Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina
En una extraña conferencia de prensa ofrecida en abril, la ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, afirmó que el periodista Raúl Peñaranda, quien nació en Chile, representaba una peligrosa “cabeza de playa” de intereses chilenos que intentaban negarle a Bolivia –país mediterráneo– una salida al Pacífico.
Los críticos denunciaron los comentarios de Dávila como xenófobos. Peñaranda ha vivido en Bolivia desde que tenía 11 meses de edad. Como autor goza de amplio respeto, y fue becario Nieman en Periodismo en la Universidad de Harvard y director del diario Página Siete de La Paz.
El verdadero objetivo de la ministra, precisaron estos críticos, era desacreditar a Peñaranda, cuyo libro sobre una campaña gubernamental para lograr el control de medios de prensa independientes salía a la venta dos días después. Al final, las declaraciones de Dávila le otorgaron mayor publicidad al libro, Control remoto, que se convirtió en un éxito de ventas en las librerías de Bolivia.
“El gobierno estaba muy molesto conmigo y la única forma como podían desacreditarme era diciendo que yo era prochileno”, afirmó Peñaranda en entrevista con el CPJ.
La obra de Peñaranda es el primer estudio en profundidad sobre cómo el gobierno izquierdista del mandatario Evo Morales ha llevado a cabo una silenciosa campaña para obtener el apoyo editorial de varios periódicos y canales de TV por medio de la compra de tales medios por parte de empresarios cercanos al gobierno. Además, Control remoto acusa al gobierno de acosar a los medios críticos por medio del empleo de boicots publicitarios, inspecciones laborales y auditorías impositivas.
“Jamás había visto una estrategia gubernamental tan bien diseñada con el objetivo de controlar los medios”, aseguró Rafael Loayza, director del programa de Periodismo de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. No obstante, la campaña se asemeja mucho a la campaña del gobierno venezolano para forzar la venta de medios noticiosos independientes venezolanos a empresarios vinculados con el gobierno izquierdista del presidente Nicolás Maduro.
El canal de TV Globovisión; la empresa de medios Cadena Capriles, propietaria del diario Últimas Noticias; y el diario caraqueño El Universal han sido todos vendidos en los últimos dos años, y posteriormente han otorgado un tratamiento informativo favorable al gobierno de Maduro, de acuerdo con datos del CPJ y versiones de prensa. El 17 de septiembre, por ejemplo, Rayma Suprani, la galardonada caricaturista de El Universal, fue despedida por una caricatura que criticaba la forma como el gobierno había manejado varias crisis recientes del sector de la salud. Según despachos de prensa, el director del periódico no ofreció ningún comentario sobre el despido.
En Bolivia, Control remoto ha sido particularmente polémico porque el gobierno de Morales nunca ha admitido desempeñar un papel en las recientes operaciones de compra de medios, entre las que se encuentran la venta de los canales de televisión ATB, PAT y Full TV. Hasta el momento no ha salido a la luz la documentación que pruebe estos vínculos, y en lugar de ello Peñaranda a veces se ha visto obligado a recurrir a informaciones de segunda mano para armar el rompecabezas.
No obstante, Loayza y otros analistas independientes sostienen que Peñaranda acertó en el blanco. Un indicio de ello, según Loayza, es que nadie ha entablado una demanda por difamación contra Peñaranda. Pero quizás la mejor prueba radique en el hecho de que la cobertura informativa de la gestión del gobierno ha cambiado de mayormente negativa durante los primeros años del gobierno de Morales, a mayormente positiva.
Todavía quedan medios críticos en Bolivia, entre ellos Página Siete, el diario El Deber de Santa Cruz, el diario Los Tiempos de Cochabamba, y la cadena de radioemisoras ERBOL. Sin embargo, Morales, quien según todos los vaticinios ganará un tercer mandato en las elecciones generales del 12 de octubre, pocas veces es objeto de intenso escrutinio. El propio Morales ha reconocido este cambio.
En entrevista otorgada el año pasado a El Deber, Morales declaró que cuando salió elegido por primera vez en el 2005, entre el 80 y el 90 % de los medios estaban en contra de él. “Ahora quedan 10% o 20% de opositores”, señaló Morales.
Tal vez el mejor ejemplo de esta transformación lo sea La Razón, el diario de mayor circulación de La Paz, que fue crítico de la gestión de Morales durante la mayor parte de su primer mandato. Pero, según Control remoto, tras una serie de inspecciones laborales y auditorías impositivas concebidas para intimidar a los propietarios del diario, La Razón fue vendido en el 2008 a Carlos Gill, empresario venezolano aliado con los gobiernos de Maduro y Morales.
El libro también sostiene que el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, estuvo directamente implicado en la selección del nuevo equipo editorial de La Razón y que rechazó a varios candidatos antes de finalmente contratar a una amiga, la periodista Claudia Benavente. Ella ha negado esta versión e insiste en que nunca se reunió con el vicepresidente para conversar sobre el cargo.
Desde la venta, La Razón ha adoptado una línea editorial más favorable al gobierno, y sus titulares a menudo son similares a los del periódico oficial Cambio, de acuerdo con Rafael Archondo, quien afirma ser el único columnista de La Razón que frecuentemente critica al gobierno.
Control remoto incluye un análisis de contenido de ediciones de La Razón publicadas en un período de 30 días de 2013. El análisis muestra que el 56 % de los artículos noticiosos en general eran favorables al gobierno, el 40 % eran neutrales y únicamente el 3 % de ellos eran críticos.
Pero en entrevista con el CPJ, Rubén Atahuichi, jefe de Redacción de La Razón, negó que el diario se haya convertido en un megáfono de Morales y señaló varios artículos recientes que criticaban al gobierno. Atahuichi también expresó que el gobierno de Morales ha acusado de espionaje a La Razón y a Benavente a raíz de un artículo de abril sobre el pleito jurídico entre Bolivia y Chile por la salida al Pacífico.
“La demanda demuestra que todas estas acusaciones de coordinación entre La Razón y el gobierno son falsas”, expresó Atahuichi, quien catalogó el libro de Peñaranda de ataque con poco sustento periodístico.
Dávila, la ministra de Comunicación, declaró al CPJ que el gobierno no controla a La Razón ni a los canales de televisión PAT, ATB y Full TV.
“Todo lo que Peñaranda dice sobre estos medios de prensa, de que se han convertido en megáfonos del Estado, son absolutas mentiras”, afirmó Dávila. “Si estuvieran bajo nuestro control, estos medios tuvieran una línea editorial clara, pero ellos no tienen una línea editorial clara, sino que son muy diferentes”.
Dávila también defendió las declaraciones que efectuó en la conferencia de prensa de abril. La ministra sostuvo que el gobierno tiene información sólida que vincula a Peñaranda con intereses chilenos, y que el periódico que él dirigía, Página Siete, tiene una actitud hostil frente a la demanda marítima de Bolivia por la devolución de la salida al Pacífico. Cuando se le preguntó a la ministra en qué consistía esa información, Dávila se negó a ofrecer detalles.