Carlos Lauría/Coordinador Senior del programa de las Américas
El asesinato del fotógrafo mexicano Rubén Espinosa el 31 de julio causó un fuerte impacto en la comunidad de libertad de prensa. Espinosa, quien fue hallado en su apartamento con cuatro mujeres -todos asesinados de un disparo en la cabeza- había abandonado el estado de Veracruz en junio para refugiarse en la Ciudad de México, donde pensó que estaría a salvo de amenazas e intimidación.
Lo que ocurrió luego es sintomático de la profunda crisis de libertad de expresión que atraviesa México: Espinosa decidió que no valía la pena procurar la ayuda del mecanismo federal que proporciona protección a periodistas bajo amenaza. Como resultado de la enorme falta de confianza que existe entre periodistas y autoridades, Espinosa eligió simplemente ignorar al programa de protección del gobierno federal.
La situación tiene su origen en el casi total registro de impunidad que ostenta México. El noventa por ciento de los asesinatos de periodistas no han sido resueltos, según la investigación del CPJ, un record lamentable que sólo agrava la crisis y deja a los periodistas vulnerables frente a los ataques.
El múltiple homicidio generó titulares en todo el mundo y puso el dedo en la llegada entre la comunidad de periodistas y activistas. Una carta escrita por periodistas latinoamericanos, incluyendo a Alma Guillermoprieto, Guillermo Osorno y Carlos Dada, y firmada por más de 500 escritores, artistas y periodistas de todo el mundo- instaron al presidente Peña Nieto a poner fin al ciclo de violencia sin precedentes contra la prensa y a investigar a fondo los asesinatos de periodistas. La carta, escrita con apoyo del CPJ y PEN America, también fue firmada por el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, y numerosos integrantes de su junta directiva.
La carta exhorta al gobierno de Peña Nieto a “garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él”. Además instó al gobierno federal a “la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México”.
El periodista Guillermo Osorno dejó una copia de la carta en la residencia presidencial de Los Pinos el lunes y luego ofreció una conferencia de prensa.
En un comunicado en respuesta a la carta, el gobierno mexicano condenó “categóricamente” los ataques contra la prensa y afirmó que el Presidente Peña Nieta está comprometido con la libertad de expresión, reconociendo que “delitos que afectan a comunicadores por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos”.
El comunicado también afirmó que no se ha descartado ningún motivo en la investigación sobre el asesinato de Espinosa y las cuatro mujeres. Aunque, de hecho, la investigación a cargo del procurador general de justicia del distrito federal ha sido fuertemente criticada por periodistas locales y activistas precisamente por no considerar seriamente las repetidas amenazas que recibió Espinosa como un posible motivo.
Una fuerte voluntad política es lo que hace falta para modificar la dinámica actual de violencia e impunidad que afecta a la prensa mexicana. La ausencia de justicia -que ha desembocado en esta crisis de libertad de prensa– requiere atención urgente por parte del gobierno federal. Si el ciclo vicioso de impunidad no es detenido con procesamientos exitosos en la justicia y con sentencias ejemplares, la posibilidad de una democracia abierta y participativa se verá penosamente truncada.