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El 6 de agosto, el ex dictador militar Hugo Banzer, quien padecía de cáncer en etapa avanzada, renunció a la presidencia y le entregó el mando al vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez, quien encabezará el ejecutivo por el resto del período presidencial de cinco años, que culmina en agosto del 2002. A pesar de la generalizada inestabilidad social y política, la prensa boliviana no enfrentó obstáculos significativos al cubrir las noticias. El nuevo gobierno de Quiroga Ramírez no tomó ninguna medida de peso para restringir la libertad de prensa. Bolivia es un país sin salida al mar con una deficiente infraestructura de comunicaciones. Cerca del 40 por ciento de sus 8,3 millones de habitantes viven en zonas rurales, según datos del Banco Mundial, lo cual dificulta la distribución de periódicos. Sin embargo, los periodistas locales dicen que los elevados índices de pobreza y analfabetismo son las principales razones de la baja circulación de periódicos. Esta a su vez hace que la prensa se encuentre en una posición vulnerable ante un pequeño grupo de anunciantes. Los medios de comunicación que apoyan al gobierno se benefician de la generosa publicidad estatal, mientras que los medios de oposición o críticos tienen que sobrevivir con la escasa publicidad privada. Algunos medios son financiados por políticos y empresarios que los utilizan para promover sus propios intereses. La clase empresarial boliviana es pequeña y la mayoría de los propietarios de los medios mantienen estrechas relaciones personales en toda la comunidad empresarial. Como resultado de ello, a los periodistas se les hace difícil escribir acerca de actos poco éticos o ilícitos por parte de los empresarios. Las fuerzas armadas bolivianas, que con frecuencia han empleado en exceso la fuerza contra los campesinos sin tierra, cocaleros y mineros que protestan las políticas gubernamentales, también han reprimido a los medios. El 27 de septiembre, soldados dispararon a seis periodistas que cubrían protestas de los cocaleros en Chapare, región tropical del centro de Bolivia. Los periodistas, quienes trataban de entrevistar a un comandante del ejército, descendían por un camino que conducía a un campamento militar cuando los soldados abrieron fuego sin ninguna advertencia. Uno de los guías de los periodistas murió en el ataque. Juan Carlos Encinas, de 39 años de edad, reportero independiente del pequeño pueblo de Catavi, en el departamento de La Paz, murió el 29 de junio de heridas recibidas mientras daba cobertura informativa a un enfrentamiento entre dos cooperativas mineras que se disputaban el control de una cantera de piedra caliza en las afueras del pueblo. Los periodistas investigativos con frecuencia suscitan la ira de funcionarios públicos. En agosto, Luis Roberto Landívar Roca, diputado por el pequeño partido opositor Nueva Fuerza Republicana, lanzó una campaña de difamación contra Carlos Mesa y Amalia Pando, dos periodistas del canal de televisión PAT que cubrían un escándalo de corrupción que involucraba a Landívar. Además, Landívar acusó públicamente a los periodistas de malversación y asesinato, respectivamente; publicó las acusaciones en anuncios en varios periódicos; y financió la publicación de un folleto con el propósito de manchar la imagen de Pando. Según el periodista boliviano Roger Cortés Hurtado, las tradiciones y actitudes autoritarias que aún perviven en la burocracia estatal obstaculizan la labor periodística. Sin ninguna obligación de divulgar información al público, los organismos gubernamentales mantienen en reserva asuntos de evidente interés público, como los presupuestos y las finanzas públicas. Los periodistas bolivianos deben tener título universitario e inscribirse en el Registro Nacional de Periodistas. Aunque estas disposiciones no se cumplen con rigor, las sanciones son en potencia severas e incluyen penas de cárcel. En 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, dictaminó que la colegiación obligatoria de periodistas viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. |