Ciudad de México, 25 de enero de 2022 – Las autoridades mexicanas deben investigar inmediata y exhaustivamente la muerte de la periodista Lourdes Maldonado López, esclarecer si la periodista fue atacada en represalia directa por su trabajo y enjuiciar a los responsables. Maldonado, veterana periodista de medios audiovisuales, fue asesinada a tiros la noche del 23 de enero en Tijuana, ciudad del norteño estado de Baja California que está situada en la frontera con Estados Unidos, según informaciones de prensa.
Con Maldonado, ya son dos los periodistas asesinados en Tijuana en menos de una semana y tres los periodistas mexicanos asesinados en lo que va de 2022. El 17 de enero, otro periodista de Tijuana, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, fue asesinado a tiros y, el 10 de enero, el cadáver del periodista José Luis Gamboa fue hallado en Veracruz.
“El asesinato de Lourdes Maldonado ha causado un terrible impacto, especialmente porque los periodistas mexicanos ni siquiera han tenido tiempo para procesar el asesinato del fotógrafo Margarito Martínez, ocurrido la semana pasada”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “La persistente brutalidad contra los periodistas mexicanos es una consecuencia directa de la falta de voluntad y la incapacidad de las autoridades para combatir la impunidad que alimenta estos asesinatos”.
En entrevista telefónica realizada el lunes, Hiram Sánchez, el fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California asignado al caso de Maldonado, declaró al CPJ que la periodista había sido atacada en su vivienda aproximadamente a las 7 p. m., hora local, en la colonia de Santa Fe, Tijuana, frente a la ciudad estadounidense de San Diego. Momentos antes, la periodista había regresado a casa y se encontraba en su auto cuando la atacaron.
Maldonado había sido atacada anteriormente por causa de su trabajo y estaba incorporada al programa de protección de periodistas del Gobierno mexicano, según versiones de prensa.
El fiscal Sánchez declaró al CPJ que hay pruebas de que, como mínimo, tres sujetos estuvieron involucrados en el ataque, y agregó que los investigadores buscan imágenes de cámaras de seguridad y analizan las pruebas balísticas para determinar el tipo de arma que se utilizó en el asesinato de la periodista. La semana pasada, la FGE halló pruebas de que el arma empleada en el asesinato de Margarito Martínez también se había utilizado en, como mínimo, otros cinco actos delictivos, pero Sánchez expresó que no se había encontrado ninguna prueba similar en el caso de asesinato de Maldonado.
Tijuana es una de las ciudades más violentas de México. De acuerdo con estadísticas federales hubo un mínimo de 1932 homicidios en esa ciudad en 2021, un promedio de más de cinco víctimas al día.
Sánchez declaró que todavía no se contaba con suficientes pruebas como para determinar ni el motivo ni la identidad de los sujetos que habían atacado a Maldonado. El fiscal agregó que su organismo seguía todas las líneas de investigación posibles, entre ellas la posibilidad de que el ataque estuviera vinculado con el trabajo periodístico de Maldonado.
María Guadalupe Lourdes Maldonado López era una veterana periodista de Tijuana, con amplia experiencia en medios audiovisuales. Se desempeñó como reportera y presentadora de los canales Televisa y Primer Sistema de Noticias (PSN), así como en la revista Séptimo Día, según informaciones de prensa y el testimonio del periodista Vicente Calderón, del medio digital Tijuana Press, quien conversó con el CPJ el lunes por vía telefónica. Según Calderón, Maldonado se dedicaba principalmente a la cobertura de noticias generales y la política local, y era conocida por su estilo periodístico intenso y en ocasiones conflictivo.
Recientemente, Maldonado había comenzado a presentar un programa de radio por Internet llamado Brebaje, en el cual también cubría la política local y noticias generales. En las últimas transmisiones del programa, la periodista había dado cobertura a una amplia gama de temas, entre ellos críticas a la creación de una revista por el Gobierno municipal de Tijuana, así como el asesinato de su colega Margarito Martínez.
El 26 de marzo de 2019, Maldonado viajó a Ciudad de México y participó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día la periodista le dijo al presidente que ella “temía por su vida”, pidió la protección de su Gobierno y mencionó una disputa laboral con su la empresa PSN, un medio informativo propiedad de Jaime Bonilla, acaudalado e influyente empresario que ese mismo año se había convertido en gobernador de Baja California. Maldonado reclamaba una indemnización a PSN, empresa que, según la periodista, la había despedido injustamente hacía casi un decenio.
El 19 de enero de 2022, un juez falló a favor de Maldonado. Según versiones noticiosas, la periodista debería recibir hasta 500.000 pesos (aproximadamente 25.000 dólares estadounidenses) como indemnización. Además, según las informaciones de prensa, PSN debería entregar documentos financieros e información sobre pagos a sus empleados al abogado de la periodista. El CPJ no logró comunicarse con el abogado de Maldonado.
El CPJ tampoco pudo obtener los datos de contacto ni de Bonilla ni de sus representantes legales, pero el exgobernador publicó un video en su cuenta de Twitter el lunes 24 de enero de 2022, en el cual negaba haber tenido una mala relación con Maldonado y haberla amenazado. Aunque Bonilla admitió la existencia de la disputa laboral, agregó que “nunca se elevó a lo personal”.
Según informaciones de prensa, Maldonado participaba en un programa de protección gestionado por el Gobierno estatal de Baja California, aunque se desconocía la fecha exacta de su inscripción en el programa. El fiscal Sánchez confirmó al CPJ que las autoridades le habían asignado algunas medidas de seguridad a Maldonado, entre ellas visitas periódicas de un auto patrullero a su vivienda en la colonia Santa Fe.
Por aplicación de mensajería, el CPJ se comunicó con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal que coordina programas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según datos del CPJ. En 2021, como mínimo tres periodistas mexicanos murieron asesinados en represalia directa por su labor periodística. El CPJ investiga si el asesinato de Martínez, el de Gamboa y otros seis homicidios de periodistas están vinculados con la labor que desempeñaban estos periodistas.