Potenciales represores alardean de ‘ética’ para justificarse

Por Jean-Paul Marthoz

En todo el planeta, los gobiernos autoritarios y sus funcionarios no dejan de hablar acerca de la “responsabilidad de la prensa”.

La mayoría del tiempo, su prédica y sus discursos sobre la necesidad de contar con códigos de conducta o lineamientos éticos contribuyen a cortarles las alas a periodistas independientes y a domesticar a la prensa. Su invocación a elevadas nociones de patriotismo, honor, reputación y respeto por la autoridad tienen la intención de desalentar las investigaciones y las revelaciones sobre sus abusos de poder o su enriquecimiento ilícito.

Se recurre a la ética, también, cuando la prensa cubre temas delicados, como la religión, el nacionalismo o el origen étnico. Con la excusa de proteger a las minorías contra el discurso del odio, o impedir la incitación a la violencia, los gobiernos suelen hacer esfuerzos para censurar artículos periodísticos que son de interés público y deberían divulgarse.

En los países autoritarios, los llamamientos a los periodistas para que ejerzan un sentido de responsabilidad o decencia son,  mayormente, un código de censura. En Egipto, luego del derrocamiento del gobierno encabezado por los Hermanos Musulmanes en julio de 2013, los nuevos gobernantes respaldados por el ejército de inmediato anunciaron su intención de crear un código de ética e hicieron de su adopción la condición para levantar la censura existente.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa viene, desde hace años, dándose el gusto de vapulear a la prensa, calificando a los periodistas de “no éticos”, “provocadores”, o “mentirosos”.  Luego de su aplastante reelección en febrero de 2013, advirtió, según informó el corresponsal del CPJ John Otis, que “una de las cosas que hay que arreglar es una prensa totalmente falta de ética, sin escrúpulos”. Correa desde entonces ha “arreglado” a la prensa a través de una nueva ley de comunicación que restringe severamente la libertad de prensa al establecer regulaciones gubernamentales a los contenidos editoriales y otorgar poder a las autoridades para imponer sanciones arbitrarias a la prensa.

En junio de 2013, el gobierno de Sri Lanka intentó imponer el funcionamiento de un nuevo código de ética en los medios, según afirmara el ministro de medios masivos e información, Keheliya Rambukwella, “para crear una cultura de medios saludable”. Aunque las protestas de asociaciones de periodistas nacionales e internacionales obligaron al gobierno a volverse atrás, algunos observadores temen que el código pueda volver a reflotarse. “El código de medios fue parte de una campaña sostenida para controlar a los medios y limitar el disenso”, indicó al CPJ Brad Adams, director de la devisión Asia de Human Rights Watch en Asia. “Su ambigüedad posiblemente habría conducido a una mayor autocensura para evitar las represalias del gobierno”. El código prohibía “críticas que afectaran las relaciones exteriores” y contenido que “promoviera actitudes antinacionales”. También prohibía “material contra la integridad del poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo” y advertía contra la publicación de contenido “ofensivo opuesto a las expectativas de la moral pública del país y que tiende a disminuir los estándares de moral y gusto público”.

En Burundi, “los debates acerca de la redacción de la nueva Ley de Prensa, que se promulgó en junio de 2013, hacían referencia constante a supuestas violaciones éticas por parte de la prensa”, explicó al CPJ Marie-Soleil Frère, investigadora y autora de la Universidad de Bruselas.  “Miembros del partido gobernante han repetido hasta el cansancio que los periodistas son tendenciosos, injustos y se dejan llevar por la difamación, las mentiras y los insultos”.

Los gobiernos autoritarios también suelen exagerar supuestas violaciones éticas cuando éstas se adecuan a sus intereses, con el fin de desacreditar a los periodistas problemáticos e inclusive minimizar los ataques físicos a periodistas en ejercicio de su labor informativa.

Si un periodista mexicano u hondureño a cargo de cubrir temas de drogas es asesinado, algunos policías utilizan la expresión, “por algo será”, sugiriendo que la muerte está justificada por la participación del reportero en organizaciones delictivas. Esto se usa como justificación para no investigar con seriedad el asesinato y alimenta el ciclo de impunidad.

De hecho, los gobiernos que han sido más elocuentes al reclamar un “periodismo ético” han sido, a menudo, los primeros en forzar a sus medios a romper todas las reglas y normas periodísticas. En Egipto, donde las nuevas autoridades civiles y militares vienen reclamando valores éticos en el periodismo, los medios estatales se han visto comprometidos en campañas despiadadas contra las voces de prensa en disenso.

“De modo sorprendente, hubo periodistas egipcios que también participaron del hostigamiento contra colegas impopulares para el oficialismo”, comentó Mohamed Khattab, reportero del periódico Libertad y Justicia, la voz oficial de los Hermanos Musulmanes, en una emisión de la radio pública estadounidense conocida como NPR, el 12 de julio de 2013. Estos ataques no excluyeron a los medios internacionales. “En una conferencia de prensa del ejército durante esta semana”, agregó el reportero de la BBC Andrew Hosken durante la misma transmisión, “un periodista de Al-Jazeera fue expulsado por sus pares mientras entonaban ‘Fuera, fuera’, y luego aplaudieron cuando se había marchado”.

En Azerbaiyán, medios progubernamentales invaden en forma descarada la privacidad de líderes opositores y periodistas independientes y publican rumores y mentiras sin consecuencia. “He visto incontables ejemplos de comportamiento poco profesional y antiético por parte de medios estatales y progubernamentales”, describió al CPJ Rebecca Vincento, directora de campañas del Human Rights Club en Baku. En agosto de 2013, por ejemplo, el periódico Ses, afiliado al partido gobernante, publicó un artículo en el que se atacaba a Khadija Ismayilova, periodista crítica galardonada que trabaja en Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL). El título era,  “La madre armenia de Khadija debe morir”. En un comunicado de prensa, RFE/RL sostuvo que “el artículo falseó la nacionalidad de varios parientes de Ismayilova aduciendo que eran armenios. Para algunos azeríes, la referencia a la etnicidad ‘armenia’ es sinónimo de traición en un país que estuvo en guerra con Armenia sobre territorio disputado en 1988”.

Los medios estatales de Ecuador son utilizados como un poderoso megáfono para desprestigiar periodistas que no se subordinan a la línea oficial. Asimismo, “en Burundi, Rema FM, emisora de radio progubernamental, dedica su tiempo a agredir a las estaciones de radio afines a la sociedad civil”, comentó Frère.

En dichos países, los gobiernos están en connivencia con algunos de los medios para violar las normas éticas más esenciales. La publicidad estatal, por ejemplo, se emplea habitualmente como una herramienta oscura para asegurar una cobertura periodística servil e inoperante. Esta táctica directamente socava la imagen de la prensa libre como una entidad financieramente independiente y capaz de evitar los conflictos de interés.

En Argentina, esta presión arbitraria se aplica a nivel nacional, pero su impacto resulta particularmente fuerte en medios más pequeños y provinciales, “muchos de los cuales,” escribió en 2012 Sara Rafsky del CPJ, “dependen casi exclusivamente de la publicidad oficial para su supervivencia económica y, por tanto, son vulnerables a las presiones de los funcionarios de gobierno sobre su línea editorial”.

 “Los sobres color marrón” que se entregan a periodistas en forma individual cumplen el mismo propósito y surten el mismo efecto: minan seriamente la independencia y la libertad de prensa. En algunos países, donde son habituales los pagos directos y la colocación de publicidad, esta rutina es inclusive defendida por algunos dentro de la profesión con el argumento de que la publicidad oficial y las propinas personales son fundamentales para proteger los ingresos de los medios y los empleos de los periodistas.

Los dueños de medios en algunos países también se ven limitados por sus vínculos comerciales con el estado y, por ende,  son suceptibles a la capacidad de éste para persuadir o castigar. En el peor de los casos, la vulnerabilidad a la presión estatal se produce cuando una compañía de medios es dueña de otros negocios cuya prosperidad depende de licitaciones para obras públicas o de licencias del gobierno.

En Turquía, durante las protestas en la plaza Taksim y en el parque Gezi en mayo y junio de 2013, importantes organizaciones de medios privados actuaron como censores en nombre del estado de modos diversos, por ejemplo, absteniéndose de cubrir ciertos acontecimientos, estigmatizando a quienes protestaban y adoptando la línea del gobierno. Para recreación continuada de muchos, la cadena CCN Türk TV transmitió un documental sobre los pingüinos en lugar de brindar información sobre las manifestaciones, convirtiendo a los pingüinos en un símbolo nacional de autocensura.

“Actuaron de modo proactivo, no esperando circulares del estado para censurar a periodistas”,  comentó Aidan White, fundador de la Iniciativa de Periodismo Ético y ex secretario general de la Federación Internacional de Periodistas.

 “Los periodistas del país están esclavizados en salas de prensa manejadas por propietarios de medios codiciosos e inescrupulosos, cuyos intereses económicos se ven sometidos al Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan”, escribió Yavuz Baydar, uno de los principales columnistas despedido en julio de 2013 de su puesto como ombudsman del matutino Sabah luego de escribir artículos críticos sobre cómo el gobierno había manejado la situación en la Plaza Taksim/Parque Gezi. “La crítica directa a las políticas del gobierno en relación a los kurdos, Siria o la corrupción ha llevado a que muchos columnistas fuesen despedidos o ‘boicoteados’. El alcance del debate democrático y la difusión de la opinión se ha estrechado severamente”, escribió.

Es mucho lo que está en juego. La historia de los ataques a la prensa refiere sobre periodistas como Guillermo Cano, director de El Espectador de Colombia; Anna Politkovskaya de Novaya Gazeta en Rusia y el director de Agos, Hrant Dink, en Turquía, que murieron debido a que la visión ética en su labor los llevó a enfrentarse a grupos de matones o élites de poder corruptas. “Los periodistas comprometidos con su labor son asesinados precisamente porque rechazan la corrupción y se niegan a someterse a grupos delictivos,” confesó al CPJ un prominente editor mexicano, que pidió no ser identificado debido a los riesgos que esto implica para su seguridad.

Aun así, el periodismo antiético también puede originar ataques contra la prensa al propiciar procesos penales por difamación o inclusive actos de violencia cuando grupos extremistas u organizaciones delictivas inician represalias contra reporteros que publican acusaciones no fundadas o toman partido. “Creo firmemente que la mejor medida de seguridad que puede tomar un periodista es ser honesto, objetivo, éticamente responsable y realmente independiente”, afirmó un periodista latinoamericano a los autores de “Matar al mensajero”, un informe del Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI, por sus siglas en inglés) del año 2007.

Los periodistas sin ética también debilitan la solidaridad y, por lo tanto, contribuyen al ciclo de violencia e impunidad. “Como algunos periodistas caídos en cumplimiento de su labor pertenecen a organizaciones delictivas, las bandas e inclusive la policía puede con mayor facilidad desestimar nuestras denuncias y confundir su propia responsabilidad en dichos ataques contra la prensa”, comentó al CPJ el editor mexicano. “Y la profesión se muestra incómoda y dividida sobre cómo responder”.

Además, las violaciones éticas socavan el respaldo público a los medios y brindan una oportunidad, inclusive en democracias establecidas, para que los gobiernos adopten regulaciones más duras. En países como Venezuela y Rusia, cuando los medios fueron sometidos a la presión del estado, el público no se sacudió, como si todos los periodistas pudiesen identificarse con sus colegas deshonestos.

El escándalo de News of the World –las escuchas ilegales de correos de voz de celebridades y ciudadanos comunes perpetradas por el tabloide dominical británico–es uno de los ejemplos más flagrantes del impacto negativo que tiene el periodismo rufián sobre la libertad de prensa en una democracia.

El escándalo agitó la escena de los medios del Reino Unido desde que fue revelado en 2010. Llevó a una investigación pública y a un clamor popular tan fuerte que los políticos se vieron obligados a actuar–o al menos a simular que lo hacían–contra magnates de la prensa a quienes muchos de ellos, hasta entonces, habían temido mucho y cortejado con asiduidad. Al hacer esto, se arriesgaron a adoptar regulaciones apresuradas e irreflexivas que podrían inhibir la libertad de prensa con el pretexto de castigar un delito.

La vinculación entre las falencias reales o supuestas de periodistas y la excesiva reacción estatal es evidente. “En Sudáfrica, la ANC presentó en 2010–pero no logró promulgar–un proyecto destinado a establecer un Tribunal de Apelaciones para Medios que restringiera el poder del [autorregulado] Consejo de Prensa, aduciendo que el sistema de ombudsman era ineficaz y oneroso para corregir las deficiencias de periodistas”, explicó al CPJ Frère, la investigadora de la Universidad de Bruselas.

Sudáfrica no es el único país donde los periodistas adoptaron códigos de prensa o establecieron consejos de prensa con el fin de defenderse de la regulación gubernamental. La Comisión de Quejas de la Prensa (PCC, por sus siglas en inglés) fue constituida en 1991 por un grupo de directores de prensa para evitar la creación de un consejo legal, según explicó el grupo de libre expresión del Reino Unido, Artículo 19. Asimismo, la creación de un Conseil de déontologie journalistique, o consejo de ética periodística, en Bélgica en 2009 surgió luego de la presión proveniente de los partidos políticos para que actuaran después de que medios belgas fueran acusados de cruzar la línea permitida al cubrir casos de secuestros de niños y pedofilia.

La tensión entre libertad de prensa y ética significa, “equilibrar derechos y obligaciones,” sostuvo ante el CPJ el autor y académico belga Benoît Grevisse. Este ejercicio depende, en gran medida, de la doctrina de periodismo a la que uno adhiera. La escuela de periodismo para interés público dio su aval a la ética como un elemento esencial en el ejercicio de la libertad de prensa. Todos los medios de calidad consideran que el respeto de normas elevadas es un impulso y no un impedimento para la libertad de prensa. “Una sociedad democrática necesita que exista una prensa genuinamente libre, independiente y responsable que profundice cada vez más”, escribió en Newsweek en 2011 Carl Bernstein, célebre por el caso Watergate, en un ensayo referido al escándalo por las escuchas ilegales de News of the World.

Algunos autores van más lejos. Stephen A. Ward, director del Centro  para la Ética Periodística de la Universidad de Wisconsin, sostuvo en su libro de 2011, Ethics and the Media, que el rol de la prensa y del periodismo libres “va más allá del mero ejercicio de su libertad de publicar  y abarca la preocupación ética sobre cómo facilita el discurso público en una sociedad pluralista”. White, de la Iniciativa de Periodismo Ético, señaló al CPJ, que “el periodismo tiene un propósito público que es el de brindar, tan honesta e independientemente como pueda, inteligencia precisa y confiable para las comunidades a las que presta servicio”.

Este periodismo orientado al aspecto cívico, no obstante, es sólo una de las muchas formas legítimas que reflejan diferentes criterios y misiones, tales como el periodismo impulsado comercialmente o el “libertario.” Y, nos guste o no nos guste, el periodismo malo es también periodismo. Los métodos poco éticos–que no han de confundirse con actos delictivos como las escuchas telefónicas–son inevitablemente parte de un escenario de prensa vibrante y tumultuoso.  Mucha gente se inquieta porque los intentos para eliminar dichos métodos por completo mediante regulaciones y sanciones podrían acarrear riesgos indebidos para todos los que participan en los medios.

En su libro La Civilización del Espectáculo, publicado en 2012, Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura , admitió que “el periodismo impulsado por el afán de escándalo es el hijastro perverso de la cultura de la libertad. No se puede suprimir esto sin asestarle un golpe mortal a la libertad de expresión”.

Uno de los defensores más contundentes del periodismo socialmente responsable, la Comisión Hutchins sobre Libertad de Prensa, coincide en esto. En su emblemático informe, “Una prensa libre y responsable”, publicado en 1947, decía: “El intento de corregir los abusos de la prensa, incluyendo la libertad de prensa, recurriendo a penas y controles legales es el primer impulso espontáneo de la reforma. Pero los peligros de la cura deben ponderarse versus los peligros de la enfermedad; cada definición de un abuso invita al abuso de la definición. Por lo tanto, deberá continuar existiendo mucha expresión pública mentirosa, venal y canallesca que busca refugiarse bajo el abrigo de una ‘libertad de prensa’ construida con fines muy diferentes. Existe una presunción práctica en contra del uso de la acción legal para frenar los abusos de la prensa”.

La autorregulación se ha vuelto un mantra dentro de muchas organizaciones de periodistas. La ven como el instrumento clave para sostener la  libertad de expresión, al tiempo que impide la interferencia del estado. Sin embargo, aun cuando muchos países democráticos, especialmente en Europa Occidental, cuentan con consejos de prensa establecidos y han adoptado códigos de ética que no parecen inhibir a la prensa, persiste la sospecha de que dichos sistemas de responsabilidad de los medios podrían recortar la audacia que permite una verdadera libertad de prensa. Para los escépticos, el llamamiento a ser responsables, a limitar el daño, arriesga interpretarse de modos que podrían–ostensiblemente para el bien del país y la paz de la comunidad–disuadir a periodistas y editores a enfocarse en notas sensiables vinculadas a la seguridad nacional, a relaciones raciales o a tensiones religiosas.

“Imaginen si en 1971, algún código de ética, oficial u otro, hubiese persuadido a Arthur Sulzberger de que no publicara los ultra confidenciales Papeles del Pentágono. Cuesta creer que algún código lo hubiese impulsado a publicar los supuestos secretos del gobierno”, escribió Tom Wicker, ex director adjunto de The New York Times, en su libro, On the Record: An Insider’s Guide to Journalism. “No hay nada que reemplace la integridad, el sentido de honor y el deseo de ser responsable de un periodista. Un código de ética específico es un pobre sustituto para cualquiera de estos atributos. Los códigos imponen precaución, limitan las opciones, e invocan la sabiduría convencional. No suelen alentar el coraje, la toma de riesgos y el desafío al status quo”.

Para algunos, el periodismo es una profesión de saqueadores. En su libro de 2007, Freedom for the Thought We Hate: A Biography of the First Amendment, Anthony Lewis cita al columnista del London Times, Bernard Levin, al explicar: “La prensa no tiene obligación alguna de ser responsable y será un día aciago para la libertad si alguna vez la incorpora. Somos y debemos seguir siendo vagabundos y estar fuera de la ley, porque sólo de este modo podremos mantener la fe en aquello por lo que vivimos, que es la búsqueda del conocimiento que otros desearían que no se buscara y la realización de comentarios que otros preferirían que no  hiciéramos”.

Aun así, inclusive si una policía de la virtud pueda ser más peligrosa para una sociedad libre que los reporteros sueltos, los partidarios de la libertad de expresión no pueden lavarse las manos y seguir adelante. En muchos casos, como hemos visto en algunos de los ejemplos anteriores, una cultura dominante de deficiencias éticas genuinamente compromete al periodismo y amenaza la independencia de los medios. “Los déspotas aman ver que la prensa libre se comporta mal”, escribió el ex editor del The New York Times Bill Keller luego del escándalo de News of the World. “Es más, les encanta ver a un gobierno libre reaccionando de modo inapropiado”. No hay modo de evadir el debate. “Nos hemos comprometido tanto con la defensa de los periodistas, que hemos sido a veces tibios en la divulgación o exposición del lado oscuro de nuestro arte”, comentó Rosental Alves, director del Centro Knight para Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, en una entrevista con Bill Ristow publicada por el Centro para la Assitencia Internacional a los Medios en 2010.

Los grupos de libertad de prensa deben recobrar enérgicamente el estandarte ético de quienes–déspotas y falsos moralistas–lo distorsionan. “La ética debe defenderse para evitar la peligrosa tendencia de las autoridades estatales a exigir más control”, indicó Aidan White.

“La ética no sólo implica obligaciones y prohibiciones”, el autor belga, Grevisse, sostuvo ante el CPJ. También incluye derechos de modo tal que los periodistas asuman sus responsabilidades particulares en relación al público.” La libertad de prensa, de hecho, suele ser un prerrequisito para el ejercicio de un periodismo ético. “La  capacidad para informar de modo ético tiene una característica esencial: la independencia periodística”, reconoció Peter Horrocks, director de noticias globales de la BBC, en una conferencia en África en agosto de 2013.

Luchar por valores éticos elevados en nombre de la libertad de prensa es un buen camino para irritar a los Robert Mugabes, Rafael Correas y Abdel Fattah el-Sisis del mundo y privarlos de una fácil coartada para desacreditar y silenciar al periodismo crítico.

Asesor Senior del CPJ,  Jean-Paul Marthoz es periodista y escritor de origen belga. Es también columnista de temas internacionales en Le Soir y profesor de periodismo en la Universidad Católica de Lovaina.