7 de agosto de 2001
John Ashcroft
Fiscal General
Departamento de Justicia
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
Por fax: 202-307-6777
Estimado Sr. Ashcroft:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) es una organización sin afiliación política y sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todas partes del mundo. Nos preocupa seriamente la prolongada detención de la periodista Vanessa Leggett por la comisión del delito de desacato al tribunal. Para nosotros, la encarcelación de Leggett es una grave violación de la libertad de prensa.
Como política y estrategia, el CPJ concentra sus esfuerzos en países donde los periodistas más necesitan el apoyo y la protección internacionales. Como resultado de ello, no damos seguimiento sistemático a las violaciones de la libertad de prensa en los Estados Unidos. El CPJ sólo admite un caso estadounidense cuando se trata de una violación seria de la libertad de prensa, que pueda tener grandes repercusiones tanto para los periodistas nacionales como en el extranjero. La injusta encarcelación de Laggett es uno de estos casos.
El CPJ cree que ningún periodista debe ser privado de su libertad por su trabajo, una noción que ha ganado una creciente aceptación mundial en los últimos años. Hoy en día, los países sienten una intensa presión internacional cuando arrestan a periodistas. Este estigma ha ayudado mucho a reducir el número de periodistas encarcelados en todas partes del mundo, de la elevada cifra de 185 en 1996 a 81 a finales del 2000, la más baja jamás registrada por el CPJ.
En todo el hemisferio occidental, desde Canadá hasta Chile, sólo tres periodistas se encuentran encarcelados por su trabajo, según las investigaciones del CPJ: José Orlando González Bridón y Bernardo Arévalo Padrón en Cuba, y Vanessa Leggett en los Estados Unidos.
Leggett, de 33 años de edad, es una periodista independiente que en estos momentos escribe un libro sobre el asesinato en 1997 de Doris Angleton, quien frecuentaba las reuniones de sociedad de Houston. La periodista encara hasta 18 meses de prisión por negarse a entregar ciertos materiales de investigación a un jurado de acusación federal. Estos materiales incluyen grabaciones de una entrevista que le hizo a Roger Angleton, cuñado de la víctima y sospechoso de cometer el asesinato, poco antes de que él se suicidara.
A Leggett se le ordenó entregar sus materiales de investigación a un jurado de acusación federal, pero se negó a cumplir la orden. En una audiencia a puertas cerradas celebrada el 19 de julio, la jueza de distrito de los EEUU Melinda Harmon encontró a Leggett culpable de desacato al tribunal y le dio un día de gracia para entregarse a las autoridades. Leggett se entregó el 20 de julio.
El abogado de Leggett, Mike DeGeurin, introdujo una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los EEUU para el Quinto Circuito en la que pedía que se concediera fianza de inmediato y que se diera curso a la apelación de una manera acelerada. El tribunal se negó a otorgar fianza pero accedió a una audiencia de apelación acelerada. Se espera una decisión en menos de un mes. Leggett podría seguir encarcelada durante todo el período de la investigación del jurado de acusación o por 18 meses, según lo que concluya primero.
Desde la era Watergate, los fiscales han necesitado la autorización del Fiscal General antes de ordenar a un periodista que revele sus fuentes. La última encarcelación de periodistas ordenada por la instancia federal fue en 1991, cuando cuatro periodistas fueron detenidos brevemente por negarse a testificar en un caso de corrupción.
El Departamento de Justicia ha insinuado que debido a que Leggett es una autora inédita, no se le puede considerar una periodista legítima y por lo tanto no goza del derecho de proteger sus fuentes. Sin embargo, las pruebas indican con claridad que Leggett estaba investigando una noticia para su difusión al público.
El CPJ apoya plenamente el recurso amici curiae introducido ante el tribunal de apelaciones el 30 de julio por parte del Reporters Committee for Freedom of the Press (Comité de Reporteros para la Libertad de Expresión), la American Society of Newspaper Editors (Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos), la Radio-Television News Directors Association (Asociación de Directores de Noticieros de Radio y Televisión) y la Society of Professional Journalists (Sociedad de Periodistas Profesionales). El recurso pide que se revoque el fallo de desacato en contra de Leggett. Alegando que el efecto de este caso es «real e inmediato», el recurso afirma: «los periodistas razonables sentirán temor de que el empleo de órdenes similares permita que los fiscales y litigantes civiles utilicen a los periodistas como investigadores privados, y con ello limiten el libre flujo de la información al público».
La prolongada encarcelación de Leggett —ya lleva presa más de dos semanas— le envía un mensaje poco tranquilizador a los periodistas de Estados Unidos y el extranjero. Creemos que existen menos periodistas encarcelados en el mundo hoy en día debido al oprobio que acompaña a los gobiernos que utilizan la cárcel o que amenazan con penas de cárcel para suprimir reportajes críticos. Al detener a Vanessa Leggett, el gobierno estadounidense está en la práctica reduciendo el estigma asociado con el encarcelamiento de los periodistas. Esto envía precisamente la señal equivocada a los regímenes autoritarios, los cuales ahora pueden mostrar aún menos voluntad para dejar de utilizar el poder del estado con el fin de restringir la libertad de prensa.
El CPJ le insta a que haga todo lo que esté en sus manos para asegurar que Leggett sea puesta en libertad inmediatamente.
Sinceramente,
Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva