Bogotá, 16 de septiembre de 2013–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta a las autoridades colombianas a realizar una investigación exhaustiva sobre el asesinato de un conductor de un programa de radio ocurrido el miércoles. Édison Alberto Molina, un abogado y político quien conducía un programa en el que denunciaba corrupción gubernamental, fue asesinado a balazos en la ciudad de Puerto Berrío, según informes de prensa.
“Las autoridades deben realizar una investigación profunda sobre la muerte de Édison Alberto Molina, establecer el motivo y enjuiciar a los responsables”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Esclarecer y resolver el caso sería un importante paso para combatir el lamentable registro de impunidad de Colombia en casos de asesinatos de periodistas”.
Sujetos armados no identificados dispararon cuatro veces contra el rostro de Molina mientras se dirigía a su hogar con su esposa en una motocicleta, según informes de prensa. Su esposa resultó levemente herida, pero Molina murió en un hospital local, indicaron los informes.
Molina, de 40 años, conducía todos los miércoles un programa nocturno llamado “Consultorio Jurídico”, en la emisora comunitaria Puerto Berrío Stereo. Orlando González, director de Puerto Berrío Stereo y co-conductor del programa, señaló al CPJ que Molina con frecuencia utilizaba la emisión para acusar al gobierno local de corrupción. Agregó que Molina había recibido varias amenazas en los últimos meses, incluyendo una bolsa plástica llena de tierra negra y huesos no identificados que llegaron una semana antes de ser asesinado.
Molina también fue ex secretario de transportes y deportes del gobierno de la ciudad y un conocido abogado. Había presentado un total de 36 demandas contra el gobierno local alegando corrupción, sobrecostos y mal manejo de obras públicas, añadió González.
Benjamin Pelayo, un reportero en Puerto Berrío de la emisora Teleantioquia TV de Medellín, indicó al CPJ que Robinson Baena, un alcalde local, utilizó su propio programa en un canal de televisión comunitario para defender a su administración de las acusaciones de Molina y negó las denuncias de corrupción. Baena no respondió a los llamados del CPJ en busca de comentarios.
Juan Carlos Fuentes, jefe de policía en el distrito que incluye a Puerto Berrío, afirmó al CPJ que había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos (cerca de 10.500 dólares estadounidenses) para información que diera con la captura de los asesinos de Molina.
Colombia está atravesando este año un resurgimiento de la violencia y la intimidación contra periodistas. El 5 de mayo, ocho reporteros del interior que informan sobre la restitución de tierras por parte del gobierno fueron amenazados por un grupo que les dio 24 horas para abandonar la ciudad norteña de Valledupar. Ricardo Calderón, quien conduce la unidad de investigación de la revista Semana, escapó por poco de un intento de asesinato el 1 de mayo, según informes de prensa. La presencia de grupos criminales conocidos como las bacrim ha convertido a Antioquia en una de las regiones más peligrosas para los periodistas en Colombia, según la investigación del CPJ.
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