Por John Otis/Corresponsal del CPJ para la región andina
El presidente ecuatoriano Rafael Correa generó pocas noticias reales durante una visita de dos días realizada el mes pasado a Chile. Por ello, los cuatro principales periódicos ecuatorianos tomaron una decisión obvia: publicaron breves informes de prensa sobre la visita.
Correa no quedó satisfecho. En una intervención televisada, el mandatario acusó a los periódicos de omitir información importante acerca de su viaje a Santiago –donde sostuvo un encuentro con el presidente chileno y recibió un título universitario honorífico– y así violar los derechos humanos de los ecuatorianos. Hace unos años los directores de periódicos le hubieran restado importancia al episodio y lo hubieran interpretado como otro ataque de Correa contra los medios, pero eso era antes.
Ahora, los cuatro periódicos enfrentan la acusación de violar la Ley de Comunicación de Ecuador, vigente desde hace un año. El Artículo 18 de la ley estipula que los medios deben darles cobertura a los hechos de interés público. También declara que la omisión deliberada de tales hechos constituye censura previa, que está prohibida por ley. De ser hallados culpables, los periódicos —El Comercio, El Universo, Hoy y La Hora– podrían verse obligados a pagar miles de dólares en multas.
La queja contra los cuatro periódicos fue una de entre 100 quejas presentadas contra los medios ecuatorianos en virtud de la Ley de Comunicación desde que entró en vigor el 25 de junio de 2013. Las quejas han conllevado a unas 30 sanciones, inclusive multas que se acercan a los 100 mil dólares, y muchas decisiones todavía están pendientes, según Fundamedios, organización de libertad de prensa con sede en Quito. En general la ley ha tenido un efecto inhibidor para los periodistas que tratan de hacer periodismo de investigación, según muchos analistas consultados por el CPJ en una reciente visita a Quito.
“Nuestros peores temores sobre la ley se están haciendo realidad”, declaró César Ricaurte, director de Fundamedios.
Un periodista que prefirió el anonimato por no tener autorización para hablar en nombre de su periódico, expresó que éste ha reducido la cobertura informativa de instituciones y funcionarios públicos –de un total de cinco páginas diarias a dos– para evitar meterse en problemas. César Montúfar, sociólogo y autor de un libro sobre la Ley de Comunicación, manifestó al CPJ que la ley ha convertido a los directores y editores en censores porque en la actualidad deben dedicar gran parte de su tiempo a eliminar de los artículos información que pueda tener carácter polémico.
Incluso antes de que se adoptara la Ley de Comunicación, los periodistas ecuatorianos ya estaban bajo asedio. El presidente Correa demandó con éxito al diario El Universo y a dos periodistas investigativos que escribieron un libro crítico del hermano del mandatario. En sus intervenciones televisivas de cada sábado, a las cuales deben encadenarse todos los canales de TV, Correa frecuentemente fustiga a la prensa de corrupta y llama a los periodistas “asesinos de tinta”.
La presión gubernamental también ha provocado la caída de la inversión publicitaria en algunos medios, porque algunas empresas no quieren que las asocien a organizaciones de noticias que fiscalizan los actos gubernamentales, indicó Ricaurte. Otras medidas legislativas, como por ejemplo reformas a la normativa electoral nacional que prohíben las informaciones parcializadas y les permiten a los candidatos demandar a los medios de prensa que presuntamente violen la ley, han desalentado la investigación periodística.
No obstante, la Ley de Comunicación es la que funciona como la camisa de fuerza oficial de la prensa ecuatoriana. Esta ley prevé la creación de una entidad fiscalizadora estatal, denominada la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que se dedica a monitorear el contenido de los medios. Además, en la ley abundan las frases ambiguas que les exigen a los periodistas ofrecer información exacta y equilibrada bajo pena de enfrentar sanciones civiles o penales. Un artículo publicado recientemente en El Comercio apuntó que la Supercom produce tres informes diarios sobre los contenidos noticiosos y de opinión, los cuales son elaborados por decenas de empleados encargados de la vigilancia de los medios.
De manera ocasional, algunos reportajes en profundidad aparecen en el diario El Universo y la revista digital Plan V, pero desde la adopción de la ley, muchos medios independientes han evitado publicar informaciones críticas del gobierno. La ley “cumplió su objetivo de callar a los medios de comunicación”, escribió la veterana periodista Janet Hinostroza en una columna publicada recientemente en el diario Hoy. “Las páginas de algunos diarios se parecen cada vez más a las revistas con contenidos personales y sociales y la televisión se volcó al entretenimiento”.
Por su parte, los partidarios del gobierno elogian la nueva ley. Rosana Alvarado, experiodista y actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de la gobernante Alianza País, declaró al CPJ que la ley promueve “el periodismo responsable”.
Virgilio Hernández, otro parlamentario de Alianza País, expresó que la ley había democratizado a los medios al ordenar el aumento de la cobertura informativa otorgada a los indígenas y otras minorías y al obligar a los canales de TV a proporcionar subtítulos o lenguaje por señas para ayudar a los televidentes sordos. Además, sostuvo Hernández, la ley era necesaria para ponerles coto a los medios independientes, que según él se comportan más como opositores políticos.
“No nos vayamos a engañar”, declaró Hernández, quien votó a favor de la ley, al CPJ. “Esta no es una cuestión de libertad de prensa. Es una disputa ideológica porque la mayoría de los medios desempeñan el papel de oposición. Antes eran absolutamente arrogantes, pero ahora tienen que cumplir las reglas”.
No obstante, al estar un funcionario leal a Correa al frente de la Supercom, aparentemente los medios progubernamentales no se rigen por las mismas normas. Por ejemplo, la Ley de Comunicación permite el “derecho de réplica” para contrarrestar información inexacta o falsa, pero cuando Fundamedios y otras organizaciones han criticado informaciones sesgadas publicadas en el periódico gubernamental El Telégrafo, la Supercom ha ignorado sus quejas.
Martha Roldós, una política opositora de Correa, presentó una queja contra El Telégrafo a raíz de que el periódico publicara en enero mensajes privados en los cuales ella procuraba obtener financiamiento en Estados Unidos para un proyecto de medios independiente. Su denuncia de “linchamiento mediático” –una de las violaciones más extrañas previstas por la Ley de Comunicación– fue archivada por la Supercom.
“Los medios gubernamentales pueden hacer lo que les venga en gana”, Roldós declaró al CPJ.
Montúfar, profesor de estudios internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, de Quito, señala otros problemas en la manera como se aplica la ley. Por ejemplo, la ley estipula que el titular de la Supercom actúe previo recibo de quejas oficiales. Pero, de acuerdo con Montúfar, la entidad a menudo procede contra la prensa de manera unilateral.
Hasta el momento, la sanción que ha acaparado la mayor atención ha sido la penalidad aplicada contra El Universo por publicar una caricatura editorial. En el que posiblemente sea el primer caso de su tipo, al caricaturista Xavier Bonilla –conocido por el nombre artístico de Bonil– se le ordenó “rectificar” su dibujo, que describía un allanamiento gubernamental en el cual los agentes confiscaron las computadoras y los documentos de un periodista ecuatoriano.
Montúfar aseguró que la decisión del caso Bonil sentó un precedente particularmente peligroso por salirse del ámbito de la Ley de Comunicación, ya que, según él, sancionó a El Universo y al caricaturista por publicar una opinión editorial respecto a la cual el gobierno afirmaba que no estaba respaldada por los hechos. Si bien los artículos noticiosos deben atenerse a los hechos, declaró Montúfar, no se les puede exigir el mismo rigor a las opiniones publicadas en editoriales, columnas o caricaturas.
“Puede que yo no tenga hechos específicos para respaldar mi opinión”, expresó Montúfar, “pero la persona que lea la opinión puede decidir por sí misma. Así es como debe funcionar la opinión”.