Nueva York, 12 de septiembre de 2011–Una demanda alegando invasión a la privacidad que Carlos Saúl Menem, el ex Presidente de Argentina, inició contra dos periodistas de la revista local Noticias viola el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un escrito legal presentado el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este es el primer caso introducido ante el sistema interamericano que involucra una demanda de privacidad originada en un informe sobre temas de interés público. El CPJ considera que es vital que la corte siente un precedente para proteger los derechos de los periodistas en un momento en el cual los líderes en América Latina y alrededor del mundo están utilizando una cantidad de acciones legales para coartar el trabajo informativo crítico.
Además de constituir una forma de procesamiento penal injustificada, los litigios civiles abusivos son una forma devastadora para que los poderosos funcionarios públicos silencien a periodistas que trabajan para que dichos funcionarios rindan cuentas de sus actos”, señaló el escrito legal del CPJ.
El CPJ también instó a la corte “a que declare que el acoso de un funcionario público contra un periodista a través de un proceso civil que se utiliza como represalia constituye una violación del derecho a la libre expresión”.
El escrito amicus curiae, que fue presentado ante la corte regional, fue preparado por el CPJ por la firma de abogados Debevoise & Plimpton LLP, cuyos abogados incluyen a Jeremy Feigelson, Erik Bierbauer, y James C. Goodale, un integrante de la junta directiva del CPJ y un prominente abogado de Primera Enmieda.
El caso se origina de una demanda de 1995 presentada por el entonces Presidente Menem contra Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, el fundador y editor, respectivamente, de Noticias, una revista radicada en Buenos Aires y conocida por su periodismo investigativo. El ex presidente alegó que dos artículos de 1995 sobre su relación extramatrimonial con Martha Meza, una ex maestra de escuela que se convirtió en diputada provincial del Partido Justicialista, había invadido su privacidad.
Noticias, citando declaraciones e informes difundidos previa y ampliamente por Meza, informó que el ex mandatario era padre del hijo de Meza, quien nació en 1981. La revista informó que mientras era presidente, Menem dio generosos regalos y grandes sumas de dinero a Meza, y estableció un fideicomiso de un millón de dólares para el niño, además de ejercer influencia para que el gobierno de Paraguay protegiera a Meza y a su hijo cuando ella denunció que el niño había sido amenazado. Menem reconoció en 2007 que era padre del niño. Los informes de la revista fueron publicados mientras organizaciones internacionales y la oposición política señalaban que existía corrupción generalizada durante el gobierno de Menem.
En 1997, un tribunal rechazó la demanda de Menem, pero luego en 1998 la decisión se revirtió en apelación. El 25 de septiembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia, cuyos nueve jueces incluían seis que había sido designados por Menem, encontró a Fontevecchia, D’Amico y Editorial Perfil, la empresa editora de Noticias, legalmente responsables de haber invadido la privacidad de Menem. La corte ordenó a los acusados a pagarle a Menem 60.000 pesos en concepto de daños s (60.000 dólares en 2001) más costos legales de 244.323,25 pesos (84.000 dólares en 2005, cuando se remitió el último pago). Argentina ha reconocido ante la Corte Interamericana que el Poder Judicial estaba demasiado cercano a Menem para ser verdaderamente independiente.
Durante su década como presidente en los 90, Menem utilizó una catarata de juicios en un intento por coartar a la vibrante prensa argentina, según muestra la investigación del CPJ. Esto incluyó múltiples demandas contra la editora de Noticias.
Después de agotar todas las instancias legales internas, el caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. en noviembre de 2001. En julio de 2010, la CIDH encontró que la Corte Suprema de Argentina había impuesto limitaciones a la libertad de expresión de los periodistas y recomendó que el estado revocara la sentencia. En diciembre, luego de que Argentina no cumpliera con las recomendaciones de la comisión, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana.
“Así como la violencia y los procesamientos penales representan una amenaza para la libertad de expresión, lo mismo ocurre con juicios politizados como el que presentó el ex Presidente Carlos Saúl Menem”, afirmó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Creemos que estas demandas violan garantías internacionales sobre libertad de expresión y esperamos que ese argumento sea tenido en cuenta por la corte”.
En el escrito, el CPJ afirma, “los periodistas nunca deberían ser objeto de acoso o represalias legales por su labor de informar de manera veraz sobre asuntos de interés público que involucren a funcionarios del gobierno. Al penalizar a los periodistas por supuestamente invadir la privacidad del presidente Menem, Argentina ignoró la gran importancia política de los asuntos investigados por Noticias y también el hecho de que Menem no sufrió ningún tipo de daño apreciable como consecuencia de las publicaciones. Argentina utilizó a los Peticionarios como ejemplos, y envió una clara advertencia y amenaza a la prensa del país: informar sobre políticos es asumir riesgo de ruina económica”.
El informe especial del CPJ, “Ecuador Bajo Correa: confrontación y represión“, lanzado recientemente, destaca la utilización de procesamientos penales y civiles para atacar a periodistas críticos. Como el presidente ecuatoriano Rafael Correa, otros líderes latinoamericanos y alrededor del mundo están acosando a periodistas críticos con acciones legales. En muchos casos, como en Ecuador, estas acciones han conducido a la censura. Ante el riesgo de enfrentarse a reclamos legales carentes de mérito, litigios interminables y de alto costo desarrollados ante cortes nacionales parcializadas, y la aplicación de costosas sentencias, hasta los periodistas más valientes pensarán dos veces antes de informar sobre posibles conductas ilícitas de funcionarios públicos”, indica el escrito.
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