El Salvador: seguridad empieza con solidaridad

Por Frank Smyth

Casi 25 años atrás, mientras se desmoronaba el muro de Berlín en Europa, las guerrillas de izquierda en El Salvador lanzaban la ofensiva militar más importante en la guerra civil. Los rebeldes le arrebataron el control sobre algunos sectores de la capital y otras ciudades a un tambaleante ejército salvadoreño respaldado por Estados Unidos. Luego de cuatro días, el comando superior del ejército decidió responder a los ataques del modo que mejor conocía: asesinando a críticos desarmados a los cuales había acusado de simpatizar con los rebeldes.

La masacre empezó con sacerdotes jesuitas que dirigían la Universidad Centroamericana, la mayor casa de estudios privada del país, que publicaban y editaban un boletín informativo semanal y una publicación mensual leída con mucha atención por estrategas políticos internacionales. Los sacerdotes –Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes–también publicaron la traducción de diversos artículos publicados en el exterior, varios de mi autoría. Aunque en esa época no pensaba en ellos necesariamente como colegas, su rol periodístico era manifiesto. Los jesuitas explicaban los acontecimientos de una manera que pocos en la prensa de ese país se atrevían luego de la cadena de asesinatos de la que habían sido víctima periodistas y otros críticos del gobierno.

“Cuando los jesuitas fueron asesinados, su relación con las noticias y con su distribución tuvo mucho que ver en que se convirtieran en blanco de los ataques,” comentó Anne Nelson, que era en ese entonces directora ejecutiva del CPJ. El CPJ documentó las muertes de los sacerdotes y los denominó periodistas en la edición de 1989 de este mismo informe. De hecho, la organización concluyó que el ejercicio del periodismo -ni la posición o el título o la publicación- es lo que hace que una persona sea un periodista. Actualmente los nombres de los sacerdotes están grabados sobre placas de vidrio en el sector dedicado a la memoria de periodistas del Newseum en Washington.

Los asesinatos de los tres sacerdotes en 1989 -muertos junto a otros tres jesuitas, el ama de llaves y su hija- se registraron en un momento crucial para la prensa de El Salvador. Otros tres periodistas fueron asesinados a principios de ese año, marcando años de brutal violencia contra el periodismo local. Se volvió manifiesto que sería fundamental movilizar a la prensa en un frente unido para poder mantener a los periodistas con vida.

 

Por su misma índole, el periodismo de primera línea no estará seguro jamás. Los reporteros responden al conflicto, los fotógrafos se encaminan al peligro. Pero el riesgo puede complicarse por las divisiones dentro de la prensa. En todos los países, existen diversos elementos que pueden dividir a los periodistas: las opiniones políticas, la etnia, la religión y las rivalidades profesionales por sólo nombrar algunas. Los periodistas que trabajan en nuevos formatos son, a veces, rechazados por los que trabajan en medios tradicionales. Algo tan básico como la división geográfica entre periodistas urbanos y rurales puede interponerse en el camino a la solidaridad profesional.

Pero tal como han podido comprobar periodistas de El Salvador y de otros países peligrosos como Colombia, la solidaridad profesional es fundamental para poner freno a las represalias. Defender a un único periodista que está bajo ataque, sin importar la posición u opinión individual, termina por proteger la práctica del periodismo para todos. En la actualidad, la solidaridad profesional se está poniendo a prueba con resultados mixtos en países como Turquía, Honduras, Mali y Brasil.

Aunque Turquía ha elevado su perfil internacional de Turquía, aún enfrenta serios desafíos de una antigua insurgencia kurda, profundas divisiones políticas internas y una guerra civil en Siria, a las puertas del país. Gobiernos sucesivos, más recientemente la administración del Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan, ostentan un largo historial en el enjuiciamiento y encarcelamiento de periodistas.

Históricamente, los periodistas kurdos se llevaron la peor parte en estos procesamientos, habitualmente acusados de ayudar a organizaciones terroristas por cubrir las opiniones y actividades del proscripto Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK. En 2004, periodistas kurdos de orientación izquierdista formaron la Plataforma en Solidaridad con Periodistas Arrestados, en protesta por el encarcelamiento de periodistas sólo por entrevistar a combatientes rebeldes. Otros grupos de prensa turcos, según afirmaba la Plataforma, “no defendían a estos periodistas en absoluto y ni siquiera los reconocían como periodistas”.

Las autoridades expandieron sus tácticas represivas en los últimos años: decenas de periodistas no kurdos fueron enviados a la cárcel acusados de haber participado en complots antigubernamentales o de ser miembros de movimientos políticos proscriptos. Miles de otros procesamientos penales se iniciaron contra escritores y editores acusados de “denigrar la identidad turca” al presentar opiniones impopulares o interferir en procedimientos de agentes del orden público por informar sobre investigaciones del gobierno de modo demasiado crítico. En una aparición en televisión en 2012, Erdoğan pronunció un “mensaje para todos los medios” en el cual instaba a que dejaran de informar sobre el conflicto kurdo. Toda cobertura informativa sobre las actividades del PKK, afirmó, equivalía a propaganda política.

Pocos medios turcos o periodistas reconocidos desafiaron los esfuerzos del gobierno por suprimir información sobre el conflicto kurdo o hablaron públicamente en nombre de sus colegas kurdos encarcelados. “Los medios turcos dominantes estuvieron contaminados por el discurso de la guerra y se ven fácilmente tentados a ser parte de la élite gobernante”, comentó Ece Temelkuran, reconocido periodista y autor turco. La displicente respuesta a la dura represión contra los periodistas kurdos dejó, en definitiva, a toda la prensa en una posición vulnerable.

El gobierno de Erdoğan aprovecha las arraigadas divisiones étnicas y políticas entre periodistas para aislar a sus críticos en la prensa. Luego presiona a los dueños de medios sensibilizados políticamente -la mayoría de ellos son organismos corporativos con diversas empresas- para que frenen o despidan a sus críticos. “Los periodistas y autores de la prensa establecida no muestran más solidaridad con los periodistas y autores encarcelados porque le temen al gobierno”, relató al CPJ Necati Abay, fundador y vocero de Plataforma en Solidaridad con los Periodistas Arrestados. “El temor a perder tu trabajo reduce la solidaridad”.

 

Un sorprendente número de periodistas fue asesinado en Honduras desde el golpe de estado respaldado por el ejército en 2009 que depuso al Presidente Manuel Zelaya. Catorce reporteros y editores fueron asesinados, al menos tres en directa relación con su labor informativa.

Los periodistas hondureños redoblaron su apuesta en mayo de 2012 cuando miles marcharon en Tegucigalpa y en otras cuatro ciudades para protestar por las muertes, de las cuales casi la mayoría se había cometido con impunidad. Una manifestante llevaba una cinta tapándole la boca con una inscripción escrita a mano, “Si Hablo, Muero”. La marcha fue organizada tras la muerte de un popular conductor radial, Ángel Alfredo Villatoro, cuyo cadáver fue hallado con dos heridas de bala en la cabeza luego de haber sido secuestrado. “Esto es un llamado de atención que queremos enviarle a las autoridades, principalmente a quienes manejan asuntos judiciales, para que sepan que deben garantizar nuestro derecho a ejercer nuestra profesión sin temor, asesinatos o amenazas”, indicó Yessenia Torres a quienes marcharon.

Aunque el Colegio de Periodistas de Honduras, uno de los grupos profesionales del país, había coauspiciado la marcha, no hizo sino ignorar la serie de asesinatos de periodistas que se habían perpetrado anteriormente. “Hablan de libertad de prensa, pero no actúan cuando hay periodistas atacados”, afirmó Héctor Becerra, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión o C-Libre. Becerra y otros formaron el C-Libre en 2001 tras concluir que los grupos de periodismo más grandes del país actuaban sólo en casos que involucraban a sus propios miembros. El Colegio de Periodistas de Honduras no devolvió llamadas, mensajes por correo electrónico y pedidos en redes sociales que solicitaban sus comentarios.

La prensa en Honduras, igual que el país, se polarizó desde el golpe de junio de 2009 que derrocó al izquierdista Zelaya. Muchos de los periodistas asesinados desde el golpe fueron percibidos como partidarios de Zelaya y muchos trabajaban para emisoras locales fuera de la capital. Estos periodistas, afirmó Becerra, habitualmente no pertenecen a ningún sindicato o grupo profesional que pueda hacer públicos los casos.

Periodistas en Mali enfrentan una prueba similar tras dos décadas de democracia que finalizaron abruptamente en marzo de 2012. Una insurgencia en el norte alimentada con armas provenientes del vecino país de Libia, combinada con un golpe militar encabezado por oficiales jóvenes y mercenarios, dividieron al país y pusieron en peligro a los periodistas desde todos los flancos. En la capital, Bamako, las autoridades militares detuvieron e interrogaron al menos a ocho periodistas tras el golpe de marzo, acusando a algunos de tener conexiones con los rebeldes. En el norte, donde los rebeldes de la etnia Tuareg se aliaron con militantes de la Jihad islámica, más de una decena de emisoras radiales fueron atacadas, los periodistas removidos de sus transmisiones y se impusieron severas medidas de censura.

Como en Honduras, los periodistas en Mali estaban inicialmente divididos con respecto al golpe, afirmó Manak Kone, presidente del Centro de Prensa de Mali. La organización, establecida en 1995, se había enfocado básicamente en servicios de capacitación e información hasta que una creciente cantidad de ataques contra la prensa la obligaron a adoptar un rol más proactivo en defensa de los reporteros. En julio de 2012, por ejemplo, ocho hombres enmascarados irrumpieron en las oficinas de L’ Indépendant luego de que el periódico publicara notas críticas del nuevo régimen militar, secuestrando al editor Saouti Labass Haïdara. El editor fue hallado al costado del camino cuatro horas después, con heridas en las manos y la cabeza. El Centro de Prensa de Mali ayudó a organizar una manifestación en respuesta y emitió una declaración dirigida al nuevo gobierno “para protestar contra la agresión, las intimidaciones, los secuestros y otro tipo de acoso experimentado por los periodistas de Mali”.

Los periodistas de la capital se hicieron oír menos, sin embargo, en relación con los ataques a sus colegas en el norte rural. Malick Aliou Maïga, conocido periodista de una radio local que también transmitía notas para la Voz de América, emisora financiada por el gobierno de Estados Unidos, fue golpeado en agosto por rebeldes musulmanes en el nordeste del país. La prensa en Bamako cubrió el ataque sólo después de que el mismo atrajera la atención internacional.

A pesar de la lenta respuesta, indicó Kone, la prensa de Bamako está tomando más conciencia sobre la difícil situación que atraviesan sus colegas del norte. Los reporteros que abandonaron las áreas rurales del norte están relatando sus experiencias a sus pares de la capital, afirmó. La solidaridad quizás esté marcando la diferencia ahora en Bamako. En octubre de 2012, el gobierno transicional del líder interino Dioncounda Traoré acordó reunirse con grupos de la sociedad civil, incluyendo al Centro de Prensa de Mali, para dialogar sobre los ataques contra los derechos humanos y la libertad de prensa.

 

Acontecimientos ocurridos en Brasil ilustran tanto los éxitos de la solidaridad profesional, como los desafíos que aún existen. Tras el secuestro y asesinato en 2002 del corresponsal de TV Globo en Rio de Janeiro Tim Lopes, los periodistas se unieron para formar la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación, o ABRAJI. La asociación puso en movimiento a los medios de comunicación en Brasil, creando una red para difundir la información sobre los ataques a la prensa y organizar esfuerzos para presionar por la impartición de justicia. La publicidad y presión han dado sus frutos: en al menos cinco asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos siete años se condenó a los autores materiales mientras que la justicia logró condenas contra los autores intelectuales en, por lo menos, dos casos.

Pero los crímenes de periodistas experimentaron una escalada en 2011 y 2012, con al menos seis muertes producidas en relación directa con la labor informativa de las víctimas. “La mayoría de los casos se produjo en zonas rurales, o en regiones en donde la corrupción en la justicia y en la policía es generalizada”, afirmó Marcelo Moreira, jefe de información de TV Globo y presidente de ABRAJI. Los ataques reciben poca atención en los medios nacionales, sostuvo, porque la prensa en Río de Janeiro y Sao Paulo habitualmente considera que los periodistas provinciales son corruptos o están sesgados políticamente. Esto, a su vez, dificulta mucho más la posibilidad de que ABRAJI y otros grupos presionen a la policía para que resuelva los crímenes, comentó Moreira.

Los periodistas colombianos enfrentan desafíos semejantes al querer proteger a sus colegas de las provincias, pero sus esfuerzos en general para promover la solidaridad profesional rindieron notables éxitos. Aunque el país sigue siendo un lugar peligroso para la prensa, el índice de muertes cayó de modo significativo en la última década. Doce periodistas cayeron en cumplimiento de su labor informativa desde 2003, según revela la investigación del CPJ, alrededor de un tercio del número que se había registrado en la década anterior.

El desarrollo de lo que en la actualidad es un movimiento vasto de defensa de la libertad de prensa en Colombia se produjo a lo largo de décadas que estuvieron marcadas por enormes dificultades. El movimiento se remonta a 1986, cuando narcotraficantes liderados por Pablo Escobar asesinaron a Guillermo Cano, editor del periódico El Espectador. Su asesinato -la séptima muerte vinculada al periodismo durante ese año-, puso en acción a toda la prensa. Emisoras de radio, TV y medios gráficos organizaron un inusual bloqueo informativo de 24 horas para protestar por el crimen. El Espectador se unió con medios rivales en un proyecto de colaboración para investigar y publicar notas sobre el narcotráfico y su devastador efecto en la sociedad. La colaboración demostró que la prensa colombiana no sería intimidada por criminales y haría esfuerzos aún mayores por exponer a los carteles.

Aun así, los ataques contra la prensa colombiana se apaciguaron sólo por un tiempo. Los asesinatos de periodistas comenzaron a incrementarse nuevamente a principios de los años ’90. Semejante a lo que ocurre actualmente en Honduras, las divisiones políticas que se percibían entre los periodistas colombianos -fuese que representaran a la derecha o facciones de izquierda- ayudaron a minar la solidaridad. Finalmente, en 1996, periodistas de todas las corrientes, desde el escritor Gabriel García Márquez hasta Francisco Santos Calderón, cuya familia era dueña del más grande matutino del país, El Tiempo, y que posteriormente se convirtiera en vicepresidente de la nación, se aunaron para formar la Fundación para la Libertad de Prensa en Bogotá. El grupo, conocido como FLIP, creó una red de corresponsales voluntarios a nivel nacional para documentar los ataques contra la prensa, publicó un manual de seguridad para periodistas y presionó al gobierno para que ofreciera ayuda directa a los periodistas amenazados. Los medios iniciaron investigaciones en colaboración y acordaron pautas generales sobre cómo informar sobre casos de violencia sin glorificarla.

“La solidaridad fue evidente para temas grandes y también pequeños”, afirmó Ignacio Gómez, galardonado con la Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ y ex periodista de investigación de El Espectador que también ayudara a fundar la FLIP. Gómez sostuvo que la FLIP goza de amplio apoyo porque no solamente denuncia ataques violentos, sino también interviene en asuntos menores tales como procesos penales por difamación.

 

La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera de El Salvador se inició en la década del 80 con una broma irónica: sus fundadores eligieron la sigla, SPCA, la misma usada por la Sociedad para la Prevención de Crueldad a Animales.

Aunque la prensa en ese momento parecía estar tan polarizada como el país, la SPCA terminó convirtiéndose en la primera línea de defensa cada vez que un periodista era blanco de un ataque. Los ataques tuvieron su culminación durante un período de 14 horas en la víspera de las elecciones presidenciales en marzo de 1989. Sin ser provocadas, tropas del gobierno en ciudades separadas dispararon y mataron a dos periodistas salvadoreños, uno que trabajaba para Reuters y el otro para el Canal 12 de la televisión local. Durante ese mismo período, un helicóptero del gobierno le disparó a una caravana de periodistas que, a toda prisa, trasladaba a un camarógrafo holandés herido al hospital, obligando a los reporteros a ponerse bajo cubierto mientras el camarógrafo moría desangrado.

Los periodistas respondieron de manera unánime. En una conferencia de prensa ese mismo día, un reportero salvadoreño puso en aprietos a los comandantes del ejército: ¿Acaso los soldados que abrieron fuego contra los periodistas habían recibido indicaciones de oficiales superiores que abiertamente menosprecian a la prensa? El CPJ envió una delegación para investigar, que se reunió con los comandantes militares. Fui electo para liderar el SPCA con la promesa de tener una posición dura con el ejército salvadoreño. Aunque el país siguió siendo durante algún tiempo un lugar peligroso para periodistas, los soldados salvadoreños mostraron una actitud más controlada y los ataques contra la prensa disminuyeron.

Regresé a El Salvador hace poco tiempo, en 2012. El espectro de opiniones en la prensa no podía ser más amplio. Un exguerrillero izquierdista a quien conocí durante la guerra es ahora columnista para un periódico de derecha. Emisoras estatales producen noticias de calidad en lugar de la propaganda política gubernamental difundida durante la guerra. El hijo de un líder guerrillero muerto dirige un medio de noticias digital llamado ContraPunto. La universidad jesuita enseña periodismo y comunicaciones.

Pero la solidaridad es una cuestión aún endeble. Cuando el diario digital salvadoreño El Faro publicó varias notas sobre temas sensibles en 2012, un alto funcionario gubernamental reconoció que sus reporteros corrían riesgo de ataques provenientes de bandas criminales, pero inicialmente rehusó brindar cualquier tipo de protección. Pocos en la prensa salvadoreña salieron a la defensa de El Faro. Meses después, cuando El Faro organizó una conferencia internacional para discutir la violencia de las pandillas y la libertad de prensa, se les pidió a pocos periodistas salvadoreños de otros medios que participaran. “Nos invitaron para que informáramos”, reveló un reportero, “pero no para participar”.

El uso de archivos encriptados y dispositivos de contravigilancia, son generalmente mencionados cuando se piensa en seguridad para periodistas. Dichas prácticas son importantes, pero la seguridad es, en realidad, un modo de encarar el trabajo. Y alentar la solidaridad profesional es crucial para dicho enfoque. Los periodistas salvadoreños del pasado pagaron un precio terrible. Los talentosos reporteros de hoy no tuvieron que atravesar pruebas tan duras, pero les vendría bien mostrarse proactivos y tener una voz unánime en relación con los problemas que ponen a todos en peligro.

En San Salvador, un monumento en homenaje a los jesuitas asesinados es una forma de recordar qué es lo que está en juego. Los visitantes al Centro Monseñor Romero y al Museo de los Mártires pueden ver la ropa que vestían los sacerdotes cuando cayeron alcanzados por balas de fusiles automáticos. La muestra también incluye un conjunto de contenedores de color claro. Están llenos con hojas de pasto oscurecidas, cortadas del césped del campus universitario donde los tres jesuitas vieron su sangre derramada.

 

Frank Smyth es asesor senior del CPJ en seguridad para periodistas y el principal autor del Manual para Seguridad de Periodistas del CPJ, publicado en abril de 2012. Smyth ha informado sobre conflictos armados, crimen organizado y derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Colombia, Ruanda, Eritrea, Etiopía, Sudán, e Irak. Smyth es también fundador y director ejecutivo de Global Journalist Security, una firma que brinda servicios de capacitación y consultoría.