Indicios de encubrimientos y desapariciones sin explicación

Por María Salazar-Ferro

En las primeras horas del 25 de enero de 2010, Sandhya Eknelygoda caminó hasta la estación de policía más cercana a su hogar en las afueras de Colombo, en Sri Lanka. Sandhya había estado despierta toda la noche buscando con desesperación a su marido. Durante los pasados cinco meses, Prageeth Eknelygoda, caricaturista y columnista político, había sido secuestrado, perseguido y amenazado. Temeroso, la pareja había acordado que Prageeth se comunicaría a menudo con Sandhya, pero no lo había hecho la noche anterior. En la delegación, la policía se mostró displicente. En primer lugar, se le indicó a Eknelygoda que se hallaba en la jurisdicción equivocada. Los oficiales luego explicaron que Sandhya mentía e insinuaron que su esposo estaba oculto en su casa. Argumentaron que los que buscaban una fama rápida con frecuencia inventaron desapariciones. Finalmente, por la noche, un policía aún renuente registró su denuncia.

Desde entonces nada se ha sabido sobre el paradero de Prageeth Eknelygoda. Figura entre los 35 periodistas en todo el mundo que desaparecieron en las últimas dos décadas, según la investigación del CPJ. Veintinueve eran periodistas locales. La mayoría cubría conflicto, crimen o corrupción. Sus familias se esfuerzan por salir adelante económica y psicológicamente. Sus colegas, temiendo un destino semejante, censuran su propia labor informativa. Sin un cadáver o un crimen notorio, los casos permanecen en un limbo legal. En al menos tres casos, incluyendo el de Eknelygoda, el carácter delicado del trabajo periodístico y la pertinaz falta de avances en las investigaciones sugieren encubrimientos de las autoridades, quienes estarían vinculadas con las desapariciones.

Más de la mitad de las desapariciones se produjeron en México, Rusia, Irak y Sri Lanka, países con altos índices de impunidad en los asesinatos de periodistas, según el Índice de Impunidad del CPJ. México, uno de los países más peligrosos para la prensa, registra 11 casos en los últimos 10 años, todos excepto uno de los crímenes bajo el mandato del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entre los desaparecidos se encuentra María Esther Aguilar Casimbe, veterana reportera policial de los periódicos regionales El Diario de Zamora y Cambio de Michoacán, quien desapareció en 2009 cerca de su hogar en Zamora, un pequeño pueblo en el estado central de Michoacán.

El 11 de noviembre de 2009, alrededor de las 11 a.m., Aguilar Casimbe se fue de su casa para cubrir un ejercicio de evacuación en una guardería para niños ubicada cerca de su hogar. Sólo llevaba su teléfono celular y un anotador, señaló su hermana Carmen al CPJ. Aguilar Casimbe nunca volvió a su casa para llevar a sus dos hijas pequeñas a la escuela. En las semanas anteriores, había estado informando sobre casos de brutalidad policial y sobre un funcionario público local acusado de corrupción.

Al menos 15 de los periodistas desaparecidos en el mundo cubrían las fuentes del crimen y corrupción oficial. Entre éstos, se destaca el reportero independiente franco-canadiense Guy-André Kieffer, quien desapareciera del estacionamiento de un supermercado en Abiyán, la capital comercial de Costa de Marfil, la noche del 16 de abril de 2004. Experto en el mercado de materias primas, y especializado en cacao y café, Kieffer había vinculado en artículos recientes el comercio de cacao marfileño con la venta de armas. Aunque las amenazas, los ataques y el hostigamiento de la prensa son frecuentes en Costa de Marfil, Kieffer creía desde hacía mucho que su posición como corresponsal extranjero lo protegería. Sólo en los días previos a su desaparición fue que Kieffer reconoció ante un colega que estaba atemorizado, según describió al CPJ su esposa, Osange Silou-Kieffer.

 

Prageeth Eknelygoda también creía que su vida estaba en peligro. Días antes de su desaparición, el periodista le comentó a su esposa acerca de una lista negra en la cual supuestamente aparecía su nombre. Era el pico de una escalada de intimidaciones, afirmó Sandhya Eknelygoda. En agosto de 2009, el caricaturista había sido raptado cerca de su hogar por individuos no identificados que circulaban en una camioneta blanca, y había sido retenido durante un día, atado y con los ojos vendados. Luego de su liberación, Eknelygoda se dio cuenta de un vehículo sin placas estacionado fuera de su domicilio y oía un clic en el teléfono que lo hizo pensar que estaba interceptado. Además recibió amenazas telefónicas provenientes de individuos que lo amenazaban con romperle sus brazos y piernas si no dejaba de escribir, reveló al CPJ la esposa de Eknelygoda.

Pero las amenazas nunca se investigaron, según afirmó Sandhya Eknelygoda. Incluso su secuestro en 2009 quedó sin resolver. De hecho, los ataques a los medios quedaron, en gran medida, impunes durante el período en que Mahinda Rajapaksa estuvo en el poder. Durante sus ochos años como primer ministro y en la actualidad como presidente, se registraron nueve asesinatos de periodistas y ni un solo autor material fue llevado ante la justicia. La investigación del CPJ muestra que todos los que murieron habían informado sobre cuestiones políticas delicadas y eran críticos del gobierno. En el momento de su desaparición, dos días antes de la elección presidencial de 2010, el trabajo de Eknelygoda para el sitio de Internet Lanka eNewsse centraba en la supuesta corrupción entre miembros de la familia Rajapaksa, según indicó Sandhya Eknelygoda al CPJ.

Los informes de Kieffer también parecen haber tocado una fibra sensible dentro de la familia presidencial marfileña. En los meses posteriores a su desaparición, las autoridades locales y las francesas iniciaron investigaciones independientes que apuntaban a Michel Legré, empresario local con quien Kieffer fue visto por última vez y que estaba vinculado por su matrimonio a la entonces primera dama, Simone Gbagbo. Legré fue arrestado en junio de 2004 y acusado en Costa de Marfil por el secuestro y asesinato de Kieffer, aunque nunca se halló su cuerpo. En octubre de 2005, Legré, quien había acusado a varios funcionarios del gobierno de Gbagbo de complicidad en el asunto Kieffer, fue liberado por falta de pruebas. Ninguno de los mencionados fue arrestado.

Desde entonces, la investigación sufrió otros intentos fallidos. En enero de 2006, las autoridades francesas arrestaron al ex oficial del ejército marfileño Jean-Tony Oulaï en París por sospechas de que había encabezado la unidad comando que había secuestrado a Kieffer. Oulaï negó toda participación y fue liberado un mes después. Otras pistas y rumores se sucedieron, incluyendo uno que condujo a los investigadores a un cadáver enterrado en la región occidental de Issia en enero de 2012, hecho que revivió la atención de los medios por el caso. Pero en pocos días las pruebas de ADN determinaron que los restos no eran los de Kieffer y la investigación regresó al punto de partida. El Juez Patrick Ramaël, que encabeza la investigación francesa, no respondió a un correo electrónico enviado por el CPJ para solicitar comentarios.

La investigación sobre el paradero de Aguilar Casimbe se vio paralizada debido a la ausencia de testigos. Algunos no se presentaron por temor, especula la hermana de la periodista. Otros, afirmó, murieron desde que empezó la investigación. Pero el proceso también se complicó. Las autoridades de Zamora no iniciaron la búsqueda de la reportera el día en que desapareció y pidieron a su familia que esperara en caso de que Aguilar Casimbe regresara. Una vez abierta la investigación, el caso se trasladó cada dos o tres semanas a diferentes jurisdicciones en el estado, con poco éxito. En 2010, el fiscal especial para atención de crímenes contra la prensa en Ciudad de México abrió una investigación federal paralela enfocándose en la labor informativa de Aguilar Casimbe. Pero hasta la fecha, no ha habido respuestas. El principal investigador del caso Aguilar Casimbe de la fiscalía especial rehusó comentar, aludiendo motivos de protocolo oficial.

En Colombo, frustrada por la falta de avances, Sandhya Eknelygoda ha impulsado una campaña incansable para encontrar respuestas. Días después de presentar su reclamo inicial, hizo una segunda presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, donde los funcionarios sólo le tomaron declaración. Eknelygoda afirmó al CPJ que ha escrito a la Comisión varias veces con posterioridad, pero a mitad de 2011 se le pidió que dejara de contactar a sus miembros. También alcanzó a figuras clave en el gobierno de Rajapaksa. “Le escribí al presidente y a la primera dama, al fiscal general y a otros miembros del gabinete, y a miembros del parlamento pidiéndoles ayuda”, expresó Eknelygoda. “No ha habido respuesta alguna”.

En febrero de 2010, presentó un escrito de habeas corpus ante la corte de apelaciones de Colombo, pidiendo información sobre el paradero de su esposo o sobre sus restos. Desde entonces, hubo audiencias periódicas, pero los policías y los funcionarios del gobierno llamados a testificar sobre la investigación no brindaron ningún aporte sustancial. La falta de compromiso por parte del gobierno fue manifiesta desde el inicio, afirmó Ruki Fernando, activista local de derechos humanos y amigo de la familia Eknelygoda, quien asistió a las audiencias públicas. “Es puro tecnicismo, burocracia y eso los está frenando”, explicó al CPJ. “Si el gobierno no es responsable, entonces las autoridades debieran mostrarse ansiosas por averiguar quién está detrás del crimen y probar que no son ellos”. Incluso si las autoridades de Sri Lanka no estuviesen detrás de la desaparición, su inacción las hace cómplices, afirmó Fernando. El CPJ buscó comentarios de la misión permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde un funcionario derivó las consultas a la embajada en Washington. Un funcionario de la embajada se negó a efectuar comentarios.

En el exterior, Eknelygoda hizo llamamientos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Secretario General Ban Ki-moon. Viajó a Estados Unidos y Europa para hablar sobre el caso. En su país, asumió el rol de vocera en el tema de las desapariciones, organizando vigilias y servicios religiosos, y se convirtió en una defensora de la libertad de expresión. “Hay pocas protestas en las que Sandhya no esté presente”, afirmó su amigo Fernando al CPJ. La búsqueda de su marido ha redefinido a Sandhya Eknelygoda como figura pública, un rol que según Fernando parece cubrir su vida personal.

 

Familiares de periodistas desaparecidos suelen estar más dedicados a las investigaciones policiales y demás acciones que aquellos de periodistas asesinados, según el análisis del CPJ. “Por sobre todo, quieren saber qué les sucedió a sus seres queridos”, afirmó Laurence de Barros-Duchène, coordinador de salud mental del Comité Internacional de la Cruz Roja, en una entrevista en 2010 sobre las familias de los desaparecidos. “Se vuelve una obsesión y una fuente de constante angustia”. Según los familiares que hablaron con el CPJ, no obstante, su búsqueda no es de justicia, ni tampoco de obtener los detalles sobre el supuesto crimen. La información que buscan es más sencilla: quieren saber si sus seres queridos están vivos o muertos.

Sin la existencia de restos, afirmó Silou-Kieffer, el duelo es imposible, y llega a lo absurdo. “Cuando soy práctica, creo que está muerto, que murió la noche que desapareció”, afirmó Silou-Kieffer sobre su esposo. “Pero hasta tanto no tenga un cuerpo, nunca admitiré que está muerto porque la verdad es que si vive en alguna parte, y me escucha decir que está muerto, es ahí cuando morirá”.

La perseverancia en la búsqueda de respuestas puede aislar a los familiares inmediatos de sus comunidades, amigos, e incluso de redes más extendidas de la familia. En el caso de Silou-Kieffer, afirma, ha habido desavenencias cuando los amigos le piden que admita que su esposo ha muerto. “Ellos indican que todos saben que fue asesinado, pero yo no lo sé. Les digo que no tengo pruebas”, afirma. Eknelygoda señaló que algunos amigos han dejado de vincularse con ella y sus hijos. Explicó al CPJ que cree que algunos se han distanciado por temor, y otros porque trabajan para el gobierno y no les gusta lo que hace.

La incertidumbre impregna las vidas de las familias de los desaparecidos. Para Silou-Kieffer, tras siete años, la desaparición de su marido sigue arrojando dudas inclusive sobre quién es ella. “¿Cómo me describo a mí misma cuando completo un formulario de rutina? ¿Soy casada, soltera, o viuda”? se pregunta.

Pero el impacto psicológico es quizás más severo en los niños. Carmen Aguilar Casimbe señala que sus dos sobrinas, Frida Sofía, de 11 años, y Fátima del Carmen, de 10, “viven en permanente incertidumbre. Hablan muy poco, pero cuando ven la fotografía de su madre o algo que les recuerda a ella, lloran y dejan de hablar”. Ambas niñas tuvieron necesidad de contar con asistencia psicológica, igual que los hijos de Eknelygoda, Sathyajith, de 18 años, y Harith, de 15.

Luego existen serias preocupaciones financieras. En la mayoría de los casos, las familias perdieron la principal fuente de ingresos, lo que les ha exigido ajustes importantes para asegurar la supervivencia. En algunos casos, la dedicación al caso remplaza a las necesidades básicas. Eknelygoda, por ejemplo, dejó su trabajo como corredora de seguros tras la desaparición de su marido de modo tal que pudiese dedicarse tiempo completo a escribir cartas, hacer llamados telefónicos y asistir a eventos. Ella y sus hijos viven de la venta de un libro de caricaturas y escritos de Prageeth Eknelygoda, complementado con pequeñas donaciones de amigos, familia y organizaciones como el CPJ.

El apoyo de otros periodistas y grupos de derechos humanos, en el extranjero y en sus países, fue crucial para estas familias. “Existe enorme consuelo en la solidaridad”, afirmó Eknelygoda. Los periodistas de Sri Lanka siguen siendo hostigados, afirmó, en especial los colegas de su esposo en Lanka eNews, cuyas oficinas fueron incendiadas, obligando a cerrar el medio y a que al menos un periodista huyera del país. No obstante, los reporteros locales trabajaron de modo incansable para mantener viva la causa de Eknelygoda.

Del mismo modo, los periodistas que trabajaban con Kieffer se unieron para exigir respuestas. En los meses tras su desaparición, un grupo liderado por la colega de Kieffer Aline Richard formaron el comité por la Verdad para Guy-André Kieffer, que ha seguido de cerca el caso y organiza eventos anuales en el aniversario de su desaparición. “Existimos porque si no hay presión sobre las autoridades, no hay caso alguno”, indicó Richard al CPJ. Los periodistas marfileños también brindaron su apoyo y mantuvieron al caso vivo en la opinión pública, enviando un mensaje a las autoridades en el sentido que no dejarán de mantenerse alertas, afirmó Silou-Kieffer al CPJ. “Los colegas nunca deben dejar de buscar respuestas; no deberían darse por vencidos cuando uno de los suyos desaparece”, afirmó Silou-Kieffer, quien es también periodista.

En México, sin embargo, la respuesta ha sido inversa. Los periodistas locales se mantuvieron en general alejados de la investigación o incluso de hacer público el caso de Aguilar Casimbe por temor a represalias, según comentó un periodista de Michoacán que pidió no ser identificado. “Un caso como éste tiene un profundo efecto en los colegas que trabajan en el área. Siembra temor”, afirmó el periodista. “Afecta a todos los periodistas porque no queremos que nos suceda lo mismo”. El reportero señaló al CPJ que la mayoría de los medios locales evitan la fuente policíaca en Michoacán, la misma que cubría Aguilar Casimbe, y sólo publican declaraciones oficiales. “Tenemos que autocensurarnos porque es la única manera de protegernos”, aseguró.

Fernando también cree que la desaparición de Prageeth Eknelygoda apuntó a silenciar a más de un periodista y fue un mensaje para toda la prensa de Sri Lanka. “Cuando algo así sucede”, afirmó Fernando, “los periodistas viven pensando cuándo les tocará a ellos y qué deberían publicar o qué no”. Pero Sandhya Eknelygoda afirma que la autocensura no es la respuesta. “¿Por qué habría yo de impedir que mi marido trabajara”? se pregunta. “No estaba cometiendo ningún delito. No estaba haciendo nada malo”.

 

María Salazar-Ferro es coordinadora de la Campaña de Impunidad y del Programa de Asistencia a Periodistas del CPJ. Nacida en Bogotá, estudió en la Universidad de los Andes y se graduó de la Universidad de Virginia. Cubre temas sobre periodistas exiliados y desaparecidos. Representó al CPJ en misiones a México y las Filipinas, entre otras.