En áreas provinciales en donde el cumplimiento de la ley es débil, los reporteros se encontraron en situación de vulnerabilidad ante las agresiones motivadas por su labor periodística sobre temas de corrupción. En los grandes centros urbanos, los periodistas enfrentaron riesgos mientras cubrían temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Dos periodistas cayeron en represalia directa por su labor en 2011 y el CPJ sigue investigando las circunstancias en otros cuatro casos. El aumento en los casos de violencia letal en 2011 determinó el regreso de Brasil al Índice de Impunidad del CPJ, que destaca aquellos países donde los casos de periodistas asesinados permanecen sin resolverse. Los fallos judiciales politizados continuaron impidiendo la cobertura de temas sensibles. Una orden de censura contra el diario O Estado de S. Paulo siguió vigente más de dos años después de haber sido impuesta, impidiendo que el periódico informara sobre una investigación de corrupción que involucraba a la familia del presidente del Senado José Sarney. En noviembre, la Presidente Dilma Rousseff promulgó una ley de acceso a la información pública que regula la clasificación de documentos e impone un máximo de 50 años como período para retener archivos secretos. El proyecto de ley fue elogiado como un paso importante para la transparencia del gobierno y una herramienta útil para los periodistas que cubren casos de corrupción.
En áreas provinciales en donde el cumplimiento de la ley es débil, los reporteros se encontraron en situación de vulnerabilidad ante las agresiones motivadas por su labor periodística sobre temas de corrupción. En los grandes centros urbanos, los periodistas enfrentaron riesgos mientras cubrían temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Dos periodistas cayeron en represalia directa por su labor en 2011 y el CPJ sigue investigando las circunstancias en otros cuatro casos. El aumento en los casos de violencia letal en 2011 determinó el regreso de Brasil al Índice de Impunidad del CPJ, que destaca aquellos países donde los casos de periodistas asesinados permanecen sin resolverse. Los fallos judiciales politizados continuaron impidiendo la cobertura de temas sensibles. Una orden de censura contra el diario O Estado de S. Paulo siguió vigente más de dos años después de haber sido impuesta, impidiendo que el periódico informara sobre una investigación de corrupción que involucraba a la familia del presidente del Senado José Sarney. En noviembre, la Presidente Dilma Rousseff promulgó una ley de acceso a la información pública que regula la clasificación de documentos e impone un máximo de 50 años como período para retener archivos secretos. El proyecto de ley fue elogiado como un paso importante para la transparencia del gobierno y una herramienta útil para los periodistas que cubren casos de corrupción.
Puesto en el Índice de Impunidad
En la primera mitad de 2011, las autoridades brasileñas emitieron 224 órdenes contra Google para obligar a que se quite información publicada en Internet, más que en cualquier otro país del mundo. En agosto, un juez del estado de Ceará congeló 130 mil dólares estadounidenses de los fondos de una cuenta de Google en un banco local por el no cumplimiento de la orden para retirar artículos anónimos en blogs que acusaban al alcalde local de corrupción.
Países con la mayor cantidad de órdenes judiciales para retirar información en línea, enero-junio 2011:
1. Brasil (224)
2. Alemania (125)
3. Estados Unidos (92)
4. Corea del Sur (88)
5. Taiwán (69)
El editor de un diario, Edinaldo Filgueira, fue acribillado a balazos el 15 de junio luego de mostrar una encuesta en su blog que reflejaba la insatisfacción con el gobierno local, según mostró la investigación del CPJ.
El camarógrafo de televisión Gelson Domingos da Silva fue muerto a balazos el 6 de noviembre mientras cubría un enfrentamiento entre la policía estatal y supuestos narcotraficantes en Rio de Janeiro.
Ataques no letales contra periodistas en 2011:
1: Periodista atacado por agresor armado.
2: Tiroteos desde vehículos en movimiento contra automóviles y hogares de periodistas durante una semana de octubre, conforme a la Sociedad Interamericana de Prensa.
La prensa brasileña ha enfrentado constante violencia en las últimas dos décadas, según revela la investigación del CPJ. Las 19 víctimas mortales vinculadas al cumplimiento de la labor informativa durante ese período convirtieron a Brasil en el tercer país más letal de las Américas, sólo detrás de Colombia y México.
La cobertura de casos de corrupción gubernamental ha sido particularmente peligrosa en Brasil.
La orden de la justicia contra el diario de São Paulo O Estado de S. Paulo impuesta en julio de 2009 prohíbe al periódico informar sobre una investigación de corrupción que involucra a la familia Sarney. La censura judicial fue un problema generalizado en Brasil, según revela la investigación del CPJ.
Más sobre censura brasileña:
6: Casos de censura judicial en un lapso de seis meses en 2011, conforme a la Sociedad Interamericana de Prensa, o SIP.
US$1.700: La multa impuesta a Radio Cultura por cada informe que transmitió sobre una empresa constructora acusada de corrupción, según la SIP.
El Índice de Impunidad del CPJ ubicó a Brasil en el puesto número 12 entre los peores países en combatir la violencia letal contra la prensa, con cinco asesinatos sin esclarecerse en la última década.
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