Por Mike O’Connor/Representante del CPJ en México
Capos del crimen organizado y políticos corruptos han salido impunes en los casos de asesinatos de periodistas en México desde hace tanto tiempo que no hay datos confiables sobre el número de muertos o una forma útil de medir los efectos devastadores para una democracia cuando la prensa de un país tiene miedo de decir la verdad. La investigación del CPJ muestra que, de los 69 periodistas muertos desde 1994 en México, 28 cayeron claramente por su labor informativa, y casi todos de ellos fueron asesinados. Pero los asesinatos comenzaron años antes, las cifras no son confiables, y los motivos son a menudo desconocidos, debido a la dudosa profesionalidad de las investigaciones. Gobiernos estatales simplemente no han logrado encontrar a los responsables y la mayoría de los periodistas que trabajan fuera de la Ciudad de México han decidido que su única protección es no informar sobre los temas que los asesinos no quieren.
Sin embargo, hay cifras exactas para mostrar la respuesta del país al problema: El 6 de junio de 2012, la Constitución mexicana fue modificada para otorgar mayor competencia al gobierno federal sobre delitos contra la prensa. Luego, el 3 de mayo de este año, una ley entró en vigor para explicar cómo se aplicaría esa enmienda. La ley fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y otorgó facultades ampliadas a la Procuraduría General de la República (PGR) en los casos donde los periodistas son víctimas de violencia. En la actualidad, el gobierno federal puede atraer cualquier caso serio en cualquier estado. Por fin, todo parece muy bien. Pero vale la pena detenerse y analizar la cuestión.
Existe una nueva ley, ¿pero eso va a significar un cambio real?
La respuesta está en juego en este preciso momento. Dos periodistas han sido asesinados desde que la ley entró en vigor y la PGR aún está decidiendo si va a ejercer competencia. Para algunas organizaciones de periodistas y grupos civiles que trabajaron mucho para conseguir la aprobación de la ley, el retraso parece ser una señal desagradable que las viejas reglas todavía se aplican. Las organizaciones internacionales y los diplomáticos extranjeros también están preocupados. Y un breve comentario personal: También estoy preocupado. Conozco a las familias de los periodistas caídos y en casi cualquier lugar fuera de la Ciudad de México conozco a periodistas aterrorizados que no cubren los temas que molestarían a políticos corruptos o a capos del crimen organizado para protegerse. A menudo son los temas más importantes. Viajo a los pueblos, ciudades y estados enteros donde los jefes del crimen deciden qué son las noticias que el público no va a recibir. Entonces cuando el gobierno federal decidió no tomar de inmediato los dos primeros asesinatos, confieso que me enojé. Todavía no sé si esa es la reacción correcta.
En esta situación, el gobierno federal está representado por una mujer que se llama Laura Borbolla. Es la fiscala especial de la PGR para delitos cometidos contra la libertad de expresión. Borbolla dice que la decisión de actuar o no en los dos casos es suya y que no se ha movido por buenas razones. Quiero creerle, porque hay mucho en juego. He estado impulsando a Borbolla, a veces más de una vez al día, para que actúe y que la PGR atraiga estos casos. La funcionaria ha solicitado paciencia porque, según afirma, en México la vida no es siempre nuevas leyes y líneas geométricas rectas con ángulos perfectos de 90 grados. Cómo usar las nuevas facultades en esta coyuntura es fundamental, insiste Borbolla, porque el gobierno federal no puede iniciar una serie de guerras con los estados sobre la competencia en los casos de periodistas. “Es cierto que tenemos la competencia pero yo quiero que los estados quisieran darnos estos casos por su voluntad, si es posible”, Borbolla indicó al CPJ. Soy escéptico, pero ella puede tener razón.
Vale la pena analizar brevemente a los dos casos, para saber lo difícil que es tomar la decisión correcta.
El primer periodista asesinado tras la aprobación de la ley fue Mario Jorge Chávez en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas. Fue uno de los fundadores del periódico digital El Ciudadano, según su sitio web. La página web cerró alrededor del 24 de mayo, fecha en que Chávez desapareció. Otros periodistas de Ciudad Victoria, donde estaba radicado el diario, indicaron al CPJ que cuatro personas que trabajaban con la publicación están en la clandestinidad. De acuerdo con funcionarios federales y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han examinado los registros de la policía estatal, la novia de Chávez afirmó a la policía que después de su desaparición recibió llamadas exigiendo un rescate, pero después las llamadas pararon. El 30 de mayo, revelan los archivos de la policía, la novia de Chávez, Maritza López, y su hermano, Carlos, denunciaron su desaparición, según funcionarios federales
Los archivos de la policía estatal muestran que la policía recibió una llamada anónima el 10 de junio que resultó en el descubrimiento del cuerpo de Chávez en un camino rural, según indicaron los funcionarios federales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su cuerpo había sido desmembrado, una práctica común en los homicidios cometidos por el crimen organizado. El informe de la policía indica que su cuerpo fue identificado oficialmente por López, su novia, en la morgue del estado y su identidad confirmada después por pruebas de ADN, según los funcionarios federales.
Pero si se le pregunta al portavoz de la procuraduría general del estado, Rubén Ríos, eso no fue así. “No tenemos ningún informe sobre la muerte de esta persona”, afirmó Ríos al CPJ. Ni hay un registro de la desaparición de Chávez, señaló Ríos. No hay ningún registro de su nombre en ningún informe policial reciente, insistió Ríos. Además, afirmó, no hay información sobre un cuerpo descubierto a lado de un camino rural el 10 de junio o en alguna fecha cercana.
Esto parecería ser un excelente ejemplo de por qué las investigaciones estatales en los crímenes contra periodistas producen tan malos resultados, y un ejemplo de por qué la nueva ley que otorga al gobierno federal mayor poder de tomar el control de una investigación es un paso adelante.
Sin embargo, un caso como éste comienza mal porque el trabajo inicial y fundamental de la policía fue realizado por un estado que tiene lo que podríamos llamar una mala actitud hacia la investigación. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo el trabajo forense en el domicilio de la víctima, donde fue visto por última vez? El Estado no lo hizo, indican los funcionarios federales. Tampoco hicieron trabajo forense donde encontraron el cuerpo, según afirman los mismos funcionarios. ¿Cuál fue el resultado de las entrevistas de las autoridades estatales con sus familiares u otras personas? Sólo entrevistaron a López y al hermano de la víctima, y las entrevistas fueron mal hechas, afirman los investigadores federales. El hermano de Chávez afirmó que se quedó aterrorizado por los investigadores estatales.
Mientras la fiscala especial Laura Borbolla no ha tomado competencia oficial sobre el caso, sí ha enviado a sus agentes para hacer una investigación paralela o para trabajar junto a los investigadores del estado. Esto, sin embargo, involucra a agentes federales con investigadores locales que están intentando encubrir el asesinato. Advertí a Borbolla que los policías locales probablemente están destruyendo pruebas y enterrando a testigos. “La próxima vez que sus agentes viajen a entrevistar testigos deberían llevar consigo algunas palas”, insinué: “Ellos van a tener que desenterrar a los testigos”. Acaso esto fue más dramático que exacto. Borbolla afirma haber encontrado a testigos claves y que en los dos meses desde que se identificó el cuerpo de Chávez, las autoridades locales se han mostrado más predispuestas a trabajar en el caso. La funcionaria afirma que su política de colaborar en lugar de enfrentarse en este primer caso, resultará en cooperación en casos futuros en otros estados. Queda por ver si es posible establecer un precedente exitoso con autoridades que afirman públicamente que la víctima sigue viva.
Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: La mayoría de los asesinatos de periodistas ocurren en los estados más sin ley, donde las autoridades locales y los grupos del crimen organizado a menudo trabajan en colusión. Si quiere sobrevivir en esos estados, es posible que la gente que trabaja con Borbolla tenga que tomar recaudos para no molestar a la policía local, empujarlos a un lado y tomar bruscamente los casos de periodistas.
La segunda muerte después de la aprobación de la ley ocurrió en Oaxaca, un estado en el sur del país. Las autoridades locales no han resuelto ningún asesinato de periodistas, según la investigación del CPJ, incluyendo el de un estadounidense quien murió en 2006. El pasado 17 de julio, el cuerpo de Alberto López Bello fue hallado golpeado y baleado fuera de la ciudad de Oaxaca. Cubrió la fuente policíaca para el periódico El Imparcial y era reportero policial del programa de radio “Foro Político”. Al principio, los funcionarios federales afirmaron que los investigadores estatales estaban haciendo un buen trabajo, así que no había ninguna razón para la intervención federal. Pero alrededor del 23 de julio, un correo electrónico largo con detalles claros comenzó a circular entre los investigadores del estado alegando que algunos de sus altos funcionarios eran responsables del asesinato porque el periodista sabía sobre sus conexiones con narcotraficantes importantes. Los autores del correo electrónico se identificaron como investigadores del estado disgustados por la corrupción, aunque el origen no está confirmado. Los periodistas locales afirmaron al CPJ que el correo electrónico parece creíble.
Una vez más, sin embargo, se hace difícil saber en quien pueden confiar las autoridades federales como socios en investigaciones. Existen buenas razones para pensar en las sensibilidades locales, pero hay mejores motivos para preocuparse por las autoridades locales, que encubren asesinatos o incluso pueden ser los asesinos.