Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas
En abril pasado, antes de viajar a Ecuador para una misión de investigación, intenté contactar por teléfono y correo electrónico a Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la presidencia, con la esperanza de reunirme con él para conversar sobre preocupaciones en materia de libertad de prensa surgidas durante el mandato del Presidente Rafael Correa. Pero el secretario fue uno entre varios funcionarios de la administración que declinaron responder a los pedidos del CPJ para reuniones y los esfuerzos posteriores de obtener comentarios oficiales para el informe especial, “Ecuador bajo Correa: confrontación y represión”. Por ese motivo, fue interesante advertir que una semana después de haber lanzado el informe en Quito, Alvarado escribiera una carta abierta al CPJ en su blog personal. “No sorprende que el Comité de Protección de Periodistas llegue a tan absurdas conclusiones, si sus fuentes son Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y Janeth Hinostroza”, escribió Alvarado, haciendo referencia a los grupos de prensa y a la conductora de Teleamazonas. Afirmó, además, que nuestras recomendaciones parecían escritas por políticos opositores.
Es cierto que entrevistamos a periodistas ecuatorianos para indagar sobre el estado de la libertad de prensa. Pero también estábamos sumamente interesados en la visión del gobierno, si Alvarado hubiese accedido a nuestros pedidos para dialogar con él. Nuestras recomendaciones, por su parte, están sustentadas en un franco deterioro de las condiciones de libertad de prensa que han sido bien documentadas. Políticos de todos los partidos deberían mostrarse alarmados por las amenazas contra el derecho ciudadano a la libertad de expresión.
Aún cuando reconoció que el Presidente Correa demandó al diario El Universo, tres de sus directores y el ex editor de opinión por injurias calumniosas, Alvarado argumenta que calumnia no es difamación como lo afirma el CPJ y que la columna de Emilio Palacio, “no es una opinión sino una calumnia”. Alvarado está en todo su derecho a expresar su punto de vista, pero al realizar un análisis focalizado en términos legales distrae la atención sobre abusos cometidos por Ecuador de garantías sobre libertad de expresión consagradas en la constitución y en acuerdos internacionales suscritos por el estado.
Alvarado escribió que el gobierno ecuatoriano no silencia a los críticos y que la administración promueve, en cambio, la crítica con “su política de comunicación que impulsa la democratización y el libre acceso a la información”. Su opinión se contradice con la de grupos de prensa locales e internacionales que han documentado decenas de instancias de censura, represalias legales e iniciativas restrictivas en la Asamblea desde que Correa asumió su mandato en 2007. En términos de acceso a la información, los periodistas ecuatorianos no pueden estar más en desacuerdo. Reporteros que trabajan para los medios privados aseguran que el acceso a altos funcionarios es casi imposible. La propia experiencia del CPJ en la búsqueda de diálogo con el gobierno refuerza esa visión.
Alvarado parece no darse cuenta que el gobierno que “promueve la crítica” es el mismo que ordena interrumpir con frecuencia programas en radio y televisión privados para imponer el punto de vista oficial. Y estas decisiones, por su parte, son adoptadas por el propio Alvarado.
El funcionario no dijo palabra sobre la constante hostilidad que exhibe Correa y otros altos funcionarios contra los medios privados, o el abuso de las cadenas presidenciales para arremeter contra los críticos. Ni una palabra tampoco escribió sobre el restrictivo proyecto de ley de Comunicación que se debate en la Asamblea Nacional, que es descripto por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales como una amenaza contra la libertad de expresión.
En su blog, Alvarado se queja por haber sido apenas citado en el informe. Se citaron las posiciones públicas de la administración, pero por supuesto, Alvarado y otros funcionarios eligieron no dialogar directamente con el CPJ. Es una lástima que el gobierno no tenga voluntad de diálogo con aquellos que cuestionan sus políticas. Un cambio en ese sentido representaría un paso adelante en la restauración de la civilidad y el debate sobre la libertad de prensa.