El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los principales medios de comunicación se intensificó. Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, el gobierno continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable, de acuerdo con un informe especial del CPJ. Tanto la Corte Suprema como un tribunal de apelaciones federal le aplicaron una multa al ejecutivo por incumplir el fallo, pero éste no mostró ninguna señal de que lo acataría. El gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública. A su vez, esos grupos de medios criticaron incesantemente al gobierno. Como resultado, se creó un clima de gran polarización, donde los medios dedican considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedan privados de fuentes informativas objetivas sobre asuntos vitales de interés público.
El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los principales medios de comunicación se intensificó. Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, el gobierno continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable, de acuerdo con un informe especial del CPJ. Tanto la Corte Suprema como un tribunal de apelaciones federal le aplicaron una multa al ejecutivo por incumplir el fallo, pero éste no mostró ninguna señal de que lo acataría. El gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública. A su vez, esos grupos de medios criticaron incesantemente al gobierno. Como resultado, se creó un clima de gran polarización, donde los medios dedican considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedan privados de fuentes informativas objetivas sobre asuntos vitales de interés público.
En dos casos distintos separados por escasos días el uno del otro, atacantes tomaron represalias en agosto contra los periodistas del interior Silvio Novelino y Hernán García, quienes habían investigado presuntos actos de corrupción oficial, según datos del CPJ. Un sujeto desconocido lanzó un cóctel Molotov contra el auto de Novelino, mientras que un funcionario del gobierno local fue acusado de haber amenazado a García a punta de pistola. La organización Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó otras decenas de violaciones de la libertad de prensa en 21 provincias entre enero y agosto de 2012. Las violaciones consistieron en amenazas, agresiones, ataques contra instalaciones de medios, confiscación de equipos y obstrucción del trabajo periodístico.
Santa Fe: 12 Ciudad de Buenos Aires: 11 Provincia de Buenos Aires: 11 | Córdoba: 9 Río Negro: 6 Misiones: 6 | Salta: 5 La Pampa: 5 Entre Ríos: 5 Jujuy: 5 |
El número de casos ha disminuido significativamente desde noviembre de 2009, cuando el Congreso despenalizó la difamación en asuntos de interés público, según un informe del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) que revisó el período de 16 meses anterior y posterior a la entrada en vigor de la reforma. Se pueden interponer demandas penales por calumnia e injuria si la parte acusadora argumenta que el asunto no involucra el interés público.
De acuerdo con el informe "Quid pro quo: La publicidad oficial en la Argentina y sus múltiples facetas", elaborado por Martín Becerra y publicado por la organización sin fines de lucro Poder Ciudadano, el gobierno federal solamente colocó 47 avisos publicitarios en los canales de TV propiedad de Grupo Clarín entre mayo y octubre del 2011.
2,274 | Avisos publicitarios del gobierno federal en el canal de TV estatal |
2,306 | Avisos publicitarios del gobierno federal en los canales de TV del Grupo Uno, aliado al gobierno |
1,555 | Avisos publicitarios del gobierno federal en el canal de TV del Grupo Infobae, también aliado al gobierno |
47 | Avisos publicitarios del gobierno federal en los canales de TV de Grupo Clarín |
Grupo Clarín ha impugnado en los tribunales las disposiciones de la ley de medios audiovisuales de 2009, la cual prevé la desinversión de una cantidad significativa de activos. Los defensores de la ley argumentan que restringirá los monopolios y democratizará la propiedad de los medios, aunque sus críticos sostienen que también tiene la intención de perjudicar a Grupo Clarín.
Octubre de 2009: | La nueva legislación de medios audiovisuales ordena al Grupo Clarín y a otras empresas de medios a desprenderse de algunos activos en el plazo de un año. Grupo Clarín de inmediato interpone un recurso jurídico que impugna la constitucionalidad de la medida. |
Diciembre de 2009: | Un juez de la provincia de Mendoza suspende la implementación de la ley mientras los tribunales conocen las distintas impugnaciones. |
Octubre de 2010: | Un fallo de la Corte Suprema establece que algunas disposiciones de la ley pueden entrar en vigencia, pero ratifica la suspensión de las disposiciones relativas a la desinversión. |
Mayo de 2012: | La Corte Suprema dictamina que la medida cautelar relativa a la desinversión vence en diciembre de 2012. El gobierno declara que aplicará la ley y que Grupo Clarín debe desinvertir. |
Diciembre de 2012: | Un tribunal de segunda instancia prorroga la medida cautelar hasta que la justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas. |