérida, director del periódico Sol de Pando, huyó a Brasil el mes pasado luego de declarar que Quintana lo había acusado de sedición, según versiones periodísticas.
El escándalo se desató en enero cuando medios noticiosos bolivianos informaron que una empresa china que empleaba a Zapata había obtenido indebidamente contratos públicos por valor de 500 millones de dólares. El gobierno de Morales negó haber actuado ilícitamente pero entonces arrestó a Zapata abruptamente y la acusó de tráfico de influencias. Zapata, hablando con periodistas desde la cárcel en marzo de 2016, contradijo las declaraciones de Morales de que el bebé que Zapata y él habían tenido había muerto de pequeño, y expresó que el bebé seguía con vida. Luego, Zapata se retractó y declaró que el bebé había muerto en 2009.
El CPJ solicitó declaraciones de los ministerios de Comunicación y de la Presidencia, pero no recibió respuesta oportuna.