Por John Otis/Corresponsal del CPJ para la región andina
Aunque los periodistas colombianos con frecuencia reciben amenazas de parte de guerrilleros marxistas, bandas criminales y políticos corruptos que intentan silenciarlos, dos casos recientes que suscitaron amplia inquietud –inclusive alertas del CPJ– fueron inventados por los propios reporteros que afirmaron haber sido blanco de las amenazas.
Esas poco comunes invenciones son lamentables porque pueden desviar la atención de las amenazas muy reales que los periodistas enfrentan en un país peligroso como Colombia. Al menos 46 periodistas han caído en Colombia desde 1992 en relación directa con la labor informativa que desempeñaban, según datos del CPJ, y muchos otros han muerto en circunstancias menos claras. Si bien la violencia ha disminuido en los últimos años, la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas está arraigada, y las amenazas y los actos de violencia contra los reporteros colombianos persisten.
El 30 de septiembre de 2014, el CPJ emitió una alerta que denunciaba que la banda de narcotraficantes Los Urabeños, mediante un panfleto enviado por correo electrónico, había amenazado con dar muerte a ocho periodistas que cubrían la fuente de Justicia, a menos que huyeran de las ciudades de Buenaventura y Cali, en el suroccidental departamento de Valle del Cauca. La alerta se basó en entrevistas sostenidas con los reporteros que habían recibido las amenazas y en información suministrada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, así como en informes de prensa publicados en los medios colombianos. La amenaza provocó que varios periodistas abandonaran las dos ciudades.
Sin embargo, el mes pasado uno de esos reporteros, Yesid Toro Meléndez, admitió haber sido el autor del panfleto. En una carta publicada el 25 de abril en los medios colombianos, Toro afirmó que se sentía “profundamente avergonzado” y ofreció disculpas a los siete colegas que había amenazado, así como a sus ex empleadores, los periódicos de Cali Q´Hubo y El País, y a la ciudad de Cali.
La segunda invención implicó al fotoperiodista colombiano Johanny Vargas Yandapiz, quien denunció haber sido secuestrado por un período de aproximadamente 36 horas en la sureña ciudad de Popayán, antes de lograr huir de sus captores. El CPJ y otras organizaciones de libertad de prensa denunciaron el secuestro. La alerta del CPJ fue publicada luego de entrevistar a Vargas, a otros reporteros y al jefe policial de Popayán. Pero poco después Vargas admitió que había inventado todo.
“Estos son actos deplorables”, expresó Pedro Vaca, director de la FLIP, al CPJ. “Crean una ansiedad generalizada entre los medios y pueden provocar que las personas cuestionen la credibilidad de los periodistas.”
De todas maneras, sostuvo Vaca, tales invenciones eran inusuales. Desde que asumió el cargo de director de la FLIP en 2013, explicó Vaca, la organización ha lidiado con aproximadamente 75 casos de amenazas contra periodistas colombianos y cuatro de ellos, entre ellos el caso de Toro y el de Vargas, han resultado ser falsos. Vaca describió que la FLIP determinó casi de inmediato que los otros dos casos carecían de mérito alguno y por ello no los divulgaron.
“Trabajamos con el supuesto de que los periodistas están diciendo la verdad”, Vaca explicó al CPJ. “Los peligros que los periodistas colombianos enfrentan son reales”.
Ciertamente, en 2013, Toro había recibido amenazas auténticas luego de publicar una novela acerca de la delincuencia de Cali, según la FLIP. Algunas de las personas que él había entrevistado mientras realizaba las investigaciones del libro, posteriormente le exigieron dinero por haberle suministrado información y amenazaron a Toro cuando él se negó a pagarles, según la FLIP. Toro huyó de Cali por poco tiempo y más tarde recibió asistencia de la Unidad de Protección Nacional del gobierno colombiano.
Este organismo fue fundado en 2011 para proteger a las personas amenazadas, entre ellas líderes sindicales, activistas de los derechos humanos, políticos y periodistas. El organismo escolta a aproximadamente 7,500 personas en riesgo a un costo total de USD 600,000 al día, según un despacho de AFP.
Esa asistencia incluía asignaciones directas en efectivo para un auto de alquiler que le permitiera a Toro desplazarse con seguridad por Cali. El periodista se había vuelto dependiente de esos pagos, que ascendían a aproximadamente USD 400 al mes, Vaca relató al CPJ. Pero de acuerdo con informes de prensa, la Unidad de Protección Nacional se había atrasado cinco meses en el desembolso de los pagos. Además, según los informes, Toro había renunciado a sus empleos en periódicos para dedicarse a escribir su próximo libro y sus deudas se estaban acumulando.
Temiendo que el gobierno le retirara la protección y cesaran los pagos, Toro inventó el correo electrónico amenazador que luego envió a sí mismo y a los periodistas Gildardo Arango, Álvaro Miguel Mina, Henry Ramírez, Cristian Abadía, Darío Gómez, Óscar Gutiérrez y Julio César Bonilla, admitió Toro en su carta el mes pasado.
“De la manera más tonta creí que con ese panfleto podía extender la protección y acelerar el pago de los cinco meses que me adeudaban”, Toro escribió en la carta.
El periodista no respondió a una solicitud de entrevista del CPJ.
Los colegas de Toro estaban atónitos y disgustados. Abadía expresó al CPJ que él había abandonado inmediatamente Buenaventura con destino a Bogotá, donde ejerce como periodista freelance. Abadía agregó que su familia en Buenaventura estaba preocupada por su integridad física y lo había instado a huir de Colombia. Mina, reportero radial, declaró a la revista Semana que las amenazas provocaron que abandonara Colombia por un mes. “Estoy muy triste por saber que la intimidación que generó intranquilidad en nuestras familias salió de alguien que estaba entre nosotros”, Arango, director del noticiero del canal de televisión Telepacífico de Cali, declaró a la prensa.
La Fiscalía General de la República anunció que investigaría a Toro por “acusaciones falsas”. Diego Fernando Mora, quien dirige la Unidad de Protección Nacional que ayudó al periodista, emitió una declaración en la cual anunciaba que su entidad también presentaría una demanda contra Toro, y resaltaba que se había asignado más de 114 millones de pesos (aproximadamente USD 50,000) a la protección de los periodistas que habían recibido las falsas amenazas.
Vaca, el director de la FLIP, expresó al CPJ que el episodio también dejaba mal parada a la Unidad de Protección Nacional. Vaca precisó que la unidad no debía efectuar asignaciones en efectivo a los periodistas porque ello podía motivar a periodistas mal remunerados a exagerar las amenazas que sufren, con el propósito de seguir recibiendo los pagos. Mora no respondió a la solicitud del CPJ para efectuar comentarios al respecto.
En el caso del falso secuestro, Vargas, fotógrafo de la publicación Diario del Cauca, le había dicho al CPJ en enero que él iba manejando su motocicleta camino a casa, en Popayán, cuando dos sujetos armados lo obligaron a subir a un auto y lo llevaron a una cabaña de madera en las afueras de la ciudad. Su desaparición alarmó a sus editores, mientras un elevado número de agentes de la seguridad pública se movilizaron en un intento por encontrarlo, según el diario bogotano El Tiempo.
En un inicio Vargas afirmó que había logrado aflojar una tabla de la pared de la cabaña donde lo mantenían, y que así había podido escapar. Pero el coronel Pedro Rodelo, jefe de la policía de Popayán, declaró al CPJ en enero que Vargas había salido en buen estado y no mostraba señales de maltrato físico, lo que le pareció un tanto extraño debido al relato que había contado el periodista acerca de su secuestro. Pero cuando el CPJ le preguntó, Rodelo negó que estuviera poniendo en duda la versión de Vargas sobre el secuestro.
Sin embargo, unos pocos días después Vargas emitió una declaración en la cual admitía que había inventado la historia completa como resultado de “circunstancias personales” que no explicó. “Me disculpo ante mi familia, amigos y colegas de los medios”, expresó. Poco después, Vargas renunció a Diario del Cauca, el director del periódico, Carlos Villamil, afirmó al CPJ.
El miércoles, Vargas declaró al CPJ que había pasado por momentos difíciles pero no ofreció detalles sobre sus motivos. “En verdad, perdí a mi familia –mi esposa y mi hijo– por este incidente. Estaba atravesando una fase de depresión y problemas matrimoniales. Así es como todo comenzó”, agregó.
Villamil describió a Vargas como un miembro experimentado y confiable de su equipo de noticias, pero indicó que estaba con mucho estrés al momento del incidente porque se estaba separando de la esposa. Villamil añadió que una razón por la cual la versión de Vargas parecía verosímil era que en enero de 2014 el fotógrafo había recibido amenazas de muerte legítimas luego de producir un documental y publicar fotos en Diario del Cauca acerca de la resistencia de los habitantes locales a un proyecto de viviendas que se construía en humedales ecológicamente delicados. Villamil señaló que cuando la policía de Popayán llegó a la conclusión de que la historia de Vargas era falsa, exhortó al fotógrafo a decir la verdad.