Nueva York, 26 de marzo de 2012–La decisión de un tribunal venezolano de prohibir a la prensa que informe sobre la contaminación del agua sin utilizar un informe técnico aprobado por el gobierno es un claro intento por las autoridades de censurar información crítica, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Daniel Guédez, juez de un tribunal de control penal en la ciudad capital de Caracas, falló el 21 de marzo que cualquier informe de prensa sobre la calidad del abastecimiento de agua local debe “contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”, indicó el Ministerio Público. Informes de prensa habían cuestionado en las últimas semanas si un río cercano que proporciona agua potable estaba contaminado con químicos. El gobierno ha negado que el agua esté contaminada, indicaron informes de prensa.
“Este fallo representa efectivamente una mordaza sobre temas de salud pública”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas de CPJ. “Prohibir que los medios venezolanos informen sobre la calidad del abastecimiento del agua es una desatino. Las autoridades deben revocar esta decisión de forma inmediata”.
Menos de 24 horas antes de la publicación del fallo, el Presidente Hugo Chávez Frías había instado al Ministerio Público y al Tribunal Supremo a investigar a quienes habían alegado que el agua estaba contaminada, según informes de prensa. Pero en una entrevista con la prensa el jueves, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la nación, afirmó que la decisión no tenía relación con los pronunciamientos del presidente, y que había surgido de una denuncia presentada por tres ciudadanos. Los demandantes afirmaron que los informes acerca la contaminación del agua estaban creando pánico en el público. “Los medios tienen la obligación de dar la información veraz y no puede generar ese susto en la población. Se sabe que el trabajo de los medios es informar, ese es su trabajo pero deben hacerlo de manera veraz”, señaló.
Espacio Público, un grupo local de libertad de expresión, indicó, sin embargo, que en el pasado, las autoridades no han cooperado al compartir informes oficiales. Tras solicitar acceso a informes sobre la calidad del agua el año pasado, el grupo recibió una carta indicando: “Se realizan todos los ensayos necesarios…y la calidad del agua en la ciudad de Caracas es un agua potable según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud”.
El gobierno del Presidente Chávez ha emprendido una campaña sistemática de represión del periodismo crítico a través de disposiciones regulatorias, judiciales y legislativas, según muestra investigación del CPJ. En 2010, un tribunal prohibió que los medios locales publicaran imágenes de crímenes violentos en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre., una decisión que se produjo tras años de fallos regulatorios politizados que sacaron del aire a emisoras venezolanas de radio y televisión críticas del gobierno.