16 de marzo del 2005
Fidel Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
República de Cuba
Oficina de Intereses de Cuba en los Estados Unidos de América
2630 16th St. NW, Washington, D.C. 20009
Por fax: (202) 797-8521
Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto con los 107 periodistas y escritores latinoamericanos abajo firmantes, reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas cubanos que se encuentran encarcelados. Asimismo, exigimos que se anulen las sentencias de los seis periodistas que han sido liberados tras recibir una licencia extrapenal por motivos de salud.
Con 23 periodistas presos, Cuba continúa siendo uno de los países líderes en esta categoría, sólo superado por China. Los periodistas han estado encarcelados desde marzo del 2003, cuando el gobierno cubano arrestó a 29 de ellos mientras la atención del mundo se centraba en la guerra de Iraq. Dos semanas después de los arrestos, los periodistas fueron sometidos a juicios sumarios –duraron un día– a puerta cerrada, y fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 14 y los 27 años de prisión.
A pesar de que el gobierno cubano los califica de “mercenarios”, un análisis de las acusaciones contra ellos demuestra que la labor que los periodistas desempeñaban se enmarca en los parámetros del ejercicio legítimo de la libertad de expresión consagrado en las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Los periodistas encarcelados han denunciado las deficientes condiciones sanitarias y la inadecuada atención médica. También se han quejado de recibir alimentos que huelen mal o están en mal estado. A diferencia de la población penal general, que tiene visitas con mayor frecuencia, la mayoría de los periodistas reciben visitas familiares cada tres meses y conyugales cada cuatro meses. Las autoridades han hostigado a sus familiares por hablar con la prensa extranjera, protestar el encarcelamiento de los periodistas y recoger firmas para exigir su liberación.
A los periodistas que ya tenían problemas de salud antes de ingresar a las prisiones les ha empeorado el estado de salud y han sido trasladados a hospitales o a las enfermerías de las prisiones. Otros han contraído enfermedades a causa de las condiciones penitenciarias. Cuando algunos se han declarado en huelga de hambre como forma de protesta, sus familiares no han podido verlos y no han recibido información sobre ellos, por lo cual les ha sido imposible verificar su estado de salud.
Entre junio y diciembre del 2004, las autoridades cubanas liberaron a seis periodistas tras concederles una licencia extrapenal por motivos de salud. A uno de los periodistas excarcelados, Carmelo Díaz Fernández, le advirtieron que si se ponía bien de salud o no tenía una “buena conducta”, sería remitido de nuevo a la prisión.
A fines del 2004, las autoridades trasladaron a los demás 23 periodistas presos a hospitales penitenciarios de La Habana, con la aparente finalidad de someterlos a un examen médico. Los traslados se efectuaron después de que el gobierno cubano reanudó contactos diplomáticos formales con España como paso previo a la normalización de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Las circunstancias hicieron pensar a muchos que más liberaciones eran inminentes, pero los 23 periodistas fueron devueltos a las prisiones de origen.
La mayoría de los periodistas están en cárceles ubicadas lejos de sus hogares, lo que significa una carga más para sus familias. El encierro de estos periodistas como represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellas el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a todo individuo el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Como escritores y periodistas latinoamericanos, nos dedicamos a reunir y difundir información y, en algunos casos, a expresar nuestras opiniones. Tenemos la convicción de que nuestras actividades benefician a las sociedades en que vivimos y que nuestro derecho a la libertad de expresión está protegido según lo establecido en el Derecho Internacional. Que el gobierno cubano arbitrariamente derogue este derecho, constituye una afrenta a la dignidad humana. Exhortamos al gobierno cubano a respetar el Derecho Internacional permitiendo que los periodistas ejerzan la profesión libremente y sin temor a represalias.
Ann Cooper
Directora Ejecutiva
Escritores y periodistas que adhieren a la carta
