La mordaza de Fidel Por Sauro González Rodríguez |
Entre finales de marzo y principios de abril del 2003, el gobierno cubano arrestó, procesó sumariamente y condenó a penas de entre 14 y 27 años de prisión a un total de 28 periodistas independientes. El gobierno parece estar asustado y con razón: los disidentes y periodistas independientes le han arrebatado espacios y se han consolidado como interlocutores representativos de amplios sectores del pueblo cubano.
Los arrestos comenzaron el pasado 18 de marzo y fueron anunciados en el noticiero vespertino de la televisión estatal, algo inusual y que no auguraba nada bueno. Al día siguiente, el gobierno cubano publicó una nota oficial en el órgano del Partido Comunista Cubano, el diario Granma, en la que advirtió: «no quepa la menor duda de que la Revolución aplicará con el rigor que sea necesario, y en la medida en que las circunstancias lo demanden, las leyes creadas para defenderse de nuevas y viejas tácticas y estrategias contra Cuba».
Las detenciones de periodistas y disidentes, a quienes el gobierno cubano acostumbra a acusar de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de los Estados Unidos, se prolongaron por tres días. Agentes de la policía allanaron y registraron los hogares de los periodistas, y les incautaron libros, máquinas de escribir, cuadernos de apuntes y materiales de archivo, cámaras, computadoras, impresoras y aparatos de fax. A varios periodistas les incautaron artículos y objetos tan inofensivos como libros de poesía, retratos familiares y medicinas.
En la casa del periodista Ricardo González Alfonso, quien también dirige la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, la policía confiscó el fax, una impresora y una computadora portátil que habían sido utilizados para publicar la recién lanzada revista bimensual de la organización, De Cuba.
Los periodistas fueron trasladados a las distintas sedes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) _la policía política_ en el territorio nacional. Pocos días después, a principios de abril, la Fiscalía solicitó cadena perpetua para tres periodistas y sanciones de privación de libertad de entre 15 y 30 años para el resto.
Los juicios sumarios de los periodistas se celebraron el 3 y el 4 de abril a puerta cerrada y quedaron conclusos para sentencia. Según un comunicado difundido por conocidos disidentes, en varios de los procesos los abogados de la defensa no tuvieron acceso a los defendidos o sólo tuvieron unas horas para preparar los casos.
Este lunes 7 de abril, tribunales a lo largo de toda la isla dictaron penas de cárcel de entre 14 y 27 años para los periodistas. González Alfonso y el destacado periodista y poeta Raúl Rivero fueron sentenciados a 20 años de cárcel. En las conclusiones provisionales del fiscal del caso, documento que fue proporcionado al Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ), se acusaba a los dos periodistas de, entre otras cosas, crear la organización Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling y su «subversiva» revista, De Cuba. Una ojeada al documento demuestra que los periodistas no hacían más que ejercer el derecho, consagrado en numerosos instrumentos internacionales, a la libertad de expresión y pensamiento.
Ambos periodistas fueron procesados de conformidad con el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». ¿Los testigos sorpresa de la Fiscalía? Dos oficiales de la Seguridad del Estado que durante muchos años estuvieron infiltrados en las filas del periodismo independiente, Manuel David Orrio y Néstor Baguer.
Además de ser encausados conforme al Artículo 91, a otros periodistas se les enjuició por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa «acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social».
El periodismo independiente cubano _una veintena de agencias que agrupan a alrededor de 100 periodistas_, surgió a principios de la década de los 90 con la fundación de varias agencias de noticias. Con nombres como Cuba Press, Habana Press, Decoro y otros, las agencias se constituyeron en fuentes de información que desafían el monopolio gubernamental sobre la producción, circulación y emisión de información.
El CPJ, junto a otras organizaciones internacionales, por años ha denunciado los métodos empleados por las autoridades para aplastar el periodismo independiente: hostigamiento e intimidación; penas de cárcel y amenazas de enjuiciamiento; arrestos y detenciones; y restricciones al libre movimiento, entre otros.
En estos momentos, los periodistas continúan presos en celdas del Departamento de Seguridad del Estado. Ellos merecen el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional.
—
Investigador del programa de las Américas, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)