3. Asesinato en Durango
Bladimir Antuna García, reportero de la crónica del crimen, conocía por su trabajo a todos los policías y criminales en Durango. Cuando fue amenazado de muerte, autoridades estatales lo ignoraron. Tras ser asesinado, también lo ignoraron.
Juan López Ramírez, un hombre amable enfundado en un traje gris oscuro con corbata azul, miró por encima de su amplio y ordenado escritorio hacia el ventanal que se extiende de una pared a otra en su oficina de la Procuraduría General de Justicia de Durango. López Ramírez es el fiscal de mayor jerarquía para delitos contra periodistas en Durango. Su caso más reciente es el secuestro y asesinato de Bladimir Antuna García, el reportero de la crónica del crimen más conocido de Durango, quien parecía estar siempre mejor informado sobre policías y delincuentes, y sobre el lugar donde éstos coincidían.
Un día de marzo, López Ramírez ofreció al representante del CPJ un resumen detallado de la investigación. “Hablamos con los testigos del ‘levantón’. Creo que había dos o tres. Pero tenían muy poca información. Solo que los sujetos manejaban una camioneta, gris tal vez”.
APARTADO: Cuando
me fui al exilio
“¿Y con la viuda de Antuna?”, se le consultó al funcionario
“[Ella] habló con los investigadores dos veces, una cuando denunció la desaparición de su esposo y la siguiente el día que fue a identificar el cadáver”.
“¿Fueron interrogatorios de investigación?”, preguntó el CPJ.
“Bueno, un breve interrogatorio cuando hizo la identificación.”
¿Y a partir de entonces?
“Desde entonces no, creo que no hemos hablado con ella. Lo dudo”.
Parece asombroso. ¿Cómo es posible que las autoridades no interroguen a profundidad a la persona más cercana a la víctima? El representante del CPJ insiste: “¿Y luego a quién se interrogó?”.
“A nadie,” afirmó el funcionario. “No hemos hablado con nadie más.” Habían pasado cuatro meses y medio desde el asesinato y el fiscal especial de delitos contra periodistas no había solicitado a sus investigadores que hablaran con alguien desde el día posterior al homicidio. Aunque López Ramírez subrayó que el caso había estado brevemente en manos de las autoridades federales, unas tres semanas, el funcionario reconoció que los investigadores estatales no habían realizado prácticamente ningún trabajo de investigación.
López Ramírez parecía estar admitiendo lo inexcusable. Su personal, indicó, era víctima de un “gran caos” que no era culpa ni de ellos ni del fiscal. Como muchos otros estados del país, Durango está cambiando de un proceso de juicio en el que los testimonios se presentan en gran medida por escrito y que son manejados por abogados y jueces sin testigos en un tribunal. El nuevo sistema será similar al de los juicios orales de los Estados Unidos. Cuando se le recordó que el cambio fue planeado hacía dos años y que poco tenía que ver con la labor de los investigadores en el caso de Antuna, López Ramírez sonrío cortésmente. Existía, repitió, mucho caos.
Dado que nadie sabe quién asesinó a Antuna García el 2 de noviembre de 2009, o las razones, los periodistas de la ciudad dicen que la investigación periodística sobre crímenes prácticamente se ha paralizado. ¿Qué reportero se arriesgaría inconscientemente a investigar el mismo caso que hizo que un grupo armado de personas sacara a Antuna por la fuerza de su vieja camioneta, lo torturara durante horas y lo estrangulara?
Pero el problema no termina allí. Los reporteros indicaron al CPJ que ya no buscan información sobre corrupción política ni nada que lleve a supuestos nexos entre las autoridades, la policía y los carteles de la droga que tanto poder tienen en el estado. Su temor, afirman, proviene de una certeza que no pueden demostrar: que de alguna forma hay una conexión entre quienes asesinaron a Antuna García y los nexos de poderes que rigen en el estado, poderes que aglutinan conjuntamente a los carteles de las drogas, algunos policías y algunos políticos. Hasta no estar seguros que el asesinato del periodista está resuelto, afirman los reporteros, no saben en quién confiar. Mucho menos a quien confiar sus vidas.
Víctor Garza Ayala, dueño de El Tiempo de Durango, principal jefe de Antuna García, asegura que quienes controlan el estado no quieren que el fiscal Juan López Ramírez haga nada. “Saben perfectamente quién lo mató. No necesitan una investigación”, afirmó. “O le tienen miedo al que lo hizo o están implicados en el asesinato”. Ni López Ramírez ni el Procurador General de Justicia del Estado, Daniel García Leal, respondieron a la solicitud del CPJ para referirse a esas declaraciones.
Bladimir Antuna García, de 39 años, apareció por primera vez en el periodismo de Durango a fines de los ’80, comentan sus amigos, y pasó de un periódico a otro y de una estación de radio a otra. Su fama de investigador confiable y con buenas fuentes de información eventualmente lo empujó hasta lo más alto en la cobertura de la crónica del crimen. Hace varios años, cayó presa del alcohol y las drogas y casi desapareció. Regresó unos tres años antes de su muerte, emergiendo lentamente después de una rehabilitación, trabajando en puestos mal pagos, tratando de estabilizarse y regresar al periodismo. A los editores entonces no les interesaba escuchar que se había reformado.
Garza Ayala, hombre elegante que puede hablar de historia por horas, creó un periódico nuevo: El Tiempo. Allí escribía una columna política diaria y cuando inició con la publicación en 2006, afirmaron sus reporteros, aquello era lo que más le preocupaba. Pero un día las ventas se fueron a pique y los reporteros lo veían pasearse preocupado en su oficina.
En mayo de 2008, Antuna García le pidió trabajo a Garza Ayala, una de las últimas alternativas del competente reportero, según cuentan sus amigos. Garza pensó que noticias sobre crímenes servirían para levantar las ventas. No en su muy digna primera plana, sino en la contraportada, la sección de policía, con lo mejor de las peores fotografías sobre crímenes. Garza contrató a Antuna García. Los voceadores comenzaron entonces a vender el periódico mostrando la contraportada, en lugar de la página principal. La circulación dio un giro notable, según dicen sus colaboradores.
Bladimir Antuna García fue la clave, afirmaron los reporteros. Redactaba de ocho a 12 noticias al día, la mayoría notas breves. Muchas eran material de tabloide sensacionalista, historias que podían resumirse en su encabezado (por ejemplo, “Balacera en el Cementerio”), según una revisión de cientos de sus informes. Pero a veces eran exclusivas y ocasionalmente había notas con muy buenas fuentes de información en el ejército y la policía. Un amigo cercano dice que Antuna alguna vez comentó sobre la posibilidad de ofrecerle al general a cargo de la zona militar de Durango algunas claves acerca de dónde encontrar grandes plantíos de marihuana, lo cual sugiere que también tenía buenas fuentes en las remotas áreas montañosas de cultivo de cannabis y amapola controladas por bandas de traficantes. (Proporcionar información a las autoridades de esta forma no se considera una falta de ética en México, como sí lo sería en los Estados Unidos).
Antuna estaba resurgiendo y haciendo renacer al periódico El Tiempo mientras se recuperaba. Conversaba abiertamente con el personal de la redacción sobre su alcoholismo y adicción a las drogas, y tomaba tiempo de sus turnos de trabajo para asistir a sesiones grupales de apoyo. Antuna volvió a conectarse con su hijo mayor, al que le había fallado, según comentaba a sus amigos. Tomó un segundo trabajo en otro periódico para poder pagar los estudios universitarios de su hijo en la Ciudad de México. Trabajaba 14 horas al día. Su reputación y conexiones fueron las que lo hicieron valioso para su segundo patrón, La Voz de Durango, según el editor de ese periódico, Juan Nava. Las mejores notas del crimen de Antuna García se publicaban en El Tiempo. Nava sabía que incluso las sobras eran buenas.
A finales de octubre, principios de noviembre de 2008, Antuna García recibió la primera llamada en su celular. Estaba en la cama con su esposa. Trató de tapar la voz amenazante, pero aún así ella la escuchó. El que llamaba dijo: “Ya párale”, aunque en términos menos elegantes. Hubo más llamadas en los meses siguientes. Amenazas para que dejara de hacer lo que hacía, pero nunca nada específico. Solo le decían que “le parara o se lo iban a echar”. Antuna decía que las llamadas tal vez provenían de algún cartel de la droga. Luego decía que los policías protegían a los carteles, entonces también sospechaba que podrían venir de los uniformados. Hizo un recuento de las llamadas en una serie de entrevistas vía correo electrónico con la revista Buzos, de la Ciudad de México, en julio de 2009, para un artículo que se publicó ese mismo mes.
También explicó a la revista que el 28 de abril de 2009, cuando se dirigía a su trabajo, un sujeto salió de una camioneta y abrió fuego contra él o su casa, no estaba seguro. El sujeto se fue. Más tarde, al llegar a trabajar, el celular de Antuna sonó y una voz le advirtió: “Ya encontramos tu casa. Ya se te acabó el tiempo”.
De inmediato denunció el ataque a la oficina del Procurador General de Justicia del estado, un procedimiento normal en México. Dos policías ministeriales fueron a su casa durante algunos minutos, afirmó Antuna, pero como no estaba, éso fue lo último que escuchó acerca de algo parecido a una investigación. “Nunca regresaron y no sé nada de ellos… Nada en absoluto”, declaró en la entrevista con Buzos.
Un mes más tarde, el 27 de mayo, enterraron al periodista Eliseo Barrón Hernández, asesinado al otro extremo del estado. Ese día, la oficina de Antuna García recibió la llamada de un hombre que dijo: “Él es el que sigue, el muy hijo de la chingada”, según declaró Antuna a la revista.
El periodista también notificó de los ataques y las amenazas al Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), un grupo de defensa de la prensa con sede en la Ciudad de México. Lo que le dijo al CEPET coincidía con lo que había declarado en sus entrevistas con Buzos y con lo que les decía a sus colegas de El Tiempo. También notificó al CEPET que había estado trabajando con Barrón, el reportero asesinado en mayo, en algunos informes sobre corrupción policial en el estado de Durango y sobre los Zetas. Expresó que algunos de los que le amenazaron telefónicamente se identificaron como miembros de los Zetas.
Contó a la revista y al CEPET que no estaba recibiendo protección de las autoridades estatales. En el otoño, casi no salía de su casa; su jefe de El Tiempo le había puesto allí una computadora para que no tuviera que ir a la oficina.
En octubre de 2009, algunos amigos de Antuna cuentan que lo vieron abatido y aterrado, un hombre aparentemente resignado a ser asesinado. El gobierno no le brindaba ayuda alguna. No investigaba las amenazas ni le brindaba protección. Un amigo le contó al CPJ que el reportero le había confiado sus temores. “Una cosa es que me baleen”, le señaló a su amigo. “Nomás se siente el primero o segundo balazo. Pero no quiero que me torturen”. El amigo afirmó que Antuna quería estar seguro de tener dinero y de dejar un testamento para el cuidado de su esposa y de sus dos hijos de 19 y 16 años de edad. Pero hasta ese momento no había conseguido ganar suficiente dinero que le permitiera ahorrar.
Y entonces llegó el 2 de noviembre. A las 10:30 de la mañana, Antuna García manejaba su Ford Explorer roja en una calle muy amplia entre un gran parque público y un hospital. Una camioneta le cortó el paso. El periodista dio un volantazo y cruzó dos carriles intentando escapar, pero otro vehículo le bloqueó el paso por detrás. Según testigos todo pasó en cuestión de segundos: cinco sujetos con rifles de asalto lo secuestraron. La puerta de su camioneta seguía abierta cuando llegó la policía.
Doce horas después de su secuestro, su cuerpo apareció sin vida detrás del mismísimo hospital frente al cual lo habían “levantado”. Sus captores lo habían torturado salvajemente, dejándole profundas heridas en el pecho, según el informe del forense. Lo estrangularon con un cinturón o una correa. Una nota que dejaron a lado del cadáver de Antuna advertía a otros no dar información al ejército.
Casi de inmediato las autoridades dijeron que no había pistas en el caso.
Con la misma celeridad, los colegas de Antuna García cuestionaron a los funcionarios sobre las denuncias que había presentado en abril, después de la serie de amenazas y los disparos frente a su domicilio. El Procurador de Justicia del Estado, Daniel García Leal, absolvió a su oficina de cualquier responsabilidad. Indicó a los reporteros que Bladimir Antuna García podría haber mencionado algún ataque a las autoridades, pero que nunca “ratificó” su denuncia firmando una queja formal. Sin “ratificación” no podía haber investigación. En otras palabras, el Procurador General afirmó que Antuna había sido negligente al omitir decirle a las autoridades estatales lo que le había estado diciendo a sus colegas periodistas, a una revista y a CEPET en la Ciudad de México.
Sin embargo, algunos documentos en los archivos de la propia Procuraduría parecen contradecir las declaraciones del funcionario. Los documentos, que fueron revisados por el CPJ, incluyen una denuncia oficial firmada por Antuna García y fechada el 28 de abril, el día de los ataques en su casa.
El informe policial que acompaña la denuncia exhibe otras contradicciones preocupantes. Cita, por ejemplo, que Antuna García señaló que el sujeto de la camioneta no estaba armado, aún y cuando el reportero había contado a muchas personas que el asaltante no solo estaba armado sino que incluso le disparó. La averiguación previa describe a los investigadores de la procuraduría trabajando horas extra en la denuncia, aunque Antuna García dijo que las autoridades nunca lo contactaron directamente. El informe oficial de seguimiento concluye que Antuna era un sujeto paranoico que sufre de “alucinaciones”.
El Procurador García Leal no respondió a la solicitud del CPJ para comentar sobre las aparentes contradicciones.
El contenido de la averiguación previa del asesinato de Antuna García es todavía más sospechoso. En una conversación telefónica con el CPJ a comienzos de marzo, el fiscal especial López Ramírez señaló que facilitaría una copia del expediente. Cuando el CPJ llegó a la cita programada en su oficina el 11 de marzo, sin embargo, López Ramírez alegó que el expediente del caso había sido transferido a un departamento no especificado de la Procuraduría General de la República.
Tras varios llamados a la PGR, no se pudo saber dónde radica el expediente.
A juzgar por la descripción del fiscal especial, las autoridades ni siquiera adoptaron los pasos básicos para resolver el homicidio. Los investigadores no interrogaron a sus amigos, ni a sus enemigos, fuentes de información o a sus colegas. No analizaron los vínculos cercanos que Antuna García tenía con la policía o con las bandas que controlan el negocio de la droga en la zona montañosa del estado. Los investigadores no leyeron los informes que el periodista había redactado para saber a quién podría haber molestado, ni consideraron sus investigaciones periodísticas pendientes sobre corrupción policíaca. Nunca se molestaron en verificar las declaraciones de Antuna García de que las amenazas telefónicas provenían de miembros del cartel de Los Zetas, como declaró al CEPET. Los policías estatales nunca se pusieron en contacto con el CEPET ni obtuvieron los registros telefónicos que pudiesen haber rastreado las llamadas.
Tampoco investigaron los posibles nexos de Antuna con el general del ejército a cargo de las operaciones militares en el estado. López Ramírez declaró al CPJ que su oficina había llegado a la conclusión de que no había relación alguna entre el asesinato del reportero y las fuentes militares de información de Antuna García, porque el ejército le había asegurado que no había tales fuentes.
Se desperdició o se ignoró una oportunidad tras otra. Cualquiera de las pistas pudo haber ayudado a identificar sospechosos y dar resultados. Y mientras los investigadores fallaban en su trabajo, quienes amenazaron y presumiblemente asesinaron a Antuna continúan con su accionar, incluso intimidando a la familia del periodista.
Los amigos de Antuna García dicen que su esposa está tan aterrada que ha decidido pasar a la clandestinidad. Afirman que tiene tanto miedo, que no recibe llamadas de grupos de apoyo que quieren ofrecerle ayuda. No quiso hablar con el CPJ para este informe.
Sin la ayuda financiera de su padre, el hijo mayor de Antuna ya no pudo continuar con sus estudios universitarios en la Ciudad de México. Regresó a Durango y tomó un empleo en un periódico. Amigos de la familia comentaron al CPJ que poco después del asesinato, cuando el hijo estaba a punto de entrar al edificio del periódico, casi lo secuestran. Poco después fue acosado en la calle por unos sujetos que le ordenaron renunciar a su trabajo en el periódico. Así lo hizo.