Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la agresión policial del 31 de agosto último contra periodistas guatemaltecos que cubrían el desalojo de campesinos de una finca en el sureño departamento de Retalhuleu. El operativo policial culminó con un saldo de varios muertos y decenas de heridos.
La policía guatemalteca agredió y amenazó a por lo menos ocho periodistas que informaban sobre el desalojo, que involucró a cientos de campesinos que habían ocupado la finca de Nueva Linda, según informaciones divulgadas por los medios locales. La agresión tuvo lugar después de que varios periodistas presenciaran la muerte de campesinos a manos de la policía, de acuerdo con las informaciones recibidas. La policía también les arrebató las cámaras fotográficas y de filmación. Cuando varios periodistas intentaron recuperar el equipo, oficiales de la policía los amenazaron, realizaron disparos al aire y les lanzaron granadas lacrimógenas.
Entre los periodistas agredidos se encuentran el reportero Mario Morales, el fotógrafo William Meoño y el asistente Marvin Guillén, quienes trabajan para el periódico capitalino Nuestro Diario; Edward Morales, camarógrafo del canal Guatevisión; Fredy Rodas, corresponsal del diario de Ciudad de Guatemala Prensa Libre; Mynor Toj y Luis Romero, reportero y camarógrafo, respectivamente, del canal regional Cable DX; y Gerardo Montenegro, fotógrafo independiente. Tanto Edward Morales como Rodas declararon al CPJ que todos los comunicadores llevaban credenciales de prensa y chalecos. Los periodistas aún no han recuperado los equipos, incluyendo los casetes con las imágenes que grabaron de la muerte de los campesinos.
Como Su Excelencia sabe, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución Política guatemalteca el gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho de la sociedad a la libertad de expresión y a la información. En este caso, la respuesta policial no tuvo como propósito mantener el orden público, sino suprimir una cobertura informativa que puso al descubierto las acciones de los oficiales de la policía.
Como organización sin fines de lucro que se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo, instamos a su gobierno a realizar una investigación rápida y exhaustiva de la agresión y a someter a la justicia a los autores. Esta es una buena oportunidad para que la Fiscalía Especial de delitos contra periodistas y sindicalistas demuestre su compromiso de investigar tales agresiones.
Exhortamos a su gobierno a asegurar que los agentes del orden público no interfieran con la cobertura informativa y solicitamos que a los periodistas que pidan protección policial se les proporcione la seguridad adecuada.
Estas acciones policiales han tenido un efecto intimidatorio sobre todos los periodistas guatemaltecos. Respetuosamente le solicitamos que se investigue este asunto y quedamos a la espera de su respuesta.
Sinceramente,
Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva