La Guerra de Daniel Ortega Contra los Medios

El presidente de Nicaragua ignora a la prensa, excepto para acosar a los críticos. Por Carlos Lauría y Joel Simon

MANAGUA, Nicaragua
En la tarde del 2 de abril, una caravana de vehículos oficiales pasó a toda velocidad por las calles de Managua con destino al aeropuerto internacional. Para los pocos nicaragüenses que observaban la procesión, era el primer indicio que el Presidente Daniel Ortega estaba por embarcarse en un viaje al exterior.

Adónde se dirigía y qué actividades desarrollaría durante su periplo, serían un misterio.

A la mañana siguiente, el diario La Prensa de Managua publicó un artículo en la portada con información de que Ortega había salido del país por un período prolongado en camino a Cuba y Venezuela previo a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. La Prensa, el diario más influyente del país, criticó a Ortega por haber viajado en forma precipitada y por no haber notificado a la Asamblea Nacional, como lo requiere la ley.

Los únicos periodistas que acompañaron al presidente eran representantes de lo que los nicaragüenses denominan la prensa “oficial” -medios controlados por la familia Ortega o por su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Los programas progubernamentales repitieron durante el día una breve transmisión del Presidente cubano Raúl Castro saludando a su colega nicaragüense.

Dos días después, Ortega regresó en forma inesperada a Nicaragua sin explicar los motivos, objetivos o siquiera el itinerario de su viaje.

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El episodio es indicativo de una estrategia de comunicación diseñada por Ortega y su mujer, Rosario Murillo, virtual primer ministro que opera como zar de las comunicaciones en Nicaragua. Impulsado por varias décadas de hostilidades contra los medios, el líder nicaragüense y su esposa han definido a la prensa privada como un desafío político directo y han procurado marginar su influencia. La primera regla es ignorar a los medios privados, a quienes Ortega y Murillo han descrito en varias ocasiones como financiados por la CIA y controlados por una elite que denominan despectivamente como la oligarquía. Para asegurar que el punto de vista del gobierno de Ortega llegue al público “incontaminado” por los medios críticos, los funcionarios de su administración mantienen contacto solo con un puñado de medios progubernamentales controlados por la familia presidencial o el partido. Incluso con esos medios, Ortega tampoco ofrece entrevistas, confiando en cambio de periodistas amigos para publicar sus declaraciones, ya preparadas, y cubrir eventos públicos.

Los periodistas críticos, por otra parte, enfrentan persecución legal y ataques a su reputación; Ortega los ha calificado como “hijos de Goebbels” y enemigos del pueblo nicaragüense. Los medios oficiales contribuyen con campañas de desprestigio con el objeto de desacreditar a los periodistas independientes. Periodistas y otros críticos del gobierno sandinista han sido víctimas de al menos cuatro demandas por difamación. Y el gobierno de Ortega ha manipulado la distribución de la publicidad oficial e impedido el acceso a fuentes oficiales de modo de castigar a los medios críticos y recompensar a quienes los apoyan.

Líderes latinoamericanos de todo el espectro político, desde el venezolano Hugo Chávez hasta el colombiano Álvaro Uribe, han intentado implementar estrategias similares con respecto a los medios. Pero el nivel de resguardo del escrutinio público que ha buscado Ortega es inusual en la región. Las políticas de su gobierno han amenazado a las instituciones que contribuyen a controlar el poder y han puesto en peligro asistencia financiera externa importante para el bienestar del país.

Deja Vú de la Revolución

La desconfianza que Ortega tiene con los medios tiene sus raíces en el primer gobierno sandinista, que lideró entre 1979 y 1990. “Daniel Ortega vive un deja vú de la revolución y que a treinta años del triunfo revolucionario el enemigo es el mismo”, escribió Eduardo Marenco en un informe del mes de abril para el Observatorio de Medios del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), una organización sin fines de lucro que promueve la investigación de medios, la democracia y el periodismo investigativo.

Irónicamente, el mandatario de 63 años nunca habría alcanzado el poder sin la ayuda de los medios, particularmente de La Prensa, quien criticó con dureza al dictador Anastasio Somoza. El asesinato de su editor, Pedro Joaquín Chamorro, en 1978, fue uno de los motores que generó indignación generalizada y que contribuyó a la caída del régimen de Somoza y a que los sandinistas alcanzaran el poder.

El gobierno sandinista (liderado por Ortega) percibía a los medios -tanto domésticos como internacionales–como un elemento central para su proyecto político. Después de la revolución, el hijo de Pedro Joaquín Chamorro, Carlos Fernando, se convirtió en editor del diario Barricada, del partido sandinista. El gobierno de Ortega relanzó la radio estatal con el fin de impulsar su mensaje populista. El FSLN coqueteó con la prensa internacional que invadió Nicaragua, y con regularidad exponían  a sus líderes a entrevistas con una amplia gama de medios extranjeros.

Pero las relaciones comenzaron a deteriorarse con los medios nicaragüenses que se volvieron críticos de los sandinistas. Ortega y el liderazgo partidario comenzaron a percibir a los medios como portavoces de los Contras, un grupo heterogéneo de grupos rebeldes anticomunistas que, operando desde Honduras y Costa Rica, recibieron apoyo financiero del gobierno de Reagan. La furia de los sandinistas estaba dirigida principalmente a La Prensa. Partidarios del sandinismo sostenían entonces -como muchos aún afirman hoy–que la CIA escribía los títulos de La Prensa, acusaciones que han sido desmentidas por el diario. Citando a la guerra contra los rebeldes como justificación, el gobierno clausuró a La Prensa en varias ocasiones durante los ’80.

En 1990, en un esfuerzo por poner fin al impasse creado por más de una década de guerra civil, Ortega acordó la realización de elecciones nacionales. Confiado en la victoria cuando convino la votación, Ortega quedó pasmado cuando la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Violeta, lo derrotó en las urnas, una caída de la que responsabilizó en parte a los medios. Su desdeño por la prensa pareció agudizarse durante los 16 años en los que planeó su regreso a la política mientras Nicaragua era gobernada por políticos conservadores, entusiastas de las políticas de mercado y con frecuencia acusados de corrupción.

La disputa entre Ortega y la prensa se intensificó cuando el líder nicaragüense quedó atrapado en un escándalo personal que casi culmina con su carrera política. En 1998, la hijastra de Ortega, lo acusó públicamente de haberla abusado sexualmente desde que tenía 13 años, un acoso que se extendió varios años. El escándalo desató un áspero debate y los analistas sostienen que la situación profundizó la tendencia de Ortega hacia el secretismo.

Si bien el escándalo lo afectó políticamente, Ortega fue igualmente capaz de movilizar a sus partidarios al argumentar que era víctima de una conspiración. Negoció con destreza una alianza con su otro rival, Arnoldo Alemán, el líder con fama de corrupto del centroderechista Partido Liberal Constitucional (PLC). La negociación entre Ortega y Alemán, conocida en Nicaragua como “El Pacto”, le permitió a los sandinistas y al PLC dominar la política nacional mientras blindaba a ambos líderes de posibles problemas legales. El pacto catapultó al líder sandinista de regreso a la presidencia con el 38 por ciento de los votos, en las elecciones presidenciales de 2006.

Las elecciones generan cambios y conflicto

Pero fueron las elecciones municipales de noviembre de 2008, que estuvieron manchadas por acusaciones generalizadas de fraude y manipulación por parte del gobierno, las que dispararon un deterioro significativo de las condiciones de libertad de prensa. Dos partidos de la oposición fueron descalificados antes de la votación; observadores independientes, tanto locales como internacionales, no recibieron autorización para monitorear los comicios; al tiempo que hubo urnas que fueron destruidas. Luego de que el Consejo Supremo Electoral, controlado por los sandinistas, anunciara que el FSLN estaba liderando 105 de las 146 elecciones a alcalde en todo el país -incluyendo la disputada contienda en la capital, Managua–, una serie de protestas masivas irrumpieron en el país.

Ortega respondió arremetiendo contra los críticos, particularmente a aquellos en los medios. “Yo creo que los que más han conspirado contra esta elección, es la campaña de miedo que trataron de levantar algunos medios de comunicación”, acusó Ortega en ese entonces. Mientras que los militantes del FSLN se enfrentaron con enfurecidos manifestantes, también la emprendieron contra periodistas que cubrían las protestas. El 19 de noviembre de 2008, más de una docena de atacantes enmascarados armados con revólveres, palos y piedras irrumpieron en los estudios de las tres principales radios privadas de la ciudad de León -Radio Darío, Radio Metro Estéreo y Radio Caricias- y destruyeron sus equipos, según el informe anual del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH).

En Managua, militantes del sandinismo atacaron a Iván Olivares, periodista del semanario Confidencial. El reportero fue apuñalado con una bayoneta mientras cubría un enfrentamiento entre manifestantes pro y antigubernamentales. Simpatizantes del FSLN fueron acusados de destruir los vidrios de vehículos de prensa pertenecientes a los Canales 2 y 8 de la televisión nacional, según informó La Prensa. Los activistas de la oposición también atacaron a periodistas prosandinistas. En Managua, un grupo de atacantes no identificados apuñaló y pateó a Nicolás Berríos Santana, periodista de Nueva Radio Ya, el 12 noviembre de 2008.

Aunque la violencia contra la prensa ha sido intermitente, otras formas de acoso han sido sistemáticas. Desde que asumió su mandato en enero de 2007, Ortega ha seguido la tendencia de sus antecesores en el cargo de manipular la distribución de la publicidad oficial, imponiendo embargos publicitarios sobre medios críticos mientras recompensa a la prensa oficial. Una investigación del semanario Confidencial informó que el gobierno gastó el 80 por ciento de 3,5 millones de dólares estadounidenses en concepto de publicidad oficial durante el período 2007-2008 en Canal 4, estación televisiva manejada por los hijos de Ortega  y que, según varios informes, sería propiedad de la familia presidencial.

El gobierno utiliza la estructura de los medios oficiales -Canal 4, la emisora Nueva Radio Ya y el sitio de noticias Web El 19–para lanzar ataques contra sus críticos. Estos esfuerzos son apoyados por servicios noticiosos que se transmiten por correo electrónico, llamados Nicaragua Triunfa y Nicaragua, cómo vamos-y la Radio Sandino del FSLN. En marzo, por ejemplo, el Canal 4 transmitió una serie de avisos atacando al director de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro (primo de Carlos Fernando Chamorro), y de su editor, Danilo Aguirre, calificándolos de “fascistas”. El despido de una periodista del diario (por cuestiones de rendimiento, según sus jefes; por activismo gremial, entre otras cosas, según la reportera) fueron utilizados para una campaña de desprestigio que incluyó imágenes de Chamorro y Aguirre con una cruz esvástica nazi.

Pero uno de los principales objetivos de Ortega ha sido Carlos Fernando Chamorro, el ex editor del diario sandinista convertido en periodista multifacético y un duro crítico del gobierno. Chamorro es editor de la revista Confidencial, presidente de CINCO y conductor de los programas televisivos de noticias “Esta Semana” y “Esta Noche”. Fue en “Esta Semana” donde Chamorro expuso un millonario esquema extorsivo que involucraba al partido sandinista. Luego de la salida al aire de la emisión, Canal 4 y Nueva Radio Ya lanzaron anuncios con acusaciones infundadas vinculando a Chamorro con el narcotráfico internacional, entre otras cosas.

Periodistas de los medios oficiales tienden a percibir a sus colegas de la prensa privada como adversarios políticos. Dennis Schwartz, director general de la Nueva Radio Ya, señaló que la familia Chamorro había impuesto “una dictadura de prensa” en Nicaragua. “Pertenecen a la clase oligárquica y nadie los puede tocar. Los medios de la derecha siempre destacan lo negativo, nunca algo positivo”, indicó Schwartz en una entrevista con el CPJ.

El gobierno incrementó su ataque contra Chamorro en septiembre de 2008 cuando lanzó una investigación contra más de una decena de organizaciones sin fines de lucro  acusándolos de canalizar ilegalmente fondos de gobiernos extranjeros hacia otros grupos de la sociedad civil. Entre los grupos que fueron blanco de la investigación figura la organización de Chamorro, llamada CINCO, que promueve periodismo de investigación. En octubre, la policía allanó las oficinas de CINCO en Managua, confiscó documentos y computadoras. El juez que ordenó el allanamiento indicó que estaban siendo investigados por actividades ilícitas y denuncias de lavado de dinero, y sometió a Chamorro a un extenso interrogatorio. En febrero, luego de la condena internacional, la fiscalía general de Nicaragua decidió abandonar la causa penal contra CINCO y las otras seis organizaciones.

Infundir entusiasmo a sus partidarios

El hostigamiento legal contra Chamorro tiene idénticas características del que fueron víctima otras conocidas personalidades nicaragüenses que han sido líderes del movimiento sandinista. Notorios entre ellos es el caso del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, de 83 años, sentenciado en agosto por una demanda de difamación en su contra, y la activista por los derechos de la mujer y periodista, Sofía Montenegro, cuyas oficinas fueron allanadas en octubre luego de haber denunciado a Ortega por prohibir el aborto terapéutico.

La embestida de Ortega contra los medios y otros críticos tuvo como objetivo debilitar a las instituciones de la sociedad civil en coincidencia con las elecciones municipales de noviembre de 2008, varias fuentes señalaron al CPJ. De hecho, los ataques ayudaron a infundir entusiasmo en las bases sandinistas que tomaron las calles para defender al gobierno contra las acusaciones de fraude electoral.

En su análisis sobre la estrategia de comunicación del gobierno, Marenco, del Consejo Asesor del Observatorio de Medios “todavía conceptualiza que los medios de comunicación son para la guerra”. El propio Ortega utilizó un lenguaje similar durante una entrevista con la cadena árabe Al Jazira en marzo, el único reportaje que ofreció desde que asumió su mandato. Ortega aseguró a David Frost que Nicaragua está librando una guerra mediática, “una guerra de ideas”.

Ortega se ha convertido en una figura aislada que se refugia en el secretismo: Nunca ha ofrecido una conferencia de prensa oficial, su agenda política es virtualmente desconocida, los funcionarios de gobierno son inaccesibles y su salud es un aparente secreto de estado. Informes de prensa con frecuencia hacen alusión a una especulación pública generalizada, que hasta el momento no ha sido confirmada, de que Ortega sufriría de Lupus, una enfermedad autoinmune crónica. La estrategia de de medios del gobierno está estrictamente controlada por Rosario Murillo; ningún funcionario del ejecutivo ofrecerá declaraciones a los medios privados sin  su autorización. Dos funcionarios que desafiaron la política hermética de Murillo al proporcionar información a La Prensa fueron despedidos de inmediato, afirmó el presidente del diario, Jaime Chamorro Cardenal, hermano de Pedro Joaquín.

“Hablamos cuando queremos para decir lo que queremos”, señaló al CPJ Omar Cabezas Lacayo, el funcionario de mayor jerarquía del gobierno en derechos humanos. “Como procurador de derechos humanos, no tengo respeto por la ética de los medios alimentada por la CIA”. Rafael Solís, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de los asesores cercanos de Ortega, sostuvo que el gobierno centraliza la comunicación para evitar divergencias. “Murillo”, indicó, “quiere que el gobierno hable con una sola voz. Es solo una cuestión de estilo”.

Los donantes internacionales tienen una perspectiva diferente. Observan el deterioro de las instituciones civiles -combinado con evidencia de fraude sistemático en las elecciones municipales- como indicativos que el gobierno no está comprometido con los valores democráticos. Los donantes están preocupados de que Ortega intente consolidar su poder con una reforma constitucional que le permite un mandato adicional. Como resultado, los cerca de 62 millones de dólares aportados por la Cuenta Reto del Milenio para desarrollo que respalda el gobierno de Estados Unidos han sido cancelados, mientras que unos 65 millones de dólares en asistencia financiera de la Comisión Europea y otros donantes de ese continente han sido suspendidos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han insistido que el gobierno de Nicaragua debe examinar las acusaciones de fraude electoral.

La situación de deterioro de la economía nicaragüense, que ha sido duramente golpeada por la recesión global, podrían limitar las opciones de Ortega. Como el gobierno necesita asistencia internacional, el presidente podría intentar llegar a un acuerdo con los donantes europeos donde los pecados del pasado son perdonados a cambio de compromisos de elecciones imparciales y respeto por la libertad de prensa y otros derechos humanos. Pero algunos críticos, citando el estilo polarizante de Ortega, temen que el mandatario provoque una crisis desestabilizadora con la esperanza de solidificar su poder. “Ortega siempre juega a exacerbar las crisis y a negociar al borde del precipicio”, destacó Sergio Ramírez, un novelista de reconocido internacionalmente quien fue vicepresidente en el período 1984-1990.

Pero la fuerza de los medios para articular su mensaje ha sido puesta en discusión por Ortega, un presidente apoyado por una minoría cuyo poder político depende de la movilización de la base sandinista, no en un discurso dirigido al centro del espectro político. Las tendencias autocráticas de Ortega son más proclives a desplegarse en un clima de secretismo y aislamiento, haciendo de la lucha por la libertad de prensa el pronóstico de una batalla más amplia por la democracia en Nicaragua.  

Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. Joel Simon es director ejecutivo del CPJ.

Recomendaciones del CPJ al presidente Daniel Ortega

• Abstenerse de usar un lenguaje exaltado, como calificar a sus críticos de “enemigos” del pueblo nicaragüense.

• Asegurar que todos los medios, incluyendo a la prensa crítica, tienen acceso equitativo a los eventos públicos. Ofrecer entrevistas y realizar conferencias de prensa periódicas.

• Asegurar que el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y otros instrumentos de gobierno nunca serán utilizados para acosar o intimidar a los medios.

• Condenar ataques físicos a los medios en forma pública e insistir en que se efectúen investigaciones oportunas y exhaustivas.

• Insistir en poner punto final a las campañas sistemáticas tendientes a desacreditar a los periodistas críticos, esfuerzos que son particularmente llevados a cabo por medios que simpatizan con su gobierno.