Ciudad de Guatemala, 14 de octubre de 2022 — Las autoridades nicaragüenses deben retirar de inmediato todos los cargos penales presentados contra cuatro trabajadores del diario independiente La Prensa, liberar a los dos conductores encarcelados, y poner fin a los actos de hostigamiento contra ese medio de prensa, declaró este viernes el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 29 de septiembre, la Fiscalía acusó a cuatro trabajadores de La Prensa del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, según un artículo del diario y las declaraciones de su editor jefe, Eduardo Enríquez, quien conversó con el CPJ por vía telefónica.
Los trabajadores que han sido acusados son dos conductores, quienes fueron arrestados por las autoridades nicaragüenses luego de allanar sus domicilios el 6 de julio, así como una reportera y una trabajadora del área administrativa, quienes aún no han sido arrestadas, Enríquez declaró al CPJ. Agentes policiales arrestaron a los dos conductores poco después de que un equipo de La Prensa dio cobertura a la expulsión de Nicaragua de un grupo de monjas afiliadas a una organización benéfica que fue cerrada por el Gobierno. Enríquez señaló que el diario había decidido no revelar la identidad de los cuatro trabajadores por motivos de seguridad.
“El Gobierno nicaragüense quiere hacer que sea peligroso trabajar en un periódico en cualquier función”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos penales contra los trabajadores de La Prensa, liberar a los conductores presos, y permitir que los miembros de los medios de comunicación trabajen libremente”.
Si los trabajadores son condenados, podrían recibir una pena de 15 años de prisión, según el Código Penal de Nicaragua.
Uno de los trabajadores de La Prensa, quien solicitó guardar el anonimato por motivos de seguridad, declaró al CPJ en entrevista telefónica: “Yo siento que tengo la guillotina en mi cuello”.
Enríquez calificó de “absurdos” los cargos y declaró al CPJ que funcionarios judiciales les habían prohibido a los conductores contratar abogados defensores privados, y por el contrario los habían obligado a aceptar un defensor público asignado por el Gobierno.
“Esto no se puede calificar más que como una acción absurda; estamos hablando de personas que realizan un trabajo logístico”, aseguró en alusión a los cargos.
“Más allá de que no hay libertad de expresión, no hay libertad para trabajar”, añadió.
Según The Associated Press, el 21 de julio La Prensa anunció que el personal del periódico, entre ellos reporteros, editores y fotógrafos, se había ido al exilio debido a la persecución de que era objeto ese medio de prensa.
El CPJ llamó a la Fiscalía y le envió un correo electrónico para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
El CPJ ha documentado la campaña del Gobierno nicaragüense contra la prensa nicaragüense y sus acciones contra La Prensa y sus personal, como la condena en marzo del gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, por el delito de lavado de dinero; el allanamiento policial y la ocupación de su redacción en 2021, y la confiscación de la tinta y el papel periódico del medio en 2019.