Ataques a la Prensa en 2000: CHILE

Tras derrotar por escasa mayoría al candidato derechista Joaquín Lavín en la segunda vuelta electoral el 16 de enero, Ricardo Lagos asumió la presidencia el 11 de marzo como el primer presidente socialista desde el derrocamiento de Salvador Allende en el golpe militar de 1973 encabezado por el general Pinochet. Una semana antes de la toma de posesión de Lagos, Pinochet regresó a Chile procedente del Reino Unido, donde la Cámara de los Lores lo halló demasiado enfermo para ser extraditado a España, país en que debía ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. El 3 de marzo, el día del regreso de Pinochet a Chile, las autoridades militares le prohibieron a la prensa entrar en la pista donde debía aterrizar el avión del ex dictador. La orden fue revocada posteriormente.

El 8 de agosto, la Corte Suprema de Chile despojó a Pinochet de la inmunidad de la que gozaba por ser senador vitalicio, con lo que allanó el camino para que fuera enjuiciado en Chile por crímenes cometidos durante sus 17 años de dictadura. Otros militares también enfrentaban juicios.

En el 2000, muchos medios de prensa chilenos expandieron su cobertura política y los periodistas fueron relativamente libres de investigar los abusos cometidos por Pinochet y sus colegas generales, a medida que el tema suscitaba el interés mundial. Como en muchos otros países, sin embargo, los dueños de los medios daban a los periodistas menos flexibilidad en casos en que estaban en juego sus intereses. En julio, Bernardita del Solar Vera, directora del semanario Qué Pasa, fue despedida luego de publicar un exhaustivo reportaje sobre la élite empresarial de Chile que mencionaba a Álvaro Saieh, presidente de la compañía COPESA, propietaria de Qué Pasa.

El mundo periodístico chileno recibió un gran impulso con el lanzamiento del sitio de Internet El Mostrador (www.elmostrador.cl), que no está vinculado a COPESA ni a la otra gran compañía de medios del país, El Mercurio. El año pasado este sitio de Internet batió reiteradamente a los demás diarios tradicionales a la hora de conseguir primicias. Entretanto, un diario humorístico llamado The Clinic, en alusión a la clínica londinense donde Pinochet fue operado de la espalda antes de ser arrestado, lanzó un reto al status quo con sus irreverentes comentarios sobre la vida política y las costumbres sociales de Chile.

Los periodistas cubrieron con entusiasmo la investigación policial en torno a la misteriosa desaparición en noviembre de 1999 del estudiante de Ingeniería Forestal Jorge Matute Johns en la ciudad de Concepción. En un gesto inusualmente osado, un diario local afirmó que una poderosa fuerza policial militarizada conocida como los carabineros había sido responsable del secuestro. La jueza del caso, Flora Sepúlveda, inicialmente prohibió toda cobertura del proceso, pero tras protestas generalizadas levantó la prohibición en marzo, 12 días después de haber sido impuesta.

El 19 de diciembre, un juez de Santiago confirmó una orden de arresto contra la periodista investigativa Alejandra Matus y una prohibición contra su obra El libro negro de la justicia chilena, una demoledora denuncia del sistema judicial de Chile. El caso de Matus comenzó el 14 de abril de 1999, cuando un magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rafael Huerta, prohibió el citado libro, que había sido publicado el día anterior. La prohibición fue impuesta en respuesta a una demanda presentada por un magistrado de la Corte Suprema, Servando Jordán, de conformidad con el Artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado de 1958, según la cual es un delito contra el orden público insultar a un funcionario de alto rango. Luego de que el juez Huerta ordenó la confiscación de todos los ejemplares del libro, Matus huyó a Argentina para evitar ser arrestada. El presidente y director ejecutivo de la editorial a cargo del libro, Planeta, fue detenido brevemente en junio de 1999 en relación con el caso.

El 1 de noviembre de 1999, Estados Unidos concedió asilo político a Matus. El 2 de octubre del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., accedió a escuchar el caso. Matus dijo al CPJ que como parte de un arreglo extrajudicial, ella propuso que el gobierno revocara las leyes que penalizan lo que se considere como un insulto y que permiten la censura previa. El gobierno no había respondido para fines de año.

El 15 de febrero, en un aparente conflicto de intereses y apoyándose en el Artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, la Corte Suprema halló culpable al periodista José Ale de insultar al magistrado de ese tribunal Jordán. En un artículo para el diario de Santiago La Tercera publicado en 1998, Ale había escrito, refiriéndose a Jordan, que «sus más ácidos críticos lo responsabilizan por haber llevado la imagen del Poder Judicial a su más bajo nivel en decenas de años». Dos semanas antes de que Ale fuera hallado culpable y le fuera impuesta una sentencia condicional de 18 meses de cárcel, la jueza que redactó la decisión, Vivian Bullemore, lo calificó en público como «injuriador profesional». Ale fue luego indultado por el presidente Lagos.

A fines de año, Paula Afani, otra periodista de La Tercera, aguardaba una decisión judicial a raíz de acusaciones de violar la Ley sobre Abusos de Publicidad de 1967 y la Ley de Drogas de 1995 por un artículo publicado en 1999 sobre una investigación gubernamental del narcotráfico y el lavado de dinero. El Consejo de Defensa del Estado, el organismo a cargo de defender los intereses judiciales del Estado, había pedido que se impusiera a la periodista una pena de cinco años de cárcel.

Estos casos demuestran claramente la necesidad de fortalecer los recursos judiciales para defender a la libertad de prensa en Chile. La Cámara de Diputados rechazó un proyecto de reforma de la ley de prensa propuesto por una comisión mixta del Congreso. El presidente Lagos posteriormente envió al Congreso una versión modificada del proyecto, el que no había sido sometido a votación a la publicación de este libro.