Ataques a la Prensa en 2000: RESUMEN: LAS AMÉRICAS Por Marylene Smeets

El CPJ apodó al régimen de Fujimori «la infotadura» debido a que se basaba más en la vigilancia de opositores y la manipulación de la prensa que en actos de abierta represión física. De hecho, Fujimori tenía razones para temer a la prensa. El 14 de septiembre, un canal independiente de televisión por cable transmitió un video que al parecer mostraba al asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, sobornando a un ex legislador opositor que recientemente se había pasado a las filas de la coalición de Fujimori. Montesinos huyó de Perú poco después de la difusión del video, y Fujimori renunció en el descrédito total. Con nuevas elecciones pendientes, el gobierno interino se apresuró a purgar a las fuerzas armadas y al sistema judicial de adeptos de Fujimori.

Mientras desaparecía la infotadura peruana, una nueva amenaza surgía en un país vecino. El populista presidente venezolano Hugo Chávez Frías practica una versión moderna de lo que Alexis de Tocqueville llamaba la tiranía de la mayoría, concentrando el poder en sus manos mediante referéndums. Aunque Chávez no ha reprimido a la prensa, ha utilizado sus alocuciones nacionales de radio y televisión para denunciar a la prensa y atacar a periodistas específicos. Algunos partidarios de Chávez, alentados por tales comentarios, han agredido a periodistas– sólo verbalmente en la mayoría de los casos, pero a veces también físicamente. (Ver informe especial sobre Venezuela.)

En Cuba, mientras tanto, el control estatal sobre los medios de difusión está consagrado en la Constitución. En el 2000, el gobierno del presidente Fidel Castro Ruz continuó haciéndoles la vida imposible a los periodistas independientes. Aunque el periodista Jesús Joel Díaz Hernández, ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ, fue sorpresivamente excarcelado a comienzos del 2001, dos de sus colegas seguían en prisión en las más degradantes condiciones.

En Cuba, un Estado todopoderoso restringe a la prensa. En Colombia, un Estado cada vez más débil se ve impotente para impedir que los enemigos de la libertad de prensa empleen la violencia con el fin de suprimir cualquier información crítica. Tres periodistas colombianos fueron asesinados por su trabajo en el 2000, y decenas más fueron amenazados, secuestrados y obligados a marchar al exilio. La violencia también sigue siendo motivo de preocupación en el interior de Brasil, donde varios periodistas fueron atacados por políticos o terratenientes molestos con el trabajo de ellos. El periodista radial Zezinho Cazuza, por ejemplo, fue asesinado al parecer por órdenes de un alcalde local a quien había acusado de corrupción.

En Bolivia, varios periodistas fueron amenazados durante un estado de emergencia que duró casi dos semanas. En el tercer intento de golpe de estado en Paraguay desde 1996, soldados rebeldes obligaron a una radioemisora a transmitir una declaración. En el período que siguió a la intentona golpista, las autoridades arrestaron arbitrariamente a varios periodistas y desmantelaron los equipos de transmisión de una radioemisora.

En países que aún se recuperan de sangrientas guerras civiles, el pasado resurgió de maneras sutiles. En Guatemala, una prensa que comenzaba a cobrar confianza enfrentó amenazas e intentos de intimidación por investigar una secreta agencia de inteligencia militar y otros temas delicados. En El Salvador, algunos propietarios de tendencia conservadora restringieron la labor de periodistas que trabajaban en sus medios, después de que el partido derechista ARENA perdió terreno ante el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un partido de exguerrilleros izquierdistas, en elecciones municipales y nacionales.

Se celebraron elecciones en los dos países que comparten la isla de La Española. La reputación de la pujante prensa dominicana se vio empañada por acusaciones de favoritismo político. En Haití, durante el período previo a las elecciones parlamentarias de mayo, fue asesinado a balazos Jean Léopold Dominique, el periodista más destacado del país. Dos radioemisoras haitianas cerraron sus puertas temporalmente cuando junto con otros medios de comunicación fueron amenazados después de las elecciones presidenciales de noviembre. Al mismo tiempo, la intensa cobertura de las elecciones por parte de los periodistas haitianos ayudó a refutar las aseveraciones del gobierno de que el 60 por ciento de la población había acudido a las urnas.

La prensa mexicana también desempeñó un papel importante en garantizar la transparencia de las cruciales elecciones del 2 de julio, en las que perdió inesperadamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaba 71 años en el poder. El auge del Partido Acción Nacional llevará a una realineación masiva de los medios, que históricamente han tenido un sesgo a favor del PRI.

A lo largo del año pasado, el CPJ dedicó considerable atención a su campaña a favor de la eliminación de las leyes que penalizan la difamación en la región, lanzada en 1998. Del 7 al 9 de junio en Buenos Aires, el CPJ organizó una conferencia de periodistas, abogados y académicos, junto con la organización local Asociación Periodistas, para trazar planes con vistas a la reforma de las leyes penales contra la difamación en Latinoamérica. Mediante la Declaración de Buenos Aires, los participantes en la conferencia reafirmaron su convicción de que un periodista nunca debe ser encarcelado por lo que escribe.

Cuando la conferencia tuvo lugar, Argentina estaba a punto de ser el primer país latinoamericano en eliminar las sanciones penales en casos de difamación que involucren a funcionarios públicos. Lamentablemente, la propuesta de proyecto de ley fue engavetada cuando la prensa argentina reveló un escándalo de sobornos en el que estaban implicados varios de los senadores que habían prometido apoyar la iniciativa.

En Panamá los legisladores también dieron marcha atrás en relación con los avances alcanzados en 1999, cuando fueron abolidas algunas de las leyes mordaza de más triste fama. Una propuesta para eliminar las llamadas leyes de desacato, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado violatorias del derecho internacional, fue rechazada. En otra medida igualmente preocupante, el parlamento aprobó un abarcador código de procedimiento administrativo que para todos los efectos eliminó el concepto del derecho del público a tener acceso a la información oficial, aunque la cláusula más restrictiva fue modificada posteriormente tras intensas protestas.

Marylene Smeets es la coordinadora del programa de las Américas del CPJ. Sauro González Rodríguez es el investigador del programa de las Américas del CPJ, y realizó una labor exhaustiva de investigación y redacción para esta sección. Paloma Dallas, Trenton Daniel y Karl Penhaul también contribuyeron.

La Robert R. McCormick Tribune Foundation proporcionó un importante apoyo a la labor del CPJ en las Américas en el 2000. Una subvención por dos años de la Tinker Foundation apoya la campaña del CPJ en favor de la despenalización de la difamación en las Américas. Christopher Bell y Michael Cronin ayudaron a organizar la conferencia sobre la difamación criminal. El Freedom Forum financió la misión que el CPJ envió a Venezuela en el 2000.