Bogotá, 10 de enero de 2013–Las autoridades venezolanas anunciaron el miércoles por la tarde que iniciaron un procedimiento administrativo contra un canal de televisión privado que había emitido informes que cuestionaron la legalidad de posponer la toma de posesión del presidente Hugo Chávez. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta al gobierno a retirar esta investigación politizada de forma inmediata y poner fin al acoso persistente contra Globovisión, el único canal crítico del gobierno.
Los spots de Globovisión, que fueron emitidos durante varias semanas, comenzando a finales de diciembre, consistieron en fragmentos de funcionarios surgiendo el aplazamiento de la toma de posesión y discursos de Chávez en los que juró respetar la constitución. Los cuatro spots también incluyeron artículos constitucionales que describen los procedimientos para la toma de posesión y parecían contradecir las declaraciones de los funcionarios. Estaba previsto que Chávez asumiera hoy su mandato, pero se está recuperando en La Habana de una operación de un tipo de cáncer no especificado. El Tribunal Supremo de Justicia decidió el miércoles que la toma de posesión podía ser pospuesta. El tribunal no especificó la fecha futura.
Pedro Maldonado, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, o Conatel, anunció el miércoles tras la decisión del tribunal que le abrirá un procedimiento administrativo a Globovisión por supuesta violación de la Ley de Responsabilidad Social relacionado con los seguimientos que podrían causar “zozobra” o “alteración del orden público”, según informes de prensa. Las autoridades han utilizado con frecuencia esta ley para sancionar a los medios críticos, incluyendo a Globovisión.
Conatel hizo su anuncio solo horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Energía, Rafael Ramírez, ambos funcionarios leales a Chávez, instaron a Conatel a investigar a Globovisión. El miércoles, Cabello calificó a Globovisión de irresponsable y manipulador, mientras que Ramírez afirmó que el organismo regulador debería tomar medidas contra la televisora.
Conatel también prohibió que Globovisión retransmitiera los controvertidos spots o cualquier programa similar, que según Ricardo Antela, abogado de Globovisión, constituyen censura previa. Antela afirmó que Conatel pareció actuar bajo órdenes de Cabello y Ramírez.
“Instamos a las autoridades a poner freno a este esfuerzo altamente politizado de utilizar el poder del estado para silenciar puntos de vista críticos sobre la toma de posesión”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Un debate robusto y completo sobre los requisitos constitucionales es clave para el proceso democrático”.
La vice presidenta de Globovisión, María Fernanda Flores, afirmó que Globovisión interrumpió la trasmisión de los spots tan pronto como se conoció la decisión del Tribunal Supremo, según informes de prensa. Si la investigación de Conatel encuentra responsable a Globovisión, indicó Maldonado, la televisora puede recibir una multa equivalente al diez por ciento de sus ganancias brutas del 2012 o la clausura del medio hasta 72 horas.
Esta es la octava vez en ocho años que Globovisión ha sido investigado por Conatel. En octubre de 2011, tras un motín letal en la cárcel de El Rodeo, ocurrido en junio, en las afueras de Caracas, el medio recibió una multa de 9,3 millones de bolívares (2,16 millones de dólares) por su cobertura sobre la crisis carcelaria. En agosto de 2012, un informe especial del CPJ, concluyó que Globovisión está siendo víctima de una campaña de acoso oficial, investigaciones y multas.
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