Por Javier Garza/Subdirector Editorial de El Siglo de Torreón
Eran las tres de la mañana del martes 15 de noviembre de 2011 cuando un automóvil se estacionó frente a la puerta del edificio del periódico El Siglo de Torreón, el diario de mayor circulación en los estados de Coahuila y Durango en el norte de México. El conductor subió el auto a la banqueta, lo roció de gasolina y le prendió fuego. Desde otro automóvil, dispararon una ráfaga de AK-47 contra una oficina de ventas del mismo periódico al otro lado de la calle.
El ataque duró menos de cinco minutos, tiempo suficiente para cometerlo con total libertad. Afortunadamente, los accesos al edificio estaban cerrados a esa hora y los trabajadores que quedaban adentro se encontraban en el área de prensa, resguardados de la agresión. Nunca supimos quiénes quemaron el automóvil y dispararon contra las oficinas. Durante ese 15 de noviembre recibimos llamadas de todo tipo de autoridades prometiendo una investigación a fondo que nunca se hizo.
No nos sorprendió. Dos años antes, en agosto de 2009, el periódico había sufrido una agresión similar cuando dos sujetos dispararon una ráfaga de metralleta contra una de las entradas.
Tampoco en esa ocasión hubo víctimas que lamentar, pero el mensaje era claro. Alguien quería intimidar al periódico. La deteriorada situación de seguridad en Torreón, campo de batalla entre cárteles del narcotráfico, daba una idea de quiénes pudieron tener interés en atacar el diario. Pero la identidad de los agresores permanece resguardada en la comodidad del anonimato.
Nos quedó claro que la impunidad del primer ataque fue una de las causas de la segunda agresión. No es que los autores fueron las mismas personas, eso nunca los sabremos. Más bien, la ausencia de acciones por parte de la autoridad para investigar, perseguir y castigar el primer ataque sembró la semilla del siguiente: los agresores sabían que no les iba a pasar nada.
La impunidad es el motor de las agresiones a los medios de comunicación, como lo es también de la violencia que ha desgarrado a México en los últimos años.
Las agresiones a El Siglo de Torreón son sólo dos cuentas en el largo collar de ataques contra la prensa mexicana, que se cuentan por cientos en los últimos cinco años: desde el secuestro y asesinato de periodistas hasta las amenazas contra reporteros y editores o agresiones contra instalaciones de medios.
Abundan las promesas de investigación por parte de las autoridades. Ese discurso es común frente a cualquier agresión pero pocas veces es realidad. La preocupación que las autoridades expresan frente a las agresiones a la prensa no se refleja en los hechos.
Los ataques contra medios de comunicación tienen distintos motivos y también son diferentes los tipos de agresores. La mayoría de los intentos de intimidación provienen del sistema político, funcionarios que buscan suprimir noticias que los comprometen.
Estas agresiones son las más comunes pero no las más violentas. La peor violencia proviene de los grupos del crimen organizado que buscan silenciar cualquier difusión de sus actividades o quieren manipular los medios para poner los reflectores sobre cárteles rivales.
En el caso de El Siglo de Torreón, los ataques han sido vinculados al crimen organizado. Ante la ausencia de autoridades hemos elegido tomar nuestras propias medidas de seguridad.
Por una parte, cuidamos la seguridad física, con medidas de protección para las instalaciones del periódico y para los reporteros que cubren noticias sobre delincuencia, con indicaciones de cómo actuar en la escena de un crimen.
Pero también hemos desarrollado la “seguridad editorial”, con medidas que guían la redacción, edición y presentación de las notas sobre hechos criminales. Se cuidan titulares y fotografías para no magnificar el escándalo y se busca un tratamiento similar en la presentación de hechos violentos para no dar la impresión de que las noticias referentes a un cártel se despliegan más que las noticias de un grupo rival.
Algunos llaman esto autocensura, para nosotros es supervivencia. A final de cuentas, la noticia está publicada y de una forma en que se busca proteger al medio y a su personal. Además, hay otro problema a tomar en cuenta: muchas veces los criminales transmiten un mensaje a través de la manera en que cometen un delito. Decapitar un cuerpo es mucho más escandaloso que simplemente asesinar a alguien a balazos. Mutilarlo es todavía más llamativo.
Caer en el juego del despliegue resulta peligroso para la prensa cuando los criminales quieren imponer una agenda en los medios de comunicación. La violencia desatada en México nos ha puesto a los periodistas en el fuego cruzado, a donde hemos sido arrastrados por la impunidad que impera en el país.
Javier Garza Ramos es subdirector editorial del diario El Siglo de Torreón en el estado de Coahuila, México. Trabajó como periodista para el diario Reforma y enseña periodismo en la Universidad Iberoamericana en Torreón. Ha participado en numerosos foros sobre cobertura de crimen organizado.