La prensa hondureña siguió padeciendo las violentas consecuencias del golpe de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya. Cuatro periodistas de radio y televisión fueron asesinados en 2011 en circunstancias poco claras. El CPJ está investigando para determinar si las muertes se vincularon con su labor informativa. Un clima de violencia e impunidad generalizado ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región. La postura del gobierno sobre los asesinatos de periodistas ha empeorado la situación. Las autoridades han minimizado los crímenes contra periodistas, y se han mostrado lentos y negligentes en la persecución de los culpables. No se informó sobre ningún avance en el esclarecimiento de los asesinatos de tres periodistas caídos en relación directa con su labor informativa en 2010, según revela la investigación del CPJ. La Comisión de la Verdad y Reconciliación compuesta por representantes hondureños e internacionales entregó su anunciado informe sobre el derrocamien-to de Zelaya encabezado por el ejército. La comisión calificó a la toma del poder en 2009 como un golpe de estado, una decisión considerada polémica por algunos sectores en Honduras, pero también acusó a Zelaya de ignorar de modo impropio la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a los límites del mandato pre-sidencial. El informe reveló que se registraron varias importantes violaciones a la libertad de prensa durante el golpe, incluyendo la tortura de periodistas y la toma de instalaciones de medios de comunicación.
La prensa hondureña siguió padeciendo las violentas consecuencias del golpe de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya. Cuatro periodistas de radio y televisión fueron asesinados en 2011 en circunstancias poco claras. El CPJ está investigando para determinar si las muertes se vincularon con su labor informativa. Un clima de violencia e impunidad generalizado ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región. La postura del gobierno sobre los asesinatos de periodistas ha empeorado la situación. Las autoridades han minimizado los crímenes contra periodistas, y se han mostrado lentos y negligentes en la persecución de los culpables. No se informó sobre ningún avance en el esclarecimiento de los asesinatos de tres periodistas caídos en relación directa con su labor informativa en 2010, según revela la investigación del CPJ. La Comisión de la Verdad y Reconciliación compuesta por representantes hondureños e internacionales entregó su anunciado informe sobre el derrocamien-to de Zelaya encabezado por el ejército. La comisión calificó a la toma del poder en 2009 como un golpe de estado, una decisión considerada polémica por algunos sectores en Honduras, pero también acusó a Zelaya de ignorar de modo impropio la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a los límites del mandato pre-sidencial. El informe reveló que se registraron varias importantes violaciones a la libertad de prensa durante el golpe, incluyendo la tortura de periodistas y la toma de instalaciones de medios de comunicación.
Los periodistas que cubrían la tumultuosa huelga docente a nivel nacional enfrentaron hostigamiento, detenciones y violentos ataques de parte de la policía durante un período de dos semanas en marzo y abril, reveló la investigación del CPJ.
Análisis del hostigamiento:
1: Periodista detenido.
1: Periodista rozado por una bala.
3: Periodistas heridos por gas lacrimógeno o balas de goma.
2: Periodistas cuyos vehículos fueron el blanco de ataques con gas lacrimógeno.
La investigación del CPJ muestra que el gerente general de La Tribuna, Manuel Acosta Medina, el director de la emisora Voz de Zacate Grande, Franklin Meléndez, y el director de Radio Uno, Arnulfo Aguilar, fueron el blanco de ataques armados. Además, cuatro periodistas fueron asesinados en circunstancias poco claras.
Las víctimas de asesinato fueron: el periodista televisivo, Héctor Francisco Medina Polanco, el dueño de medios, Luis Ernesto Mendoza Cerrato, y los periodistas de radio, Nery Geremías Orellana y Luz Marina Paz Villalobos.
Al menos tres radios comunitarias que transmitían noticias críticas enfrentaron episodios de hostigamiento en enero 2011, según revela la investigación del CPJ. Las emisoras comunitarias se han vuelto vulnerables a las amenazas y al hostigamiento en años recientes.
Análisis del hostigamiento:
La Voz Lenca y Guarajambala: La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA afirmó que un contratista del gobierno cortó la electricidad en estas dos radios, probablemente como represalia por el contenido crítico que transmitían.
Faluma Bimetu: Esta emisora decidió salir del aire por 12 días luego de enfrentar hostigamiento por parte de funcionarios luego de que la radio cuestionara su liderazgo. La emisora había criticado proyectos locales de desarrollo territorial.
Un informe de julio de 2011 elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, auspiciada por el gobierno, reveló que el ejército cometió serias violaciones a la libertad de expresión.
La investigación del CPJ muestra que al menos cinco periodistas cayeron en relación directa con su labor informativa desde el año 1992.
Otros trece han muerto en circunstancias aún no esclarecidas. El CPJ sigue investigando.