Nueva York, 4 de febrero del 2004—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el reciente y violento ataque contra la periodista y activista de los derechos humanos colombiana Inés Peña, quien fue asaltada y torturada en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander, la semana pasada.
El 28 de enero, cerca de las 3 p.m., dos hombres armados secuestraron a la periodista mientras caminaba por el centro de Barrancabermeja. Peña, de 22 años, pertenece a la rama juvenil del grupo por los derechos de la mujer Organización Femenina Popular (OFP), y presenta el segmento «Cultura por la Vida» en el programa de televisión «La Mohana», emitido por la estación privada Canal Enlace 10 de Barrancabermeja.
De acuerdo con fuentes del CPJ, los asaltantes, quienes se identificaron como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le apuntaron a Peña con un arma y la obligaron a subir al vehículo. Luego amenazaron a Peña y abusaron físicamente de ella, rapándole el cabello y quemando sus pies con agua hirviendo. Los atacantes le ordenaron que cortara su vínculo con el programa de televisión.
Yolanda Becerra, presidenta de la OFP, señaló al CPJ que en su segmento televisivo, Peña se refiere a cómo los jóvenes se ven afectados por la guerra civil en Colombia y denuncia violaciones a los derechos humanos cometidas por los grupos armados. Becerra indicó que el ataque fue en represalia por el trabajo periodístico de Peña. La periodista ha recibido amenazas anteriormente.
La policía de Barrancabermeja ha lanzado una investigación para esclarecer el ataque.
Barrancabermeja, ciudad portuaria en el noreste de Colombia, es controlada por las fuerzas paramilitares, quienes frecuentemente son acusadas de flagrantes violaciones a los derechos humanos. En octubre del 2003, Janeth Montoya, periodista del diario de Barrancabermeja Vanguardia Liberal, recibió amenazas de muerte luego de haber escrito un artículo que abordaba los problemas sociales de un barrio pobre donde los grupos armados tienen presencia activa.
«Instamos a las autoridades colombianas a lanzar una exhaustiva investigación sobre este repugnante ataque y a enjuiciar a los responsables», declaró Ann Cooper, Directora Ejecutiva del CPJ. «El gobierno debe tomar medidas inmediatas y firmes contra los grupos ilegales armados para que los periodistas puedan continuar con su labor sin temor a represalias».