Los medios internacionales anunciaron la llegada del acceso Wi-Fi privado legal a Cuba en julio, pero un decreto publicado el mismo mes indica que los controles sobre el contenido se están expandiendo junto con el acceso, periodistas y blogueros locales declararon al CPJ.
Las fuentes noticiosas independientes ya son censuradas en general en Cuba, país que ocupó un lugar este mes en la relación del CPJ sobre los 10 países del mundo con los mayores niveles de censura, y aún no está claro el efecto que tendrá el decreto. En uno de los países menos conectados del mundo, apenas una pequeña fracción de sus 11 millones de habitantes posee una conexión en el hogar, según ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, la única en el país. La mayoría depende de la Internet móvil o de hotspots de Wi-Fi públicos, a precios que motivaron la campaña #BajenLosPreciosDeInternet en las redes sociales en junio. Las recientes medidas que rigen el acceso a la Internet autorizan que las personas extiendan las señales de Wi-Fi públicas a espacios privados —un truco que anteriormente era ilegal aunque mayormente tolerado—, sin desmantelar el monopolio estatal. Y los periodistas expresaron que el decreto acompañante podía erosionar más su posición en el panorama mediático, en el mejor de los casos al introducir costosos requisitos burocráticos, y en el peor de los casos al proporcionar un barniz de legitimidad para castigar el periodismo crítico.
El Artículo 68 del Decreto 370 prohíbe “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero” y difundir “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” a través de las redes públicas. El decreto, en vigor desde su publicación el 4 de julio, pretende establecer normas legales para la “informatización de la sociedad”, aunque el sitio noticioso independiente 14yMedio informó que el Gobierno estaba reforzando el “control sobre el contenido de las redes”. Las sanciones previstas contemplan el “decomiso de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones” y multas que pueden ascender hasta a varios cientos de dólares estadounidenses, sumas sustanciales en pesos cubanos.
El decreto provocó inmediatamente consternación entre la comunidad de medios digitales cubanos, según entrevistas realizadas por el CPJ. “¿Qué quieren decir con eso de ‘la moral’?”, dijo un bloguero cubano que dirige un sitio web hospedado en el extranjero. “¿La moral socialista? ¿La moral revolucionaria? Es una trampa”. El bloguero solicitó el anonimato al CPJ para proteger su seguridad.
Los periodistas entrevistados por el CPJ no lograron mencionar un sitio web de noticias o blog cubano independiente que no esté hospedado en el extranjero, donde de cierta manera están fuera del alcance de las autoridades comunistas. “Ninguno de los servidores de los medios independientes están en Cuba, porque sabemos cuán peligroso podría ser”, declaró Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota. “Por eso el principal efecto del Decreto 370 es éste: fuimos de no regulados a ilegales”.
“Hasta ahora, estábamos en una zona gris”, expresó al CPJ la bloguera Yoani Sánchez, de 14yMedio. “Todos los medios son teóricamente ‘propiedad social’ en las manos del Partido Comunista. No hay ninguna manera de tener un medio independiente registrado. Todo lo que hay aquí en Cuba son agencias de noticias extranjeras y los medios independientes hospedados en servidores extranjeros”.
Las autoridades cubanas bloquean el contenido crítico hospedado en el extranjero a intervalos irregulares y de manera circunstancial, sin notificar al sitio, según ha constatado el CPJ. La última ola de bloqueos data de febrero, y para inicios de septiembre, Tremenda Nota, 14yMedio y varios otros sitios web similares seguían inaccesibles. El 5 de julio, la revista digital ADN Cuba anunció que los lectores le habían informado que recién había sido bloqueada en la isla. El bloqueo coincidió con la publicación del Decreto 370, según la nota.
“Bloquear sitios web ha sido una táctica exitosa utilizada por el régimen de Castro para censurar contenido hospedado en servidores extranjeros”, señaló Rodríguez. “La mayoría de las personas que nos leen están en el extranjero. Ahora, desde que fuimos bloqueados, menos personas nos leen en Cuba. Los jóvenes utilizan una VPN, un proxy”, expresó refiriéndose a herramientas para burlar la censura como las redes privadas virtuales. “Pero las personas mayores que no habían podido acceder a la Internet antes, no saben cómo hacer eso”.
“Es una locura”, declaró al CPJ el bloguero que solicitó el anonimato, respecto a la obligación de hospedar los sitios web localmente. “¿Hay algo más absurdo que pensar cómo [el Decreto 370] afecta a un sitio que está bloqueado en Cuba?” Además, señaló, “el proceso de hospedar tu sitio en Cuba es complicado, burocrático”. En abril ETECSA anunció nuevos servicios de hospedaje de sitios web. “El sistema que ellos proponen es una odisea, con tecnología desactualizada y a precios muy altos”, precisó el bloguero.
Al día siguiente de la publicación del Decreto 370, el Ministerio de Comunicaciones declaró en Twitter que se aplicaba a “plataformas y aplicaciones nacionales de servicios que se ofrecen en Internet”, y añadió que “no se refiere a blogs, sitios personales o informativos”. Pero eso no aplacó las preocupaciones de muchos periodistas. “Es solo un tuit, no está en la ley. ¿Qué valor tiene eso?”, comentó Sánchez. “Además, ellos no nos reconocen como un sitio informativo, por eso no sabemos si estamos afectados o no. Nadie lo sabe. Ellos no han aclarado nada”.
El CPJ ha documentado cómo las autoridades han multado y hasta encarcelado a periodistas cubanos en represalia por su trabajo periodístico, y algunos periodistas expresaron que el Decreto 370 podía servir de instrumento legal para castigar a la prensa independiente. “Hay algunas regulaciones que, en teoría, protegen la libertad de expresión en Cuba, pero todas son ignoradas por las mismas autoridades que las promulgaron. Y hay muchas más que limitan o hasta prohíben la libertad de expresión. Cuando trabajas, estás caminando por el filo de una cuchilla, y sin necesidad de ninguna ley, ellos vienen por ti”, afirmó Rodríguez. “Ahora ellos tienen fundamento legal para justificar sus acciones, y comenzarán a imponer multas y a decomisar los equipos de los periodistas de la isla”.
“Ellos han comprendido que necesitan expandir el acceso a la Internet”, dijo el bloguero que solicitó el anonimato. “Pero necesitan controlarlo, por miedo a lo que pueda suceder”.