Ciudad de México, 22 de septiembre de 2010–Luego de considerar al derecho a libre expresión una prioridad en la agenda de su gobierno, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró hoy que reimpulsará la legislación que haría delitos federales a los ataques contra periodistas. En una extensa reunión con una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Presidente también afirmó que las autoridades federales pronto implementarán un programa, que sigue un modelo utilizado con éxito en Colombia, para proporcionar protección a periodistas en riesgo.
“Rechazamos categóricamente cualquier ataque contra periodistas porque es un ataque directo contra la democracia misma”, indicó Calderón. “Me duele saber que México es visto como uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión”, agregó.
El presidente prometió seguir trabajando para que se apruebe legislación federal que convertiría en crímenes federales a los ataques contra la libertad de expresión. En 2008, el presidente propuso una enmienda constitucional que incluía la federalización de los delitos contra la prensa, entre otras cosas, pero la medida se estancó en el Congreso.
Calderón además anunció el arresto de un sospecho por el asesinato del reconocido periodista Armando Rodríguez Carreón, ocurrido en 2008 en Ciudad Juárez, un hecho que horrorizó a toda la prensa en México.
“El Presidente Calderón mostró su más profundo compromiso con los temas de libertad de prensa al participar de una reunión durante una hora y media con nuestra delegación para discutir abiertamente los desafíos y reclamos de una respuesta oportuna a estos problemas”, aseguró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “Estamos comprometidos a poner todo de nuestra parte para asegurarnos que los periodistas mexicanos podrán trabajar libremente y en condiciones de seguridad de cara a este peligroso escenario”.
El vicepresidente de la SIP Gonzalo Marroquí agregó: “Venimos a México con la intención de expresar nuestra solidaridad al gobierno, a los mexicanos y a los periodistas y medios de este país, para que se construya un frente común contra el flagelo de la violencia y proteger así el derecho fundamental de cada ciudadano a saber”.
Los crímenes relacionados con el narcotráfico, la violencia y la corrupción han devastado a la prensa de México, y han afectado seriamente los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y acceso a la información, determinó un informe especial del CPJ el 8 de septiembre, titulado Silencio o muerte en la prensa mexicana. Más de 30 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en México en los últimos cuatro años, según una investigación del CPJ, un número que lo equipara a países afectados por conflictos armados, como Irak y Somalia. Estos crímenes están sin resolver casi en su totalidad, un problema que no sólo tiene lugar por negligencia e incompetencia, sino también por la corrupción arraigada en los organismos de investigación y las fuerzas de seguridad, especialmente a nivel local y estatal, según investigaciones del CPJ.
El CPJ y la SIP han apoyado desde hace mucho tiempo la intervención directa de autoridades federales para abordar esta crisis. En su informe, el CPJ instó al Congreso y al presidente a adoptar reformas integrales que hagan delitos federales a los crímenes contra la libre expresión, a asignar a las autoridades federales la potestad de investigar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes, y a establecer un sistema de responsabilidad por estas políticas a los niveles más altos del gobierno nacional.
En la reunión de hoy, en la residencia presidencial de Los Pinos, también participaron el Procurador General de la República Chávez y el Ministro del Interior, José Francisco Blake. La delegación del CPJ estuvo integrada por Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la Junta Directiva, Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas, y Mike O’Connor, consultor en México. La delegación de la SIP estuvo compuesta por Marroquín, además del director ejecutivo, Julio Muñoz, y del director del Instituto de Prensa, Ricardo Trotti.