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DENTRO DE LA COMUNIDAD DE PERIODISTAS QUE HAN DOCUMENTADO las peores guerras de la última década, la noticia de mayo pasado fue devastadora. Dos de los corresponsales de guerra más dedicados del mundo, Kurt Schork de Reuters y Miguel Gil Moreno de Mora de The Associated Press, fueron asesinados en una emboscada tendida por fuerzas rebeldes en Sierra Leona, país donde la guerra civil ha cobrado la vida de 15 periodistas locales y corresponsales extranjeros desde 1997. La evocadora imagen de la portada de este ejemplar es de Gil Moreno, cuya cámara llevó a los televidentes al centro mismo de los sangrientos conflictos de finales del siglo XX. Gil Moreno y Schork figuraron entre los 24 periodistas asesinados por su trabajo en el 2000. El combate es el mayor riesgo del reportaje de guerra, pero los reporteros no tienen que estar en el frente para correr grandes riesgos al escribir sobre la guerra. Por ejemplo, cuando la guerra civil angolana, que ya dura 25 años, tuvo un nuevo brote a fines de 1998, el gobierno acusó de «poco patriotas» a los periodistas por informar que los hijos de los funcionarios gubernamentales estaban eludiendo el reclutamiento militar. El gobierno de Sri Lanka estuvo tan dispuesto a ocultar los avances de las tropas rebeldes en el 2000 que impuso la censura previa a todos los reportajes sobre la guerra. Los infractores podían ser sujetos al arresto o al cierre de sus publicaciones. En Rusia, las autoridades castigan con rapidez a los medios que publican entrevistas con líderes rebeldes chechenos, y hasta han presionado a los vecinos gobiernos de Ucrania y Azerbaiyán para que restrinjan la cobertura informativa de Chechenia en la prensa local. Cuando el CPJ se enfrenta a los gobiernos por estos abusos, en ocasiones se nos dice: «Estamos en guerra. Por supuesto que necesitamos la censura por razones de seguridad nacional». Esa noción no solo pertenece a regímenes autoritarios. Durante la Guerra del Golfo Pérsico y el conflicto de Kosovo, por ejemplo, los periodistas se enfurecieron ante los estrictos límites de acceso a la información impuestos por los gobiernos occidentales. Pero la guerra nunca debe ser una excusa para poner en riesgo los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa. De hecho, la sociedad necesita aun mayor información precisa en tiempos de guerra. Sin ella, la vida de los civiles corre peligro, y la opinión pública se forma a partir del rumor y la propaganda y no de los hechos. En el 2000, el gobierno ruso estuvo particularmente obsesionado con restringir la cobertura de prensa de la guerra de Chechenia. A casi todos los corresponsales se les obligó a viajar junto con guías militares rusos, quienes controlaron estrictamente lo que podían ver y conocer. Tal restricción no detuvo al corresponsal de Radio Free Europe/Radio Liberty Andrei Babitsky, quien eludió al ejército, viajó con rebeldes y mostró fotos devastadoras y noticias sobre las pérdidas rusas que el gobierno había tratado de ocultar. Pero cuando Babitsky regresó a Chechenia, desapareció en las manos de militares rusos, quienes falsamente alegaron que lo habían entregado a una facción rebelde chechena a cambio de prisioneros de guerra rusos. Solo tras una intensa campaña de presión internacional por parte de gobiernos occidentales y grupos pro libertad de prensa, entre ellos el CPJ, fue que Babitsky reapareció en febrero del 2000. En el año en que el CPJ cumple el vigésimo aniversario de su fundación, la organización continúa dedicándose a documentar y sacar a la luz este tipo de abusos. Sin importar que los ataques a los periodistas provengan de los gobiernos, la delincuencia organizada, los paramilitares o las fuerzas rebeldes, pensamos que la denuncia es el mejor antídoto contra la represión. A veces los periodistas no tienen más remedio que huir para salvar sus vidas. En años recientes, el CPJ ha ayudado a colegas a escapar de sitios peligrosos como Colombia y Sierra Leona. En otros lugares, trabajamos con periodistas independientes decididos, algunos de los cuales han soportado años de presión y castigos por dar a conocer las noticias. Bajo Slobodan Milosevic, la prensa independiente de Yugoslavia sufrió una década de violencia, encarcelamiento y cuantiosas multas impuestas bajo una absurda ley de prensa. La asistencia de emergencia del CPJ ayudó a algunos de ellos a sobrevivir en el exilio o en la clandestinidad. Durante los 90, el CPJ mantuvo su protesta a favor de los periodistas independientes yugoslavos. Luego de documentar docenas de abusos, denunciamos a Milosevic como uno de los Diez Peores Enemigos de la Prensa en el mundo en 1999 y 2000. Al final, los periodistas sobrevivieron a su opresor. La derrota de Milosevic en el 2000 abrió una nueva era para los medios yugoslavos. Otro de los Diez Peores Enemigos de la Prensa cayó en el 2000: el mandatario peruano Alberto Fujimori, quien luchó arduamente por aplastar a toda la oposición, inclusive los medios. Sin embargo, como en Yugoslavia, un grupo de periodistas independientes sobrevivió la era de Fujimori. Ahora pueden ayudar a Perú en la marcha hacia la democracia. En sus 20 años de vida, el CPJ ha pasado de ser un puñado de voluntarios a ser un equipo de 20 trabajadores que labora a jornada completa. Este equipo incluye a especialistas regionales que documentaron los más de 600 casos en este libro y que mantienen un estrecho contacto con una red mundial de periodistas independientes. A pesar de esta red, sabemos que existen abusos que aún no han sido denunciados. Trabajamos continuamente para mejorar nuestros contactos en regiones del interior de los países, donde los periodistas son incluso más vulnerables. Quizás el ejemplo más dramático de la vulnerabilidad de los periodistas del interior se dio en la parte norte de Tailandia en abril pasado cuando Amnat Khunyosying, un jefe de redacción conocido por sus francas opiniones, fue baleado en una tranquila calle del pueblo de Chiang Mai. Amnat sobrevivió, a pesar de tener una herida de bala casi mortal en el estómago. Y la policía local posteriormente arrestó a cuatro soldados del ejército tailandés por el atentado. Pero los fiscales locales se han demorado en presentar un caso sólido contra los soldados al igual que contra el político local que presuntamente planeó el ataque. Así que Amnat ha contratado a sus propios abogados para impulsar el proceso. El CPJ ha apoyado esta acción recaudando fondos de asistencia de emergencia para Amnat y siguiendo de cerca el juicio de sus presuntos asesinos. En una carta reciente, Amnat nos escribió: «Gracias a la ayuda de ustedes, tengo… el espíritu para luchar contra… todas las influencias oscuras, aunque mi vida continúa en peligro». Ann Cooper es la directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Antes de pasar a integrar el CPJ en 1998, fue corresponsal extranjera de National Public Radio durante nueve años, en los que llegó a desempeñarse de jefa de corresponsalía en Moscú y Johannesburgo. |
