Por Mike O’Connor/ Representante del CPJ en México
Un total de 21 personas han sido detenidas por una ola de crímenes que incluyó 11 asesinatos (seis de los cuales fueron cometidos en contra de agentes de la policía), el secuestro durante unas horas de cinco empleados del diario El Siglo de Torreón, el asesinato de un candidato a la alcaldía, y el intento de homicidio de un alcalde en un área metropolitana grande en el centro de México, según un funcionario del gobierno federal de alto nivel.
La pregunta es, ¿los arrestos tendrán algún efecto sobre el clima de temor generalizado entre la prensa y el público de la región?
Los arrestos ocurrieron el miércoles, en su mayor parte en los alrededores de Torreón, Coahuila, un área dónde los periodistas y los ciudadanos han sido aterrorizados durante más de tres años, mientras dos grandes cárteles del crimen organizado luchan por el control de la plaza. El alcalde que fue presuntamente objeto del intento de asesinato es Rocío Rebollo Mendoza, de la ciudad de Gómez Palacio. Los sospechosos son miembros de lo que podrían ser nuevos grupos separatistas de estos cárteles más grandes, según indicaron funcionarios federales.
El Siglo de Torreón es el diario más grande de la región y ha estado bajo presión por los carteles para inclinar la cobertura a su favor, ya sea disminuyendo sus crímenes o exagerando los delitos de sus opositores, señalaron los periodistas al CPJ desde hace mucho tiempo. El diario publicó sólo un breve artículo sobre las detenciones para no antagonizar el cartel al que los sospechosos están acusados de pertenecer, según indicó un veterano editor. Afirmó que el periódico era bastante seguro de que los detenidos son los responsables del crimen. No estaba claro si había otros más prófugos que representarían una amenaza para el personal del diario.
Los periodistas locales afirmaron que la larga campaña de los grupos del crimen organizado está funcionando bien porque todos los medios –desde los periodistas de la calle hasta los principales editores y los propietarios de todas las organizaciones de noticias– tienen miedo a informar sobre temas vinculados al crimen organizado. El miedo se ha extendido a muchos en otros sectores no dedicados a informar de las seis organizaciones debido a recientes secuestros de empleados administrativos. Cinco empleados de El Siglo de Torreón fueron secuestrados el 8 de febrero durante varias horas, según informó el diario. El 19 de diciembre un empleado administrativo de la filial local del diario nacional Milenio también fue secuestrado y retenido durante varias horas, señalaron periodistas locales al CPJ. Milenio no quiso efectuar comentarios. El mismo día, un columnista y administrador del periódico Sol de la Laguna casi fue secuestrado, pero se escapó, según indicaron reporteros locales. Ni el columnista ni su diario harían comentarios, citando temores sobre su seguridad. La Laguna es el término general para el área que comprende la gran ciudad de Torreón y la ciudad más pequeña de Gómez Palacio, así como varias otras ciudades, pueblos y áreas rurales.
Dos corresponsales que informan desde la zona de La Laguna para medios nacionales fueron secuestrados durante varias horas en octubre, según indicaron al CPJ. Afirmaron que fueron golpeados por un grupo del crimen organizado porque no estaba satisfecho con la manera en que informaron sobre una noticia.
Los ataques y los asesinatos de periodistas no son inusuales en México, pero lo que está sucediendo en Torreón está cambiando el panorama de dos maneras distintas. En primer lugar, porque la prensa local ya ha dejado de cubrir completamente cualquier noticia que podría ofender a los grupos del crimen organizado en un centro de población importante, según indicaron los reporteros y editores. La autocensura parece dominar la labor informativa de El Siglo de Torreón, el blanco más reciente. Los periodistas de la zona se apresuran a decir que el diario no informa sobre temas que afectan a los intereses de los cárteles del crimen.
En segundo lugar, y más inquietante, el crimen organizado logró detectar la zona más vulnerable del periódico. Un editor senior afirmó al CPJ que si bien el diario puede proporcionar algún tipo de protección a sus periodistas más expuestos, aunque es poco probable, no puede proteger a los cerca de 400 empleados, desde administradores hasta encargados de impresión. “Entonces, ¿qué hacemos si comienzan a secuestrar a los hijos de nuestros secretarios desde sus escuelas?”, preguntó un editor.