Por Patrick Timmons, bloguero invitado del CPJ
La desaparición y el asesinato del periodista mexicano Gregorio Jiménez de la Cruz, en el estado de Veracruz, hechos ocurridos a principios de febrero, continúan rodeados de polémica.
A mediados de febrero, aproximadamente un mes después del asesinato de Jiménez, un grupo de periodistas viajaron al estado de Veracruz e investigaron la actuación de las autoridades frente al asesinato del periodista. El 19 de marzo, el grupo, denominado Misión de Observación, publicó las conclusiones de su investigación sin precedentes en un informe titulado “Gregorio: Asesinado por informar”. El informe documentaba la desaparición y el asesinato de Jiménez, la ineficaz respuesta de las autoridades estatales y las condiciones laborales menos que favorables en los periódicos donde trabajaba el periodista, en la región sureña del estado.
El informe de la Misión de Observación –y sus 17 recomendaciones— no solamente ubica el asesinato de Jiménez en el contexto de la violencia que sacude la región sureña de Veracruz, sino que hace un llamado a las autoridades estatales y federales a que investiguen el caso. No obstante, las autoridades estatales continúan insistiendo en que Jiménez fue asesinado por motivos personales, aunque antes de la muerte del comunicador él había documentado un auge en los casos de secuestro en la región vecina a las instalaciones petroleras de la ciudad de Coatzacoalcos.
El informe de la Misión también constató que los periódicos para los cuales Jiménez trabajaba le pagaban veinte pesos mexicanos (aproximadamente 1,5 dólares estadounidenses) por artículo y no le proporcionaron adiestramiento sobre los riesgos de informar en una zona de recrudecida violencia. Uno de los periódicos para los que informaba, El Liberal del Sur, le debía 12 semanas de sueldo al momento de su muerte. En el funeral del comunicador, el periódico le entregó a la viuda un cheque por el monto adeudado, del cual sustrajo el costo de su cámara.
El gobernador estatal, Javier Duarte de Ochoa –cuyo gobierno ha sido responsable de investigaciones ineficaces respecto a la muerte de varios periodistas desde que asumió el poder en 2010– de inmediato rechazó las conclusiones y recomendaciones del informe. Duarte también rechazó las peticiones contenidas en el informe para que su gobierno investigara si el asesinato pudiera estar vinculado a la labor informativa del periodista; para que ofreciera acceso a los expedientes de los más de una docena de otros casos de periodistas desaparecidos y asesinados en Veracruz; y para que instara a los procuradores federales a explicar por qué no han atraído la jurisdicción del caso.
En cambio, Duarte afirmó que los procuradores habían “más que esclarecido” el asesinato de Jiménez al arrestar a sospechosos que habían “confesado”, a pesar de que el procurador estatal y el jefe de comunicaciones de Duarte renunciaron a sus cargos tras el asesinato del comunicador, supuestamente por motivos ajenos al caso. En respuesta al señalamiento de la Misión de que existían “deficiencias” en el expediente del caso, entre ellos afirmaciones por parte del grupo de que cinco sospechosos habían sido sometidos a torturas, el gobernador declaró que los procuradores estatales “no habían cometido ningún error en la investigación”.
El informe de la Misión cuestionó las declaraciones de Duarte y concluyó que la respuesta de los funcionarios de gobierno estatal frente al secuestro y el asesinato del periodista no fueron ni oportunas ni eficaces. De acuerdo con el informe, las autoridades estatales no documentaron su respuesta frente al secuestro de Jiménez. La Misión no logró determinar cuántos agentes policiales participaron en el operativo de búsqueda, ni si fueron sistemáticos ni cómo encontraron la casa de seguridad donde los secuestradores de Jiménez lo retuvieron antes de asesinarlo. El grupo tampoco logró encontrar pruebas que vinculaban a los cinco sospechosos arrestados con el crimen. Y, dado que las autoridades no documentaron el estado de salud de estos sospechosos ni antes ni después del interrogatorio, la Misión solamente pudo informar que los sospechosos manifestaron haber sido torturados.
La intensa presión pública puede haber obligado al gobierno estatal de Veracruz a otorgarle a la Misión acceso al expediente del caso Jiménez. La decisión no tiene precedentes. Las autoridades estatales de Veracruz acostumbran a negarse a divulgar a terceros información delicada de los casos, remitiéndose de manera conveniente a las leyes nacionales sobre la protección de la privacidad. Las autoridades otorgan acceso al expediente del caso solamente a partes relacionadas directamente con la víctima. En el caso de la periodista Regina Martínez, asesinada en Veracruz en abril de 2012, el semanario Proceso pudo consultar el expediente solamente porque Martínez era su corresponsal.
Por primera vez en un caso del estado de Veracruz, el CPJ recibió una carta del entonces Procurador General del Estado, Amadeo Flores, con fecha 14 de febrero de 2014, la cual afirmaba que su entidad hacía todo lo posible para resolver el caso.
No obstante, unos días después Flores renunció.
Estas muestras de sensibilidad ante la observación externa llegaron a su punto máximo a finales de febrero tras la respuesta organizada de la prensa mexicana y actos de solidaridad internacional en reacción al asesinato de Jiménez –algunos, por ejemplo, protagonizados por los ocho corresponsales mexicanos del diario español El País, la periodista Lydia Cacho, la ganadora del premio Pulitzer Alejandra Xanic, y Carlos Dada, director del diario digital salvadoreño El Faro. Conocidos activistas de derechos humanos –tales como el Padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los inmigrantes–también se sumaron a la protesta.
Pese a todo, nada ha logrado que el gobierno de Duarte cambie de posición–ni la presión pública nacional e internacional, ni el apoyo de destacadas figuras del activismo y el periodismo, ni el informe de la Misión. Las autoridades todavía sostienen que el dueño de un bar local les encargó a sicarios el asesinato de Jiménez por motivos personales. Mientras tanto, el informe de la Misión argumenta que el asesinato tiene que estar vinculado con la labor informativa del comunicador. Y, sin ninguna explicación, Laura Borbolla, la Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, adjunta a la Procuraduría General de Justicia, declinó ejercer la facultad de atraer el caso de los procuradores del estado de Veracruz.
Los periodistas mexicanos dicen que nunca han visto tanta solidaridad y unidad a raíz de la desaparición y el asesinato de un periodista. El 23 de febrero, en Coatzacoalcos, la ciudad del periódico donde trabajaba Jiménez, El Liberal del Sur, y en otras ciudades del país como Xalapa, Ciudad de México, Tijuana, Culiacán, Juárez y Torreón, los manifestantes exigieron una investigación exhaustiva del asesinato del periodista y el castigo de los responsables. Los periodistas lideraron las manifestaciones y divulgaron noticias de las protestas mediante las redes sociales. Las autoridades del estado de Veracruz parecen haberse sorprendido de que el caso pudiera generar protestas y una investigación independiente.
El 21 de marzo, dos días después de presentar el informe en el Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, representantes de la Misión también entregaron en persona sus conclusiones a Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C.
Por su parte, el CPJ ha clasificado el asesinato de Jiménez como vinculado a su trabajo periodístico y continúa con sus llamados para que el estado de Veracruz realice una investigación eficaz.
Patrick Timmons es un traductor, investigador de derechos humanos y periodista que reside en las Américas. Es editor del Mexican Journalism Translation Project. Lo puede seguir por Twitter en @patricktimmons.