Las leyes penales de difamación en Norteamérica

Canadá

A. Leyes penales que restringen la libertad de expresión

ÍNDICE

A pesar de las críticas frecuentes y una aplicación poco frecuente, el Código Penal de Canadá sigue conteniendo disposiciones que penalizan tanto el libelo blasfemo¹⁵ como el libelo difamatorio.¹⁶ La sección 298(1) del Código describe al “libelo difamatorio” como un “asunto publicado, sin justificación o excusa legal, que probablemente dañe la reputación de cualquier persona exponiéndola al odio, desacato o ridículo, o que está concebido para insultar a la persona de la publicación o acerca de la cual se publica”.¹⁷ Esta sección además sostiene que un libelo difamatorio se puede expresar directamente o por insinuación o ironía “en palabras marcadas legiblemente sobre cualquier sustancia o por cualquier objeto que represente un libelo difamatorio de otro modo que no sean palabras”. Un libelo difamatorio es punible con hasta dos años de prisión o hasta cinco años cuando la persona “publique un libelo difamatorio que sepa que es falso”.¹⁸

Además de las defensas generales (por ej., coerción) disponibles para los demandados, el Código Penal establece un número de defensas contra las demandas por libelo difamatorio, incluidos:

• Privilegio absoluto, que normalmente se aplica a la comunicación entre funcionarios estatales (“comunicación oficial relacionada con asuntos estatales, incluidos temas comerciales, hecha por un funcionario de estado a otro en el ejercicio de sus obligaciones oficiales”)¹⁹ y también incluye la publicación e informes imparciales de los procedimientos de los tribunales o documentos parlamentarios;²⁰

• Privilegio calificado, si la publicación fue necesaria o por invitación, proporciona respuestas a consultas o brinda información a personas interesadas;²¹

• “Beneficio público”, que es el caso en que cierta información potencialmente difamatoria se publica “con fundamentos razonables” para considerarla cierta y relevante para cualquier tema de interés público “cuyo debate público sea para beneficio público”;²²

• Comentario imparcial sobre una persona pública u obra de arte;²³

• En circunstancias donde hay una “invitación” o “necesidad” que ocasione la publicación del asunto difamatorio. Esto surge cuando una persona publica un asunto difamatorio “(a) por invitación o refutación de la persona con respecto a la cual se publica”, o (b) si “es necesario hacer la publicación para refutar el asunto difamatorio publicado respecto a él por otra persona” y “si él cree que el asunto difamatorio es verdadero y relevante a la invitación, objeción o refutación necesaria, según sea el caso, y en ningún caso excede lo que es razonablemente suficiente en las circunstancias”,²⁴ y

• Publicación de buena fe para la reparación de un mal (cuando la publicación tiene “el fin de buscar una compensación o reparar un mal privado o público, o injusticia de parte de una persona” que está obligada, o que razonablemente se crea que está bajo una obligación, de remediar o reparar el mal o la injusticia).²⁵

B. Aplicación de las leyes penales de difamación

Las leyes penales de difamación de Canadá se aplican de manera extremadamente excepcional y prácticamente nunca contra periodistas. Sin embargo, en los últimos años, han existido algunas acusaciones penales en virtud de esas leyes.

Un ejemplo es un juicio actualmente en curso contra Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y tres de sus periodistas, los cuales fueron acusados en una denuncia penal privada por Peter Nygard, un ícono de la moda canadiense, por libelo difamatorio y por publicar un libelo difamatorio sabiendo que era falso cuando produjeron y emitieron un documental sobre Nygard en abril de 2010.²⁶ El Sr. Nygard presentó su denuncia por injurias en el 2011. En mayo de 2013, el juez de la corte provincial Sid Lerner dictaminó que había suficiente evidencia para que se procediera con la acusación privada y emitió una citación contra los acusados para una audiencia privada ante el juez, la cual fue sellada y no puede ser revelada.²⁷ Pese a que el estado actual de este caso es desconocido, tal procedimiento penal es muy inusual en Canadá.

Vale la pena notar que algunas provincias canadienses se han negado completamente a aplicar la disposición de libelo difamatorio del Código Penal debido a su cuestionable constitucionalidad. Por ejemplo, a principios de 2010, hubo un intento de presentar cargos por injurias en New Brunswick contra un bloguero de Internet por declaraciones en línea contra la policía.²⁸ Sin embargo, tales cargos fueron abandonados después de que el Departamento de Justicia de New Brunswick informara que no estaría en posición de solicitar una condena en este caso porque creía que la ley penal sobre injurias de Canadá era inconstitucional.²⁹

C. Aplicación de las leyes penales de difamación a las comunicaciones móviles y por Internet

La redacción del artículo 299 del Código Criminal sugiere una amplia aplicación de las leyes penales de difamación de Canadá, sin hacer ninguna distinción entre los medios, siempre y cuando la información difamatoria haya sido exhibida en público, o se haya hecho leer o ver, o mostrado a (o que la intención fuera que se mostrara a), la persona a quien difama o cualquier otra persona.³⁰ Entre un número muy limitado de casos denunciados, la condena en 2012 del propietario de un restaurante de Ottawa por publicar materiales difamatorios en Internet contra un crítico de restaurantes es indicativa de una aplicación potencialmente amplia del libelo difamatorio a las comunicaciones móviles y por Internet.³¹

D. Estado de las leyes penales de difamación

En 1984, después de la adopción de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades en 1982, la Comisión de Reforma Judicial de Canadá publicó el Documento de Trabajo 35 sobre Libelo Difamatorio, proponiendo una abolición completa del delito de libelo difamatorio del Código Penal canadiense. La Comisión concluyó específicamente que “no debería haber delito de difamación en el nuevo Código Penal ni en ningún otro lugar”.³² Sin embargo, la versión de 1985 del Código Penal modificó, pero no eliminó, este delito penal obsoleto.

Consistentemente ha habido llamados a la abolición del delito de difamación, y los tribunales de varias provincias de Canadá han dictaminado que la misma viola la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.³³ La Corte Suprema de Canadá, sin embargo, dictaminó que el delito de difamación es consistente con los requisitos de la Carta, siempre y cuando la acción requiera prueba “más allá de una duda razonable de que el acusado tuvo la intención de difamar a la víctima” (énfasis en el original).³⁴ Sin embargo, dados los prominentes fallos recientemente emitidos por la Corte Suprema en casos civiles de difamación, los cuales establecieron una nueva defensa importante de “comunicación responsable en asuntos de interés público”,³⁵ hay una esperanza renovada de que el tribunal superior de Canadá también dictamine que la disposición de libelo difamatorio contradice los principios básicos de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

México

A. Leyes penales que restringen la libertad de expresión

La ley mexicana no contempla los delitos penales de “desacato”, y la difamación fue derogada como delito federal en 2007. Sin embargo, a nivel local, nueve de los treinta y dos estados mexicanos aún penalizan la difamación.³⁶ Mientras las disposiciones precisas de tales leyes varían de estado en estado, los elementos del delito son casi idénticos. Por ejemplo, el Código Penal del Estado de Nuevo León contiene una redacción representativa:

Artículo 344. La difamación consiste en comunicar de manera engañosa, a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona o entidad, en los casos descritos por ley, de un hecho verdadero o falso, determinado o indeterminado, que puede causar deshonor, deshonra, prejuicio o exponer a esa persona al desprecio de alguien.

Los códigos penales de estos nueve estados describen un rango de penas de prisión y/o multas de las que un juez debe elegir el castigo exacto para cada caso en particular. Los periodos de encarcelamiento varían de estado en estado pero, en general, los plazos máximos de prisión oscilan entre dos y tres años. Específicamente, los alcances de las penas son: en Baja California y Yucatán, de tres días a dos años;³⁷ en Baja California Sur, de uno a tres años;³⁸ en Guanajuato, de seis meses a dos años;³⁹ en Hidalgo y Zacatecas, de tres meses a dos años;⁴⁰ en Nayarit, de dos meses a dos años⁴¹ y, en Nuevo León y Tabasco, de seis meses a tres años.⁴²

Además de las defensas generales (por ej., coerción) disponibles para los demandados, es posible objetar la constitucionalidad de la ley sobre los fundamentos de que viola la libertad de expresión consagrada en la Constitución Mexicana. Tal recurso se perseguiría a través de una acción de amparo en la que el demandante alega que una autoridad violó sus derechos constitucionales. El recurso de amparo objeta la constitucionalidad de la ley, ya sea en su letra o según se aplique al caso específico.

B. Aplicación de las leyes penales de difamación

En México, los registros de procedimientos judiciales no están disponibles al público, con excepción de ciertas decisiones de la Corte Suprema y de las cortes federales. Por consiguiente, no es posible confirmar cuál es el alcance total con el que se están aplicando las leyes de difamación o si los periodistas han sido amenazados con cargos penales. Sin embargo, las amenazas y los procedimientos en contra de periodistas normalmente causan fuertes reacciones en los medios mexicanos. El número muy limitado de artículos periodísticos sobre reporteros acusados de difamación u otros cargos penales sugiere, por lo tanto, que han existido muy pocos de estos casos en los últimos cinco años.

Sin embargo, en abril de 2013, el periodista Martín Ruiz Rodríguez fue detenido después de que Ubaldo Velazco Hernández, un funcionario de gobierno del estado de Tlaxcala, lo acusara de difamación. Velazco Hernández alegó que se sintió agraviado cuando Ruiz lo llamó “viejito mediocre” en su columna editorial en la publicación local de Internet e-consulta. El funcionario supuestamente sufrió “daño moral” debido a la publicación y tuvo que buscar ayuda psicológica, como resultado. Las autoridades locales detuvieron a Ruiz durante 13 horas y lo liberaron después de que él pagara una fianza.⁴³ Aún no se ha brindado información sobre el resultado de estos procedimientos.

En mayo de 2009, el periodista Simón Tiburcio fue detenido durante más de 20 horas y luego acusado de difamación y calumnia (es decir, tergiversar las palabras de una persona con la intención de dañarla) por el alcalde de Alvarado, una pequeña comunidad en el estado de Veracruz. Aparentemente, la acusación del alcalde fue en represalias por la publicación de una caricatura del alcalde en un periódico mensual.⁴⁴ Poco después, los cargos fueron retirados.

C. Aplicación de las leyes penales de difamación a las comunicaciones móviles y por Internet

A pesar de que el texto del delito de difamación varía de estado en estado, generalmente requiere que el infractor “comunique una declaración a una o más personas”. Las leyes no especifican la manera en la que se debe llevar a cabo la comunicación y, por lo tanto, puede incluir las comunicaciones móviles y a través de Internet.

D. Estado de las leyes penales de difamación

En 2007, México reformó su Código Penal Federal para abolir la difamación como delito penal.⁴⁵ Por lo tanto, los cargos por difamación actualmente solo pueden presentarse como delito civil conforme al Código Civil Federal, y las reparaciones consisten en daños monetarios y la corrección de la información errónea.⁴⁶ Por lo tanto, un periodista no puede enfrentar cargos penales con períodos de prisión por difamación a nivel federal.

Adicionalmente, la reforma federal impulsó cambios similares entre muchos estados mexicanos. De los 32 estados de México,⁴⁷ 23 ya han reformado sus códigos penales para derogar el delito de difamación. Estos estados son: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Además, la legislatura de Baja California Sur está actualmente debatiendo una reforma a su código penal que derogaría la difamación y la calumnia como delitos penales.⁴⁸

Estados Unidos

A. Leyes penales que restringen la libertad de expresión

No hay leyes penales de difamación a nivel federal en los Estados Unidos. Adicionalmente, en 1966 el fundamento de la acción por delito de difamación bajo el sistema de common law se declaró inconstitucionalmente impreciso.⁴⁹

Veinticuatro estados y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tienen disposiciones penales de difamación, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos limitó la aplicación de tal legislación, exigiendo que la intención del demandando se eleve a un estándar de “dolo real” cuando el demandante sea una figura pública, y prohibiendo el enjuiciamiento penal de expresiones de la verdad.⁵⁰

Adicionalmente, muchas de estas normas estatales han sido declaradas inconstitucionales o nunca se aplican, incluso si no han sido derogadas y, por consiguiente, aún siguen siendo parte del código penal de dichos estados. Además, muchas de las normas que no han sido revisadas por los tribunales del estado probablemente serían declaradas inconstitucionales o estarían significativamente limitadas en su aplicación si surgiera un caso real bajo alguna de estas normas.

Las 25 normas territoriales y estatales se resumen en la siguiente tabla. Las filas sombreadas indican los estados donde las normas fueron declaradas inconstitucionales o no se aplican, pero permanecen en los libros. La pena máxima normalmente incluye un período en prisión de un año o menos, con la excepción de una norma especial en Texas, la cual penaliza hacer declaraciones falsas sobre la condición financiera de una cooperativa de crédito, que puede ser punible con un período en prisión de hasta diez años.⁵¹

Además de las defensas generales disponibles para demandados, los códigos penales de estos estados y territorios proporcionan varias defensas contra las injurias difamatorias, las cuales incluyen:

• Retractacción/corrección oportuna (consulte, por ej., Fla. Leg. art. 836.08 [también requiere que las injurias subyacentes se publiquen como resultado de un error de buena fe]);

• Verdad (consulte, por ej., Código de Idaho, art. 18-4803 [también requiere que la publicación inicial sea para un propósito justificable]; Kan. Leg., art. 21-6103);

• Privilegio (consulte, por ej., Minn. Leg., art. 609.765 [como resultado de denunciar un procedimiento judicial o legislativo]; Cód. Cent. de C. del N., art. 12.1-15-01 [como resultado de una obligación o derecho a dar y recibir la supuesta información difamatoria]; Leg. de Okla. tít. 21, art. 772 [como resultado del cumplimiento de una obligación oficial]); y

• Provocación (consulte, por ej., Código de Virginia, art. 18.2-417).

Debido a que en muchos casos las normas anteriores permanecen en los libros incluso después de haber sido declaradas inconstitucionales por tribunales estatales, la defensa más eficaz en muchos casos es cuestionar la constitucionalidad de la norma, ya sea en su letra (es decir, pedir que la norma completa sea declarada inconstitucional) o según se aplique al caso específico. Si el demandado no puede argumentar de manera exitosa que la norma es inconstitucional en su letra, puede aún debatir que, según se aplica a su caso, la misma no cumple con los criterios descritos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Garrison: primero, que la norma debe reconocer la verdad como defensa; y segundo, que debe requerir dolo directo como requisito de la intención penal.⁵² Además, incluso si la norma en cuestión (como, por ejemplo, la de Utah) se volvió a redactar para adecuarse a requisitos constitucionales, el demandado, tras la condena, siempre puede argumentar que el estado no probó alguno de esos dos elementos más allá de toda duda razonable (el estándar que se exige que el estado pruebe en un juicio penal).

B. Aplicación de las leyes penales de difamación

Incluso aquellas leyes penales de difamación estatales que aún existen se aplican excepcionalmente. Cuando se aplican, generalmente no es en contra de periodistas y generalmente no se los amenaza con procesarlos. Además, en las raras ocasiones en que se ha acusado a una persona, los fiscales se han negado a procesarla,⁵³ e incluso cuando se presentan casos, los tribunales los desestiman con fundamentos constitucionales.⁵⁴ No obstante, simplemente mantener las normas en los libros como parte del código penal del estado significa que el peligro de arresto sigue siendo una realidad.⁵⁵

No se han reportado casos de difamación que involucren a periodistas en los últimos cinco años. De hecho, el caso más reciente de ese tipo tuvo lugar hace más de una década.⁵⁶ En el Estado c. Carson, el redactor y el editor de un diario libre de la Ciudad de Kansas, en Kansas, fueron acusados del delito de libelo por artículos que publicaron sugiriendo que la alcaldesa y su esposo, un juez, no vivían en el condado, como lo exigía la ley. Según un informe, las pruebas en el juicio incluían testimonios de vecinos de la alcaldesa y del juez que establecían que vivían donde decían hacerlo.⁵⁷ Supuestamente, fue la primera condena de un periodista conforme a tal norma en casi 30 años.⁵⁸ Ambos hombres recibieron multas de $ 3.500, pero no fueron sentenciados a prisión.⁵⁹

Un caso reciente, aunque no se interpuso contra un diario ni un periodista, involucró los intentos de un ciudadano de hacer que un diario informara sobre un asunto en particular.⁶⁰ En Simmons c. Ciudad de Mamou, el ciudadano Bobby Simmons avisó al diario Ville Platte Gazette, por correo electrónico, sobre el posible arresto de un jefe de policía local cuando intentó evitar que la policía estatal analizara el contenido de alcohol en sangre de uno de sus oficiales cuando lo arrestaron por conducir bajo la influencia de alcohol.⁶¹ Una vez que el diario comenzó a hacer preguntas, el jefe de policía, Greg Dupuis, pidió y obtuvo una citación por medio de la cual se obligaba a Gazette a entregar los correos electrónicos, y luego obtuvo una orden judicial de detención para Simmons por los cargos de difamación.⁶² Si bien parece que Simmons no fue formalmente acusado, fue retenido en prisión durante la noche hasta que pudo pagar la fianza para ser liberado.

C. Aplicación de las leyes penales de difamación a las comunicaciones móviles y por Internet

No hay una ley que amplíe o que limite el delito de difamación en el contexto de las comunicaciones móviles o por Internet. Los pocos casos en los que algunas personas fueron condenadas en virtud de la ley del delito de difamación incluyen escenarios fácticos en los que los comentarios en cuestión fueron hechos en Internet.⁶³

D. Estado de las leyes penales de difamación

En general, las leyes penales de difamación son desaprobadas en los Estados Unidos. Varios estados han derogado estas normas en la última década, entre ellos Arkansas,⁶⁴ Colorado⁶⁵ y Washington.⁶⁶ En general, el número de estas normas ha disminuido en los últimos 20 años. A pesar de que la tendencia continúa, y que se escucha regularmente el apoyo público a la derogación, actualmente no parece que se esté considerando la derogación de una norma estatal en particular.⁶⁷