11 de diciembre de 2008 Presidente Rafael Correa
Palacio de Carondelet
García Moreno 1043, entre Chile y Espejo
Quito
Ecuador
Por fax: 593-2-258-0714
Estimado Presidente Correa
Le escribimos para expresar nuestra preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas ecuatorianos y para reclamar su liberación inmediata e incondicional. Además, lo instamos a que utilice la autoridad de su cargo para reformar las arcaicas leyes de difamación ecuatorianas debido a su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Freddy Aponte Aponte, un reportero de la estación de radio local Luz y Vida en Loja, ciudad al sur occidente ecuatoriano, fue condenado por injurias y recibió una sentencia de seis meses de prisión, según César Ricaurte, director ejecutivo del grupo local de prensa Fundamedios. La condena, dictada por una corte de Loja a principios de este año, fue ratificada durante una apelación en septiembre. Aponte, encarcelado el 29 de octubre, se encuentra en una cárcel de mínima seguridad en Loja.
El caso en contra de Aponte surgió de un segmento transmitido en junio de 2007 en el programa del periodista, “Primer Plano”. El antiguo alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco, presentó una querella por injurias en contra de Aponte, alegando que el periodista lo había llamado ladrón durante el programa, según Fundamedios. Aponte negó la acusación, informó la prensa local.
En un caso similar, Milton Nelson Chacaguasay Flores, director del semanario La Verdad en la ciudad de Machala, fue condenado por difamación en noviembre por la Tercera Sala de lo Penal Colusorio y de Tránsito en la provincia sur occidental de El Oro, y recibió una sentencia de 10 meses de cárcel, según informes de la prensa local. El periodista fue detenido el 30 de noviembre y fue transferido el 5 de diciembre de una cárcel de mínima seguridad en Machala a una de máxima seguridad en Quito por miedo a que otros reclusos trataran de asesinarlo, su hijo Luis Miguel Chacaguasay indicó al CPJ.
A fines de 2007, el Juez I en lo Civil de Machala, Silvio Castillo, presentó una querella por injurias calumniosas, alegando que el periodista lo ofendió en un artículo publicado en septiembre de 2007 en La Verdad, dónde se acusaba a Castillo de corrupción, informó Fundamedios. Después de que Chacaguasay presentara evidencia mostrando que el artículo había sido pago por un tercero y que ni él ni miembros de su plantel lo habían redactado, el Juez III de lo Penal de El Oro absolvió al periodista, según fuentes del CPJ. Sin embargo, después de que Castillo, quien nunca fue mencionado por nombre en el artículo, apelara la decisión, la absolución de Chacaguasay fue revocada, explicó Luis Miguel Chacaguasay.
Las leyes que penalizan expresiones que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Ecuador ha ratificado. En 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: “En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
En abril de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, promulgó una ley que efectivamente derogó los delitos de calumnias e injurias a nivel federal, dirigiendo dichas demandas a los tribunales civiles. México se unió a El Salvador para convertirse en los primeros países de América Latina que eliminaron a la difamación como delito penal.
En agosto de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un fallo por el cual se revocó la condena en 1999 al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación. El tribunal dictaminó que la sentencia violó el derecho a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica pagarle al periodista daños y perjuicios. El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la criminalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse.
En septiembre del 2004, la Corte Interamericana dictaminó en el caso del político paraguayo, Ricardo Canese, que la sentencia de difamación en su contra violó el derecho internacional. La Corte encontró que el proceso penal en sí mismo vulneró la Convención Americana sobre Derechos Humanos al ser una limitación “excesiva en una sociedad democrática”.
A pesar del consenso creciente que existe entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles de difamación proporcionan reparación suficiente para todos aquellos que reclaman haber sido difamados, legislación de difamación antigua sigue vigentes en su país. El CPJ cree que la ley civil, no la penal, provee una reparación adecuada en los casos de difamación.
Lo instamos a condenar públicamente el encarcelamiento de periodistas y exhortamos a las autoridades judiciales a liberar a Apponte y Chacaguasay de inmediato y sin condiciones. Le solicitamos que introduzca en la Asamblea Constituyente legislación que elimine las leyes penales de difamación, para situar a Ecuador conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon Director Ejecutivo