La administración del presidente Barack Obama continuó tomando medidas drásticas contra los funcionarios que filtran informaciones de carácter sensible a la prensa. Un ex oficial de la CIA se declaró culpable del delito de filtrar la identidad de un agente encubierto, con lo cual, en la práctica, puso fin a la batalla jurídica de tres periodistas que luchaban contra citatorios gubernamentales para que declararan como testigos en el caso. El director de Inteligencia Nacional anunció nuevas reglas para frenar las filtraciones, y el Senado debatió un proyecto de ley que restringiría aún más la facultad de los funcionarios para compartir información de inteligencia con la prensa. En cuestiones relativas al acceso de los medios, un juez militar rechazó la solicitud de varios medios de transmitir el juicio que se realiza en la Base Naval de Guantánamo contra los sospechosos acusados del ataque al destructor USS Cole, ocurrido en 2000. Y varias organizaciones de medios apelaron la decisión de un tribunal militar de sellar documentos relacionados con el consejo de guerra contra el soldado Bradley Manning, quien fue acusado de filtrar documentos de carácter clasificado a la organización WikiLeaks. El reportero James Risen, el periodista Ed Moloney y el documentalista Ken Burns continuaban luchando contra citatorios que los obligarían a entregar trabajos periodísticos no publicados o declarar como testigos en investigaciones penales. Varios periodistas fueron arrestados mientras cubrían protestas vinculadas al movimiento Ocupa.
La administración del presidente Barack Obama continuó tomando medidas drásticas contra los funcionarios que filtran informaciones de carácter sensible a la prensa. Un ex oficial de la CIA se declaró culpable del delito de filtrar la identidad de un agente encubierto, con lo cual, en la práctica, puso fin a la batalla jurídica de tres periodistas que luchaban contra citatorios gubernamentales para que declararan como testigos en el caso. El director de Inteligencia Nacional anunció nuevas reglas para frenar las filtraciones, y el Senado debatió un proyecto de ley que restringiría aún más la facultad de los funcionarios para compartir información de inteligencia con la prensa. En cuestiones relativas al acceso de los medios, un juez militar rechazó la solicitud de varios medios de transmitir el juicio que se realiza en la Base Naval de Guantánamo contra los sospechosos acusados del ataque al destructor USS Cole, ocurrido en 2000. Y varias organizaciones de medios apelaron la decisión de un tribunal militar de sellar documentos relacionados con el consejo de guerra contra el soldado Bradley Manning, quien fue acusado de filtrar documentos de carácter clasificado a la organización WikiLeaks. El reportero James Risen, el periodista Ed Moloney y el documentalista Ken Burns continuaban luchando contra citatorios que los obligarían a entregar trabajos periodísticos no publicados o declarar como testigos en investigaciones penales. Varios periodistas fueron arrestados mientras cubrían protestas vinculadas al movimiento Ocupa.
Al menos seis periodistas fueron detenidos tras quedar atrapados en los arrestos masivos de manifestantes durante una protesta del movimiento Ocupa en Oakland, California, en enero. Las detenciones giraron en torno a si los periodistas portaban credenciales de prensa adecuadas.
Desde 2009, el gobierno del presidente Obama ha instruido seis procesos relacionados con filtraciones, el doble de todos los procesos instruidos en todos los gobiernos anteriores sumados, según el diario The New York Times. Todos los poderes del Estado buscaron adoptar medidas drásticas en 2012 contra las filtraciones de información a la prensa.
El juez de un tribunal de distrito federal con sede en San Francisco le ordenó al FBI pagar $479,459 al periodista Seth Rosenfeld por sus costos legales en relación con su solicitud de documentos públicos, de acuerdo con la organización Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP, por sus siglas en inglés). Rosenfeld solicitó información sobre los movimientos de protesta de la década del 60 radicados en Berkeley, California, y sobre la relación entre el FBI y el ex presidente Ronald Reagan. Rosenfeld debió presentar una demanda para obligar a la divulgación de la información, que había sido dilatada por mucho tiempo.
Estados Unidos alberga la mayor cantidad de periodistas exiliados del mundo, según datos del CPJ. Aunque estos periodistas encuentran la seguridad en el exilio, solamente uno de cada cinco puede volver a ejercer la profesión.