Bogotá, Colombia, 15 de marzo del 2006—El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró hoy su respaldo a los periodistas de las regiones quienes cumplen con su labor informativa bajo amenaza de violencia y anunció que cualquier funcionario que impida su trabajo “está cometiendo un crimen contra la democracia”.
Uribe hizo pública esta declaración instado por una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que se reunió esta mañana con el presidente en la oficina central de su campaña para la reelección en Bogotá. El CPJ planteó al presidente Uribe sus preocupaciones ante los riesgos que enfrenta la prensa colombiana. Uribe busca un segundo período como presidente en las elecciones previstas para el 28 de mayo.
El presidente reiteró su apoyo a la libertad de prensa y manifestó que si bien a su administración no le agrada que los medios de comunicación entrevisten a combatientes guerrilleros o paramilitares, el gobierno respeta su derecho a realizar tales entrevistas. El problema es crítico para funcionarios y comandantes militares de las regiones que han denunciado a periodistas que utilizan fuentes no oficiales. El presidente enfatizó que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa “está cometiendo un crimen, y eso es gravísimo”.
Uribe también expresó su apoyo a los periodistas que informan sobre corrupción y explicó que aún cuando la violencia contra periodistas ha disminuido, el problema sigue siendo una de las preocupaciones centrales de su administración. “No estaremos satisfechos hasta poder decir que ningún periodista ha sido amenazado o asesinado”, expresó Uribe. “Lo que me preocupa es que sigan asesinando a los periodistas. Esto me duele a mi, y le duele a Colombia”.
El vicepresidente Francisco Santos también estuvo presente en la reunión de hoy con el subdirector del CPJ Joel Simon, y el coordinador del programa de las Américas Carlos Lauría.
El CPJ instó al presidente a efectuar una declaración en respuesta a las preocupaciones continuas sobre autocensura en Colombia, en particular en los departamentos donde los periodistas son amenazados por la guerrilla y los paramilitares y presionados por las autoridades militares y civiles. Únicamente en el 2006, el CPJ ha documentado tres casos de periodistas de las regiones que han sido obligados a huir sus hogares por amenazas e intimidaciones.
Diro César González, quien publica el semanario La Tarde de Santander, fue obligado a mudarse a Bogotá en enero tras recibir amenazas de muerte. González tuvo que suspender la edición de su diario, donde se publicaban informes sobre corrupción, el conflicto armado y actividades paramilitares en el departamento de Santander.
El mismo mes, Jenny Manrique, periodista del diario Vanguardia Liberal abandonó la ciudad de Bucaramanga, también en Santander, después de haber recibido amenazas de muerte al informar sobre abusos de las fuerzas paramilitares. En febrero, la periodista Olga Cecilia Vega se vio obligada a escapar del departamento del Caquetá cuando fue amenazada tras la publicación de una entrevista con un líder guerrillero.
En la reunión de hoy, el vicepresidente anunció que en un esfuerzo para combatir la autocensura, llevará a cabo visitas regulares a las regiones del interior del país para reunirse con periodistas y autoridades.
En un informe especial publicado en octubre y titulado “Historias no contadas”, el CPJ encontró que la autocensura es generalizada en áreas de conflicto. El informe, escrito por el periodista radicado en Bogotá Chip Mitchell, se basó en entrevistas con más de 30 periodistas en varios departamentos donde el conflicto armado es agudo, como Arauca, Córdoba y Caquetá. Los periodistas admitieron que se autocensuran por miedo a las represalias de los actores del conflicto armado, así como el acoso por parte de los funcionarios del gobierno y del ejército colombiano. En otros casos, periodistas aseguraron haber abandonado investigaciones tras ser intimidados. El CPJ encontró que la autocensura es más fuerte en zonas aisladas donde la presencia gubernamental es débil y la protección del estado es mínima.
Simon le presentó el informe al vicepresidente Santos en una reunión el pasado octubre. Lea “Historias no contadas.”
Veintiocho periodistas colombianos han caído en cumplimiento de su trabajo durante la última década, muestra la investigación del CPJ, aunque la violencia ha disminuido en los últimos dos años. Un periodista colombiano fue asesinado en el 2005. La presencia mínima del Estado en amplias áreas del país deja a los periodistas vulnerables ante grupos armados ilegales. Periodistas en Bogotá y otros centros urbanos trabajan con más libertad que sus colegas del interior, aunque ellos también deben enfrentarse a presiones e intimidaciones. En ocasiones, funcionarios públicos también contribuyen al clima de miedo al acusar a los periodistas de tener vínculos con la guerrilla.
Según el análisis del CPJ, el resultado es una limitación frecuente en la cobertura de temas cruciales para los votantes colombianos, incluyendo los abusos de derechos humanos, el crimen y la corrupción, aún cuando se acerca la fecha de las elecciones presidenciales de mayo.
El CPJ también encontró que la impunidad continúa siendo la norma en Colombia. Un sistema de justicia sobrecargado ha sido incapaz de resolver la mayoría de los casos de periodistas caídos en la última década. Según informó el CPJ en mayo, el asesinato es la causa más importante de muertes relacionadas con el trabajo periodístico en el mundo y los asesinatos cometidos con impunidad representan la amenaza más grave contra los periodistas.