Ciudad de México, 21 de junio del 2005—Un alto funcionario del Ministerio Público mexicano informó hoy a una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que el cartel de la droga de los Arellano Félix es responsable del asesinato de un conocido periodista de Tijuana, crimen perpetrado hace un año, y que las autoridades federales han detenido a más de 100 personas como parte de un amplio operativo contra el cartel.
La delegación del CPJ sostuvo un encuentro con José Luis Vasconcelos, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), para hablar de las investigaciones de las autoridades acerca de los recientes asesinatos de varios periodistas mexicanos. La reunión de hoy se centró en el asesinato de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario de Tijuana Zeta que fue ultimado a balazos el 22 de junio del 2004.
Vasconcelos declaró a la delegación del CPJ que uno de los sicarios sospechosos de asesinar a Ortiz Franco, Jorge Eduardo Ronquillo Delgado (conocido como “El Niño”), había sido ejecutado por otros miembros del cartel de los Arellano Félix en octubre pasado.
En total, afirmó Vasconcelos, 107 individuos han sido detenidos a raíz de las investigaciones y la mayoría de ellos han sido procesados por otros delitos. Vasconcelos precisó que tres de los detenidos estuvieron implicados indirectamente en el asesinato de Ortiz Franco y han sido procesados. Uno de los sospechosos ha sido vinculado al vehículo utilizado para cometer el crimen, mientras que los otros dos supuestamente tenían información sobre la planificación del asesinato.
De acuerdo con Vasconcelos, continúan prófugos los dos presuntos autores intelectuales del crimen: Arturo Villarreal Albarrán (conocido como “El Nalgón”) y Jorge Briceño (conocido como “El Cholo”). Las autoridades cuentan con órdenes de aprehensión para procesarlos por el delito de narcotráfico.
“El encuentro fue fructífero, pero la verdadera prueba radica en las medidas que las autoridades mexicanas tomen para detener los asesinatos de periodistas”, indicó Andrés Oppenheimer, miembro del directorio del CPJ y columnista del diario The Miami Herald. “Lo cierto es que el CPJ ha identificado a México como un país en extremo peligroso para el ejercicio del periodismo, a la altura de países como Colombia”.
Además de Oppenheimer, la delegación del CPJ está integrada por Joel Simon, subdirector del CPJ; Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del CPJ; y los destacados periodistas mexicanos Rossana Fuentes y Jorge Zepeda. Los representantes del CPJ hicieron entrega de un dossier titulado “Periodistas asesinados en México”, un análisis de los casos de asesinato documentados por el CPJ desde el año 2000, cuando Vicente Fox fue elegido presidente.
En los últimos cinco años, cuatro periodistas mexicanos han sido asesinados como represalia por la labor informativa que realizaban. El CPJ continúa investigando los casos de otros cinco comunicadores que pudieron haber sido asesinados por su trabajo periodístico. Las investigaciones del CPJ demuestran que el norte de México, en particular la frontera con los Estados Unidos, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo de toda Latinoamérica.
En la reunión con Vasconcelos, la delegación del CPJ también expresó preocupación por la suerte de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario de Hermosillo El Imparcial. Jiménez se especializaba en temas de seguridad pública y crimen organizado, y está desaparecido desde el 2 de abril. (Para más información, ver la carta que el CPJ dirigió al Ministerio Público estatal: http://www.cpj.org/protests/05ltrs/Mexico14apr05pl_Sp.html )
Los periodistas mexicanos que trabajan en estados norteños y cubren temas delicados como el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción política, a menudo son blanco de ataques como represalia por la labor informativa que desempeñan. Fox ha reconocido públicamente el problema de la violencia contra los periodistas y ha declarado que su gobierno se ha comprometido a protegerlos.
No obstante, el sistema de justicia mexicano no ha podido poner fin al ciclo de violencia y parece ser incapaz de resolver ninguno de los recientes asesinatos. El que la mayoría de estos casos sigan sin esclarecimiento ha perpetuado un clima de impunidad que deja a los medios de prensa en una posición vulnerable frente a nuevos ataques.
El clima de violencia se puso en evidencia el año pasado, cuando Ortiz Franco fue baleado a plena luz del día en un tranquilo vecindario de Tijuana, a dos cuadras de la sede de la Policía Ministerial. El periodista acababa de salir de una clínica de rehabilitación física con sus dos hijos cuando sujetos enmascarados se acercaron a su auto y le dispararon cuatro veces a la cabeza y el cuello. Ortiz Franco murió en el lugar; sus hijos escaparon ilesos.
Las autoridades federales, que asumieron el control de la investigación en agosto del 2004, creen que Ortiz Franco fue asesinado por su trabajo periodístico y consideran que el probable motivo fue los artículos que escribió sobre el cartel de la droga de los Arellano Félix.
En septiembre del 2004, una delegación del CPJ conformada por Joel Simon y Carlos Lauría viajó a Tijuana por una semana para investigar el asesinato de Ortiz Franco. Con la información recogida durante el viaje, el CPJ publicó en noviembre un informe titulado “Bajo fuego”, que describe cómo la guerra entre carteles del narcotráfico por el control de lucrativas rutas de contrabando ha puesto en peligro a los periodistas locales. (El texto íntegro está disponible en http://www.cpj.org/Briefings/2004/tijuana/tijuana.html )
Los procuradores federales también se han hecho cargo de la investigación del caso de Guadalupe García Escamilla, quien cubría la fuente policial para la radioemisora Stereo 91 XHNOE de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y quien falleció el 16 de abril a consecuencia de heridas sufridas el 5 de abril, cuando fue baleada frente a la radioemisora. Lo mismo ha sucedido con el caso de Raúl Gibb Guerrero, propietario y director del diario La Opinión, quien cayó víctima de una balacera cerca de la ciudad de Poza Rica, estado de Veracruz, el 8 de abril.
Aunque generalmente los procuradores estatales son los encargados de investigar los casos de asesinato en México, las autoridades federales pueden hacerse cargo de una investigación si determinan que el asesinato tiene relación con la delincuencia organizada.