Nueva York, 2 de abril de 2012–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saluda la reciente decisión de un tribunal de apelación en Perú que revocó la condena por difamación penal contra un periodista que informaba sobre corrupción local.
El 19 de marzo, un tribunal de apelación revocó el fallo en contra de Teobaldo Meléndez Fachín, un periodista de radio en la ciudad de Yurimaguas, afirmando que encontró “errores sustanciales” en la sentencia anterior y omisiones en la evidencia del querellante, según informes de prensa. Meléndez había sido condenado en noviembre a tres meses de prisión en suspenso y a pagar 30 mil soles (11.407 dólares estadounidenses) en daños por informar sobre el supuesto uso indebido de un alcalde local de un crédito gubernamental de 5,5 millones de soles (2.024.415 millones de dólares estadounidenses), según informes de prensa. El informe fue emitido el 11 de febrero de 2011 por Radio La Ribereña y Ribereñas Noticias TV.
En el informe, Meléndez alegó que Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de Yurimaguas en la provincia de Alto Amazonas, utilizó el crédito para obras públicas que beneficiaban a sus aliados políticos. Mesía señaló que los informes fueron incorrectos y demandó a Meléndez en julio, alegando que había dañado su reputación.
Los periodistas provinciales en Perú han sido blancos de reiteradas demandas penales por difamación a partir de su trabajo informativo sobre corrupción. El 21 de julio, el Congreso introdujo cambios en el código penal que eliminan las penas de prisión por difamación y aumentan multas y servicio comunitario, un avance que el CPJ describió como un paso importante hacia la eliminación de leyes arcaicas de difamación que están siendo utilizadas por funcionarios públicos para silenciar a periodistas críticos. Sin embargo, antes de dejar el poder el 28 de julio, el ex Presidente Alan García observó el proyecto de ley y lo envió al Congreso, donde permanece desde entonces a la espera de un voto, según informó el grupo de prensa local IPYS.
“Aunque estamos contentos por esta decisión judicial, nos preocupa que disposiciones de difamación aún permanezcan en el código penal en Perú”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Instamos a las autoridades peruanas a aprobar este proyecto estancado en el Congreso que eliminaría las penas de prisión en casos de difamación. Las autoridades deben adecuar las leyes conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Los periodistas no deben tener miedo de enfrentar prisión por informar de manera crítica”.