Nueva York, 12 de marzo de 2013–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la pena de prisión dictada el viernes contra Yaco Martínez, director del diario La Nación, en la provincia de Carchi. Martínez fue condenado por haber supuestamente difamado a un ex gobernador tras la publicación de un artículo en el periódico, según informes de prensa.
Las acusaciones derivan de un informe de septiembre en La Nación donde se afirmaba que el ex jefe político Julio Torres estaría encargado del gobierno durante las vacaciones de la entonces gobernadora, María Elena Villarreal, a pesar de que él ya no ocupaba cargo formal, según informes de prensa. El ex funcionario se vio obligado a renunciar unos meses antes cuando un plan de distribución de gas causó protestas generalizadas. Villarreal negó las acusaciones y presentó una denuncia en contra de Martínez en su papel de director del diario, afirmando que su reputación había sido dañada, según el grupo local de libertad de prensa, Fundamedios. Villarreal también se vio obligada a renunciar semanas después de la publicación del artículo en relación con las protestas de gas.
Martínez fue condenado a un mes de prisión y ordenado a pagar 30.000 dólares estadounidenses en concepto de daños más los honorarios legales de Villarreal. El periodista indicó que apelará y argumentó que el juez debe ser retirado del caso porque, según Martínez, su esposa es prima de la demandante, según informes de prensa.
La decisión contradice un consenso emergente de más de una década por parte de tribunales de justicia y legislaturas en la región en el sentido de que las leyes civiles proporcionan reparación suficiente para casos de supuesta difamación. Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y declaraciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han argumentado en forma reiterada que los funcionarios públicos deben ser sometidos a un mayor nivel de escrutinio. Sin embargo, Ecuador ha impulsado un resurgimiento en el uso de leyes de difamación penal arcaicas por parte de algunos gobiernos de la región para silenciar el disenso.
“La libertad de expresión está realmente en peligro cuando un diario no puede informar sobre las actividades de los dirigentes políticos. Condenamos esta sentencia contra Yaco Martínez e instamos a las autoridades judiciales a revertir la condena en apelación”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Algunos políticos ecuatorianos pueden ser susceptibles al escrutinio, pero sus sensibilidades no deben determinar lo que los ciudadanos pueden leer o escuchar.”
El año pasado, los tribunales ratificaron fallos condenatorios por el delito de injurias calumniosas contra los ejecutivos del diario El Universoy los autores del libro El Gran Hermano en relación con su cobertura informativa crítica del gobierno. El mandatario Rafael Correa, quien interpuso las querellas, posteriormente indultó a los periodistas, pero los fallos judiciales podrían inhibir las investigaciones periodísticas.
- Para más datos y análisis sobre Ecuador, visite Ataques a la Prensa.