Nueva York, 1 de diciembre de 1999 – En lo que constituye un avance significativo a favor de la libertad de prensa en Panamá, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que deroga algunas de las estipulaciones más onerosas de las “leyes mordaza” del país.
El nuevo proyecto, que se aprobó anoche con el sí de 70 de los 71 miembros de la Asamblea Legislativa, deroga en parte la Ley 11, que permitía al Ministerio de Gobierno y Justicia imponer censura previa y severas multas, incluída la clausura de medios. El nuevo proyecto también deroga la Ley 68, que establecía la Junta Técnica de Periodismo con poderes de decidir quién puede practicar el periodismo.
Una delegación del CPJ se reunió con la Presidente Mireya Moscoso el 8 de septiembre para instarle a que derogara las leyes mordaza, lo cual se comprometió a hacer durante su administración. Se espera que firme el proyecto de ley en el transcurso de esta semana.
Las leyes mordaza de Panamá consisten en una gama de artículos, leyes y decretos — muchos promulgados bajo gobiernos militares — que permiten la censura previa y penalizan la crítica de funcionarios públicos. Un decreto que sigue vigente autoriza la Junta Nacional de Censura de restringir cualquier material considerado obsceno, inmoral o ofensivo de “los principios básicos de la moral cristiana”. Bajo estas leyes han sido objeto de persecuciones docenas de periodistas.
Bajo el nuevo proyecto, el Ministerio de Gobernación y Justicia debe presentar, dentro de 180 días, un proyecto de ley sobre la libertad de expresión en Panamá. CPJ espera que este proyecto abolirá todas las leyes mordaza que aún están en los libros, y que calibrará las garantías legales de la libertad de prensa conforme los criterios internacionalmente aceptados.
“Aplaudimos la derogación de estas leyes mordaza, por constituir un avance de mucha sustancia para la libertad de prensa en Panamá”, declaró la Directora Ejecutiva de CPJ, Ann K. Cooper. “En este momento en que Panamá se prepara para ejercer plena soberanía sobre su territorio con la devolución del Canal de Panamá, es alentador ver al gobierno aceptar que la prensa libre es un componente vital de cualquier democracia”.