Nueva York, 7 de octubre de 2010–Un tribunal panameño condenó a dos periodistas de televisión por difamación y los inhabilitó para ejercer su profesión por un año, según informes de prensa. Mientras que el Presidente Ricardo Martinelli aseguró que indultará a los periodistas, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó hoy que parlamentarios panameños deben aprobar legislación que derogue las disposiciones penales sobre difamación.
El caso tuvo origen en una noticia, transmitida en 2005 por la televisora nacional TVN Canal 2, sobre la supuesta participación de funcionarios del servicio de inmigración panameño en una red de tráfico de personas. Dos funcionarios mencionados en el informe demandaron por difamación a Sabrina Bacal, directora de noticias de la televisora, y Justino González, reportero del canal, según informes de la prensa panameña. En sentencias diferentes de febrero y marzo, dos juzgados de primera instancia absolvieron a los reporteros, Bacal aseguró al CPJ.
En una sentencia del 28 de septiembre que se hizo pública el lunes, un tribunal de apelaciones en la Ciudad de Panamá revocó las sentencias de primera instancia y prohibió a los periodistas a ejercer su profesión por un año. El Tribunal ordenó, además, que Bacal y González pagaran una multa de 3.650 dólares en sustitución por una condena de un año de prisión.
Luego de recibir duras críticas por parte de la prensa local y defensores de derechos humanos, Martinelli prometió el miércoles indultar a los periodistas, según un comunicado de prensa oficial. Hasta hoy no se ofrecieron más detalles sobre el indulto.
“Si bien recibimos con agrado la decisión del Presidente Martinelli de indultar a nuestros colegas, instamos a las autoridades locales a emprender las reformas legales necesarias para despenalizar por completo la difamación”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas del CPJ. “Las disposiciones penales sobre difamación están inhibiendo seriamente la tarea informativa de los periodistas locales y el derecho de los panameños a estar informados”.
A comienzos de año, el veterano periodista panameño Carlos Núñez López estuvo en prisión por 20 días en relación a una condena penal por difamación de 2008, según una investigación del CPJ. Un terrateniente alegó que su reputación se vio afectada en un artículo del periodista sobre daño ambiental en la provincia de Bocas del Toro.
Existe un consenso creciente en los países de la región para despenalizar la difamación. El congreso argentino derogó en noviembre de 2009 las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal; mientras que en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias.
Panamá ha despenalizado la difamación sólo en forma parcial. En una reforma de mayo de 2008, la difamación contra funcionarios de alto rango no puede devenir en sanciones penales. Otras previsiones penales sobre difamación, en cambio, continúan vigentes. El caso de TVN Canal 2 puede ser objeto de un proceso de difamación aún hoy, por ejemplo, porque no incluye a funcionarios de alto rango, aseguró Miguel Bernal, abogado panameño especialista en temas de libertad de prensa.