Por Daniel Bilotta/ Bloguero invitado
La gala del grupo “Clarín” para estrenar la versión HD de su señal estrella, el canal de noticias TN, con una recreación del federalismo que unió en una transmisión en vivo los puntos cardinales del extenso territorio argentino en elíptico contrapunto con la excesiva centralización de recursos de la administración nacional que cuestionan algunos gobernadores, no pudo tener peor debut con la deliberada omisión en su pantalla del acontecimiento destacado del lunes: la denuncia de sus abogados (lo que ahora reconocen como un error) contra funcionarios de la presidente Cristina Fernández por incitación a la violencia en la que se involucró a periodistas ligados al oficialismo.
El Grupo Clarín, propietario del diario más leído del país, Clarín, así como de radioemisoras, canales de televisión abierta y cable, y un proveedor de servicio de Internet, es el principal conglomerado de medios de Argentina y uno de los mayores de Latinoamérica. También es el principal adversario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una batalla que enfrenta, de un lado, al gobierno y a los medios aliados del gobierno, y del otro, a los que se oponen a la administración. La consecuencia de esta ardua pelea es una prensa altamente polarizada, como documentó un informe especial publicado por el CPJ en septiembre. Por un lado, los críticos de Kirchner la acusan de coartar la libertad de prensa al recompensar a los medios simpatizantes y silenciar –mediante regulaciones y el reparto de la publicidad oficial– a los medios que se le oponen. Por otro lado, muchos creen que Clarín tiene demasiado poder y que utiliza su enorme red de medios para impulsar sus intereses comerciales particulares. La retórica en la lucha se ha vuelto cada vez más desagradable, y los medios de cada grupo dedican espacio significativo a descalificarse. Clarín ha sido acusado por el gobierno y los periodistas progubernamentales de una variedad de pecados, incluyendo calificativos de mentirosos, monopólicos y responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina.
La demanda de Clarín está centrada en el tenor de las acusaciones, que la empresa niega rotundamente. Pero la decisión de Clarín de incluir en la demanda a varios periodistas que apoyan el gobierno provocó una reacción negativa entre sus aliados en la oposición política y el resto del periodismo, incluidos algunos de los más destacados reporteros del multimedios.
TN reconoció la denuncia de su empresa matriz entrada la noche cuando informó que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el columnista de “Página 12”, Horacio Vertbistky, asumió la defensa de Sandra Russo, Nora Veiras, Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Javier Vicente y Orlando Barone. Lo que significó también asumir el fracaso del comunicado publicado horas antes en el sitio web del diario, en un intento de atenuar la oleada de críticas. En el comunicado, el grupo afirmó que nunca tuvo la intención de presentar cargos contra los periodistas, sino sólo citarlos como testigos en el caso contra los funcionarios. La empresa anunció luego que modificará la demanda de modo que los periodistas ni siquiera aparezcan como testigos. También publicó el miércoles un editorial donde pidió disculpas por el episodio y destacó la disposición del grupo para tolerar el disenso entre sus propios periodistas. Señaló que la empresa es capaz de reconocer sus errores y trazó una comparación con la obstinación del gobierno cuando comete errores.
El estado de aislamiento que vivió quedó reflejado en la línea editorial seguida por el diario “La Nación”, acaso el aliado más importante en defensa de la denominada “prensa independiente” por oposición a la allegada al kircnnerismo. “Marcha atrás de Clarín en su denuncia contra los periodistas que lo criticaron” fue uno de los títulos principales de la sección política del matutino el martes.
“Lo de Clarín fue un grave error. No solo va contra la libertad de opinión sino que otorga al Gobierno argumentos para victimizarse”. La ajustada síntesis del diputado de la UCR, Juan Pedro Tunesi, en un tweet abre interrogantes sobre las negociaciones llevadas adelante con líderes opositores para obtener solidaridad en vísperas del “7D”. 7D es el nombre que el gobierno ha dado al 7 de diciembre, fecha donde se dirimirá una batalla legal de tres años entre Clarín y el gobierno sobre la ley de medios de 2009 que obligaría al multimedios a desprenderse de una cantidad significativa de sus activos. Los que están a favor de la ley sostienen que combatirá a los monopolios y democratizará la propiedad de los medios audiovisuales, mientras sus críticos afirman que también esta diseñada para dañar a Clarín. En mayo, la Corte Suprema falló que la medida cautelar que bloqueaba la implementación de la disposición vencería el 7 de diciembre. El significado de esta decisión en la práctica ha sido motivo de disputa en los últimos seis meses. Clarín espera el desenlace de un último recurso que plantea la inconstitucionalidad de la ley.
El gobierno también ha cometido errores en su campaña para utilizar al “7D” como la fecha en que se implementará el artículo sobre desinversión de la ley de medios. Martín Sabatella, titular del organismo regulador de los medios audiovisuales, conocido como AFSCA, aparentemente ha descartado lo que la empresa de telecomunicaciones española Telefónica deja en claro: que la cadena de televisión Telefé de Argentina es una filial de la compañía española. Otras disposiciones de la ley prohíben que una emisora tenga dueño extranjero o que esté involucrado en otro aspecto de las telecomunicaciones.
Clarín ha utilizado la aparente falta de voluntad del gobierno para perseguir la desinversión de Telefé como prueba de la intención del gobierno de Kirchner de utilizar la ley principalmente para hacer daño a Clarín. Este argumento ha sido sostenido también por muchos analistas independientes de medios.
Si bien es prematuro aventurar conclusiones sobre el daño efectivo causado por este episodio, la privación temporal del principal estandarte que agitó en defensa de sus intereses equiparó a “Clarín” con el Gobierno en un insólito cambio de roles: el mayor productor de noticias de la Argentina lució desorientado frente a la presión de dar una respuesta en tiempo real.
Es de esperar, sin embargo, un retorno al clima de tensión pero tal vez no de los discursos enunciados por cada uno, ahora que está claro que está en juego una lucha de poder donde la libertad y los procesos de democratización forman parte apenas de una estrategia retórica.
Daniel Bilotta es periodista y docente de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.