España ha acogido a un centenar largo de ex presos cubanos y cientos de sus familiares. Pero las dificultades económicas que atraviesa el país y los problemas burocráticos dificultan la transición hacia una vida en libertad para estos exiliados. Muchos aseguran que España es solo una estación de paso. Por Borja Bergareche
Publicado el 6 de Julio de 2011
MADRID
España ha acogido a más de 100 presos políticos cubanos -y cientos de sus familiares–liberados como resultado de un acuerdo en julio de 2010 entre el gobierno castrista y la Iglesia Católica cubana, convenio apoyado por el gobierno español. Entre quienes aceptaron cambiar sus celdas por un exilio forzado en España figuran dieciocho periodistas, aunque cuatro de ellos ya han partido hacia otros países. Para aquellos periodistas que permanecen en España, los desafíos son enormes.
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“Hasta ahora, hemos recibido suficientes ayudas para vivienda, transporte público, vestimenta, y el cuidado de la salud”, afirma Víctor Rolando Arroyo Carmona, periodista independiente que, desde que fue liberado en septiembre de 2010, reside en Madrid con seis miembros de su familia. “Pero vivimos en un limbo legal y no podemos encontrar empleo porque nuestro permiso de trabajo tiene que ser renovado cada cuatro meses, y ningún potencial empleador quiere tomar ese riesgo. Hay otras numerosas necesidades -y no estoy hablando de lujos–con las que no podemos contar, como llamar a nuestros familiares en Cuba, tener una computadora para escribir, o viajar para poder coordinarnos con otras familias de exiliados”.
En entrevistas con el CPJ, la mayoría de los periodistas afirma que sus necesidades básicas han sido cubiertas a través de un programa de asistencia del gobierno y de entidades humanitarias. La asistencia sanitaria les es proporcionada por el sistema nacional de salud pública, lo que ha garantizado el acceso a los tratamientos básicos a los muchos periodistas que acarrean enfermedades crónicas tras su paso por las prisiones de la isla. Aquellos niños en edad escolar han podido inscribirse en escuelas públicas locales. Los disidentes han recibido un programa de asistencia financiado por el gobierno español, canalizado a través de la Cruz Roja y otras agencias no gubernamentales, que les proporciona una ayuda mensual para alojamiento de 540 a 740 euros, y otro subsidio mensual diferente de hasta 850 euros, en función del número de familiares dependientes. Otras organizaciones no gubernamentales les han proporcionado también hasta 300 euros en ayuda para vestimenta. Estas ayudas son otorgadas por un año y son en principio renovables cada seis meses.
“El Gobierno tiene la voluntad de facilitar la integración de los excarcelados cubanos y de sus familiares en la sociedad española, hasta que ellos puedan tener una existencia autosuficiente”, indica Juan Carlos Sánchez, director general para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Pero el hecho de afrontar sus vidas por sí mismos ha resultado una tarea escurridiza para los cubanos exiliados, quienes encuentran grandes dificultades para incorporarse a un mercado laboral español golpeado por tres años de penurias económicas. El crecimiento económico de España se ha estancado y su tasa de desempleo se mantiene en un 20 por ciento. Miles de trabajadores extranjeros que habían encontrado trabajos en el país en los años de apogeo ahora han abandonado España. De forma específica, muchos cubanos denuncian que sus titulaciones profesionales y educativas no han sido convalidadas por las autoridades españolas y cubanas, una barrera burocrática que dificulta sus aspiraciones de unirse a la fuerza laboral.
Las autoridades españolas han reubicado a los ex disidentes presos en una docena de ciudades y pueblos a lo largo del país, la mayoría fuera de Madrid. Algunos exiliados cubanos afirman que el gobierno decidió reubicarlos para prevenir el surgimiento de una voz política fuerte, unida -y diplomáticamente incómoda– que trone contra el régimen cubano desde la capital de España. Funcionarios del gobierno afirman que su alojamiento en distintas localidades responde a la estrategia de canalizar la ayuda a través de organizaciones humanitarias que operan en el país. “Para asistir a un grupo tan grande, el gobierno ha firmado varios acuerdos con organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja”, aseguró Sánchez. “Son estas organizaciones, y no el gobierno, las que deciden cómo prestarles asistencia, en función de los recursos disponibles y del hecho de que esos recursos no están concentrados en Madrid sino que están distribuidos en todo el país, básicamente a través de convenios con los gobiernos regionales”.
Antes de la ola de exiliados del pasado año, España ya era el hogar del escritor y periodista cubano Raúl Rivero, quien fue excarcelado en 2004, y de los periodistas cubanos independientes Alejandro González Raga y José Gabriel Ramón Castillo, quienes fueron liberados en febrero de 2008 junto con otros dos detenidos de la Primavera Negra. En total, España ha recibido al menos a 120 disidentes cubanos, con varios cientos de sus familiares. Pero la política de brazos abiertos del país se ve atenuada por la crisis económica, que está forzando al gobierno central y a gobiernos regionales y locales a recortar el gasto en servicios sociales -incluyendo la actual asistencia a los exiliados cubanos. Varios cubanos aseguran al CPJ que el subsidio de vivienda ha sido interrumpido recientemente.
El año pasado, el gobierno regional conservador de Madrid, cercano a los disidentes cubanos, asumió la responsabilidad del gobierno central sobre aquellos que viven en la capital y les ayudó con subsidio de vivienda, vestimenta y material escolar. Pero, forzados a adoptar medidas de austeridad en respuesta a la crisis económica, incluso las autoridades madrileñas han cortado los subsidios a las familias cubanas.
“Por primera vez, no he podido pagar las facturas por el teléfono y el alquiler de mi casa”, asegura González Raga, periodista independiente cubano que vive en Madrid con su esposa y sus dos hijos desde que fue liberado en febrero de 2008. Afirma que solo su nuera ha podido encontrar trabajo, y solo de naturaleza temporal en un restaurante. González Raga y su esposa, Bertha, de profesión administrativa contable, llevan dos años buscando trabajo, sin resultado alguno. Él y un grupo de otros disidentes trataron de establecer un observatorio de Derechos Humanos para estudiar la situación de otros como ellos, pero no se confirmaron las ayudas públicas con las que contaban, explica.
El gobierno español ha otorgado el asilo político a 53 cubanos, incluidos tanto disidentes como familiares de éstos, y está considerando otras seis solicitudes, según datos proporcionados al parlamento en junio por Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, viceministro de Asuntos Exteriores para América Latina. Otros 400 cubanos habrían recibido la “protección subsidiaria”, según sus datos, un estatus legal que incluye la residencia permanente y un permiso de trabajo, pero que tiene la ventaja sobre el asilo que presenta menos obstáculos si los cubanos exiliados decidieran regresar a su país de origen.
Tres de los periodistas excarcelados como parte del acuerdo entre Cuba y la Iglesia Católica -Héctor Maseda Gutiérrez, Iván Hernández Carrillo, y Pedro Argüelles Morán–se negaron a abandonar la isla. Excarcelados bajo un mecanismo de libertad condicional, que los hace vulnerables a un nuevo arresto, los tres se enfrentan a la posibilidad real de un continuo acoso en sus hogares. Pero aquellos que eligieron el exilio se enfrentan también a su propio futuro incierto.
De los periodistas exiliados en España, José Ubaldo Izquierdo se ha mudado a Chile, y Omar Ruiz Hernández, Juan Adolfo Fernández Saínz y Normando Hernández González partieron hacia los Estados Unidos. Muchos otros han expresado su deseo de trasladarse a los Estados Unidos, donde las autoridades han establecido un programa especial de visados para cubanos liberados tras el acuerdo de julio de 2010. El programa les permite convertirse en residentes de los Estados Unidos.
Para aquellos que permanecen en España, la falta de oportunidades económicas puede hacer del país sólo una parada en el camino. En palabras de Arroyo Carmona: “Vivimos en una total incertidumbre sobre nuestro futuro”.
Borja Bergareche, periodista español, es consultor europeo del CPJ.