18 de abril de 2011
Presidente Rafael Correa
Palacio de Carondelet
García Moreno 1043, entre Chile y Espejo
Quito, Ecuador
Vía facsímile: 593-2-258-0714
Presidente Correa:
Ante la proximidad de una consulta popular que limitaría el contenido de los medios de la prensa y debilitaría a las empresas periodísticas, estamos profundamente preocupados por el compromiso de Ecuador con la libertad de expresión.
El referendo, previsto para el 7 de mayo, servirá para efectuar varias preguntas a los ciudadanos ecuatorianos sobre una serie de temas. La consulta de 10 preguntas incluye, entre otras cuestiones, la creación de un consejo para regular el contenido de los medios y la prohibición a las empresas de medios a invertir en otras industrias. La oposición política, los reporteros locales y los activistas en defensa de la libertad de prensa creen que su iniciativa está dirigida a concentrar poder y censurar a la prena.
Con la premisa de evitar “excesos en los medios de comunicación”, el referendo preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con la aprobación de una ley de comunicación que, a su turno, crearía un consejo de regulación. El consejo regularía contenidos en televisión, radio y publicaciones de prensa escrita en asuntos amplios e imprecisamente definidos de violencia, sexo y discriminación. El enunciado de esta cláusula parece permitir al consejo la eventual imposición de sanciones en forma unilateral.
Creemos que esta pregunta expresada en términos tan imprecisos podría abrir la puerta para la censura por parte del gobierno. Periodistas ecuatorianos y activistas han señalado que la pregunta es violatoria del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura.
Su administración ya ha fracasado en el intento por aprobar una legislación similar y restrictiva en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley de comunicaciones en 2010, que está paralizado en asamblea, incluía disposiciones restrictivas y requerimientos imprecisos para que los medios publiquen “información verídica”.
El referendo también consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo con limitar inversiones en los medios de comunicación locales. La pregunta prohibiría “a las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas” a tener participación accionaria en otras empresas. Los inversores tendrían dos años para desinvertir. Si los votantes aprobaran el referendo esta pregunta requeriría de una posterior enmienda constitucional.
Los periodistas ecuatorianos y los defensores de la libertad de prensa han señalado que la propuesta contradice garantías constitucionales sobre libertad de expresión, así como garantías establecidas en el Artículo 13 la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los críticos sostienen que la medida parece dirigida a debilitar la estructura financiera de los medios que se oponen a las políticas de su gobierno.
Su desprecio por la prensa no es un secreto. Su administración ha utilizado con frecuencia las cadenas para remplazar programación en emisoras privadas e imponer su propio punto de vista, incluyendo la descripción de periodistas como “ignorantes”, “provocadores” y “mentirosos”. Más recientemente, usted presentó una demanda por “calumnias injuriosas” contra El Universo, un periódico crítico de su gobierno, tres de sus ejecutivos y el editor de opinión a partir de una columna publicada el 6 de febrero que criticaba su gestión. El CPJ cree que en este caso usted puso su propia reputación delante del interés nacional de asegurar un vigoroso debate público.
Creemos que estas preguntas del referendo están dirigidas a acallar voces que se oponen a su gobierno. Lo exhortamos a que retire de inmediato estas preguntas y respete las garantías sobre libertad de expresión consagradas en la constitución y en acuerdos internacionales.
Atentamente,
Director Ejecutivo