Por John Otis/Corresponsal del CPJ en los Andes
Es, de lejos, el espacio más aburrido del periódico: cada día en El Universo, uno de los dos principales diarios de Ecuador, los lectores pueden encontrar ocho pequeñas fotos y breves noticias que resumen las actividades de los ocho candidatos presidenciales. Las notas tienen el mismo tamaño y están presentadas como un juego de ta-te-ti, menos el noveno cuadrado.
Esta cobertura monótona es uno de los resultados de las reformas a la legislación electoral que entraron en vigor en febrero de 2012 y que prohíben el sesgo informativo en la cobertura de campañas electorales, mientras les permiten a los candidatos demandar a los reporteros y medios de prensa que presuntamente infrinjan la ley. Para evitar las demandas judiciales, los editores de El Universo han asignado una página en el interior del diario en la cual dedican el mismo espacio a todos los candidatos, desde el que encabeza las encuestas –el presidente Rafael Correa, quien busca su tercer mandato– hasta candidatos marginales.
Este tratamiento informativo podría parecer imparcial y equilibrado, pero también es superficial. Periodistas y analistas de prensa manifestaron al CPJ que la legislación electoral ha entorpecido mucho más la práctica de un periodismo investigativo y agresivo de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero.
“Los medios han estado cubriendo los actos de campaña sin suministrar mucho análisis, debate o discusión”, expresó al CPJ César Ricaurte, director de la organización defensora de la libertad de prensa Fundamedios, con sede en Quito. “Ha sido muy diferente a la cobertura informativa de elecciones anteriores”.
Un reciente monitoreo por parte de Fundamedios sobre los 10 principales medios impresos del país, llevado a cabo durante las tres primeras semanas de enero de 2013, arrojó que el 93 por ciento de las notas de prensa sobre las elecciones eran breves y descriptivas, con poco espacio para el análisis o la opinión. El informe apuntó que “cabría pensar que varios periodistas y editorialistas han preferido la autocensura”.
Estos periodistas parecerían tener buenos motivos para andar con cautela. El año pasado, la revista Vistazo recibió una multa de 80 mil dólares por expresar una opinión sobre un referendo nacional. El editorial que la revista publicó el 6 de mayo de 2011 exhortaba a los votantes a rechazar partes de una iniciativa, sometida a referendo el 7 de mayo, que comprendía medidas que le otorgaban al gobierno mayor control sobre el contenido y la propiedad de los medios. Un tribunal dictaminó que el editorial constituía propaganda política y que violaba una disposición de la legislación electoral que prohibía “difundir propaganda política o electoral” en los días previos a una elección.
Existe el temor de ser objeto de represalias similares si los medios adoptan una posición firme en un editorial o publican un artículo crítico sobre un candidato. Un editor que no quiso ser identificado, describió que redactaba y corregía artículos y columnas hasta cuatro veces para evitar cualquier indicio de polémica y con ello la posibilidad de una multa.
Este editor se refirió a las recientes denuncias publicadas en los medios de que Jorge Glas, compañero de fórmula del presidente Correa y candidato a la vicepresidencia, podría haber plagiado parte de la tesis de grado presentada en su facultad de ingeniería en los 90. Glas ha rechazado las imputaciones.
La publicación en la cual trabaja este editor no ha abordado estas revelaciones por temor a que el Consejo Nacional Electoral –la institución gubernamental responsable de monitorear la cobertura informativa de las elecciones– pueda interpretarlas como propaganda electoral concebida para perjudicar a la fórmula Correa-Glas.
El mismo dilema se presenta en lo que respecta a los cientos de candidatos que se han postulado para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional. Muchos de ellos son antiguos funcionarios gubernamentales. No obstante, profundizar en denuncias respecto a que algunos de ellos puedan haber actuado con ineptitud o de manera corrupta durante su gestión en el cargo público podría ser interpretado como propaganda electoral, explicó Janet Hinostroza, presentadora de un programa noticioso transmitido por el canal privado Teleamazonas.
“No nos atrevemos a investigarlas. Nadie lo hace, por miedo a ser sancionado en virtud de la legislación electoral”, declaró Hinostroza al CPJ. “Es absurdo pero es la realidad”. Christian Zurita, reportero de El Universo que fue demandado por Correa por sus denuncias periodísticas sobre la corrupción oficial, expresó al CPJ que la mayoría de las investigaciones del periódico están suspendidas hasta después de las elecciones.
Al menos un medio ha cancelado una investigación periodística sobre presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, por temor a sufrir represalias, los periodistas de ese medio le indicaron al CPJ. Para difundir la información, se la ofrecieron a otros medios para ver si existía el interés de publicarla. Una vez que otro medio la publicó, los reporteros que realizaron la investigación original retomaron el tema y produjeron artículos basados en la reacción del gobierno.
Mientras los medios privados se contienen, algunos editores y reporteros aseveran que los medios controlados por el gobierno son usados para difundir propaganda sobre Correa, a quien casi todos los pronósticos declaran ganador de otro mandato de cuatro años.
En una intervención en una conferencia de periodismo realizada en Quito en noviembre, José Hernández, subeditor del diario Hoy, observó que TC y Gama TV, dos canales de televisión confiscados por el gobierno, ofrecieron una exhaustiva cobertura cuando Correa inscribió su candidatura, mientras ignoraban actos similares de los candidatos rivales.
TC y Gama TV también transmitieron un video satírico que vinculaba al banquero y candidato presidencial opositor Guillermo Lasso a la crisis bancaria que sufrió el país a finales de los 90 y que conllevó al sumamente impopular rescate de las instituciones financieras por parte del gobierno.
El muy elaborado video, que muestra un elenco de una docena de actores y es una versión libre de la ópera “La Traviata”, se centra en un personaje a imitación de Lasso que aparece en un suntuoso banquete y enseguida se pone a entonar una canción sobre cómo su victoria garantizará la vuelta de la clase alta ecuatoriana al poder. Aunque los canales de TV no fueron sancionados, la transmisión del video supuestamente violaría la legislación electoral, y Lasso lo denunció como parte de lo que llamó una “guerra sucia” contra su campaña.
Patricio Barriga, el secretario de Comunicaciones encargado del gobierno, insistió en que los medios privados están llevando adelante una campaña de desprestigio incluso más sucia contra Correa y le han otorgado un micrófono abierto a sus críticos. Barriga rechazó denuncias de que los periodistas se estaban viendo obligados a restringir la cobertura informativa del proceso electoral y argumentó que la abundancia de notas de prensa críticas era una prueba evidente de que la libertad de prensa imperaba en Ecuador. Los medios privados “están siendo irresponsables”, Barriga resaltó al CPJ. “En lugar de informar, quieren desempeñar el papel de la oposición al gobierno y eso es inclusive peor”.
Orlando Pérez, director del periódico El Telégrafo, controlado por el Estado, expresó que la nueva normativa que rige la cobertura noticiosa electoral está obligando a los medios a ser más cuidadosos y profesionales, lo que para él era algo positivo.
A medida que se acerca la jornada electoral, muchos reporteros y editores se preguntan cómo cubrirán el acontecimiento, especialmente a raíz de la multa aplicada a la revista Vistazo.
La legislación electoral declara el “silencio electoral” de los medios a partir de un período de 48 horas previo al comienzo de la votación y en vigor hasta el cierre de las urnas. La normativa prohíbe la publicación o transmisión de publicidad, opiniones o imágenes vinculadas a las elecciones, con lo cual al parecer quedarían descartadas las fotos inclusive muchas notas de prensa sobre los candidatos y las elecciones, señaló Mónica Almeida, una editora de El Universo, quien añadió: “No sé lo que vamos a hacer el día de las elecciones”.
[Informe desde Quito, Ecuador]
John Otis, corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, también trabaja como corresponsal de la revista Time y del Global Post. Es autor del libro “Law of the Jungle”, publicado en 2010, sobre contratistas militares estadounidenses secuestrados por la guerrilla colombiana, y está radicado en Bogotá, Colombia.