Nueva York, 20 de agosto del 2004—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), se opone firmemente a un proyecto de ley que regula la profesión periodística en Brasil, propuesta que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso este mes.
«Esta propuesta, patrocinada por el gobierno, restringe severamente el derecho a la libertad de expresión», declaró Ann Cooper, Directora Ejecutiva del CPJ. «El periodismo no debe regirse por regulaciones impuestas por el gobierno que podrían ser utilizadas para silenciar las críticas y proteger del escrutinio a los poderosos».
La propuesta se presenta despuós de que la prensa brasileña publicara una serie de denuncias de supuesta corrupción gubernamental. El gobierno argumenta que el objetivo del proyecto de ley es mejorar la calidad del periodismo.
El proyecto de ley crea «consejos de periodismo» federales y regionales integrados por periodistas y con la atribución de «orientar, disciplinar e fiscalizar el ejercicio de la profesión de periodista y de la actividad del periodismo, velar por la fiel observancia de los principios de ótica y disciplina del oficio en todo el territorio nacional, así como promover el derecho a la libre información plural y el perfeccionamiento del periodismo».
De conformidad con el proyecto, todo periodista, para el ejercicio de la profesión, debe inscribirse en el consejo regional de periodismo de la región donde resida. Las sanciones aplicables por infracciones disciplinarias consisten en advertencia, multa, censura, suspensión del registro profesional por hasta 30 días y revocación del registro.
La autoría del proyecto de ley corresponde a la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) —una agrupación de sindicatos de periodistas— y el proyecto fue revisado por el Ministerio del Trabajo y Empleo, que lo sometió a consideración de la presidencia el 27 de mayo del 2004. Según el diario oficial del gobierno federal, Diário Oficial da União, el presidente Lula envió el proyecto de ley al Congreso el 4 de agosto del 2004.
En carta dirigida al presidente Lula donde expuso los motivos de la propuesta, Ricardo Berzoini, Ministro del Trabajo y Empleo, sostuvo que la medida cerraría una laguna legal y administrativa que permitía que la profesión periodística no fuese regulada. Berzoini expresó que los consejos de periodismo seguirían el modelo de otros consejos profesionales existentes como los de contabilidad y medicina.
Berzoini expuso que el Decreto-Ley No. 972, emitido durante la dictadura militar en 1969, requiere el registro previo con el Ministerio del Trabajo y Empleo para ejercer la profesión de periodista. El ministro añadió que la fiscalización de su ministerio en lo relativo al ejercicio de la profesión se limitaba a la verificación de la existencia del registro. «Así, en la actualidad, no hay ninguna institución con competencia legal para normalizar, fiscalizar y sancionar las conductas inadecuadas de los periodistas», indicó Berzoini.